Constitucionalmente aún hay tiempo para que las cámaras del Congreso de la Unión aprueben una reforma electoral para las elecciones 2024. La Carta Magna establece que:
“Las leyes electorales federal y locales deberán promulgarse y publicarse por lo menos noventa días antes de que inicie el proceso electoral en que vayan a aplicarse, y durante el mismo no podrá haber modificaciones legales fundamentales.”
Y ese plazo fatal vence a finales de mayo de 2023. Porque conforme a la normatividad vigente, el proceso electoral federal debe iniciar en la primera semana de septiembre del año anterior al de la elección. Incluso, la legislación de mayoría de las entidades federativas es coincidente con los tiempos electivos federales.
Sin embargo, ya no habría tiempo suficiente para instrumentar una reforma constitucional electoral tan profunda como la planteada por el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, máxime si la aprobación de la misma se lleva al límite del plazo fatal.
Para instrumentarla, se necesitaría fuese aprobada por ambas cámaras a la brevedad posible para mandarla de inmediato al aval de los Congresos Locales. Y proceder, casi paralelamente, a confeccionar y aprobar las leyes secundarias, por parte del Congreso de la Unión y las Legislaturas estatales en el ámbito de su competencia.
La pretendida elección mediante voto popular de consejerías del Consejo General de un Instituto Nacional Electoral y Consultas (INEC) no se puede organizar de la noche a la mañana. Tampoco la compactación de la estructura del INE. A menos de que Morena lo tenga todo perfectamente calculado. Pero aún así, implica tiempo.
Quizá por lo mismo, el coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier Velazco, dijo que “si no se alcanza un acuerdo a más tardar el 23 de noviembre para iniciar el análisis de la reforma política-electoral, se dictaminará por mayoría, en comisiones, la propuesta del Ejecutivo Federal y se presentará al Pleno para que sea votada a finales de este mes.”
Imagínense, a estas alturas ni siquiera hay acuerdo para iniciar el análisis de la reforma.
Y lo más probable es que las bancadas no lleguen a ningún acuerdo. La presencia del PAN, del PRD y del PRI en la marcha en defensa del Instituto Nacional Electoral es señal de que estos partidos no van a transigir en transformar al INE en INEC en los términos de la iniciativa presidencial, ni en desaparecer a los Organismos Públicos Locales y Tribunales Estatales Electorales.
Quizá podría haber acuerdo si Morena accede a dejar intocados el INE y las autoridades electorales locales; o, al menos el procedimiento de elección de las consejerías. Cosa que se antoja difícil porque sería una derrota política para el partido guinda y su líder moral.
Ninguna de las partes muestra voluntad para avanzar en la reforma electoral planteada por AMLO, la cual afecta infinidad de intereses de los partidos políticos, de aspirantes a cargos de elección popular, de poderes fácticos, de personas que integran la estructura de las autoridades electorales y hasta de proveedores de éstas.
Cada quien cuida sus intereses. Tal vez la defensa del INE y de los avances democráticos sean el pretexto. Y viceversa, respecto de Morena.
En fin.
En la Cámara de Diputados, Morena podría maniobrar como lo hizo para sacar las reformas con relación a la Guardia Nacional, apretando al diputado y líder nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, para conseguir la mayoría calificada con los votos priistas. Pero “Alito” quedaría como apestado después de asistir a la marcha en defensa del INE.
Suponiendo que Morena consiga la mayoría calificada con los votos priistas en la Cámara Baja, tampoco cantaría victoria. Porque tiene enfrente el dique en la Cámara de Senadores, donde el propio líder de la bancada morenista, Ricardo Monreal Ávila, ha advertido en rechazar “regresiones”, tal vez como un amago por sentirse discriminado y “golpeado” por miembros de su mismo partido como aspirante a la sucesión presidencial.
Monreal ha conseguido el respaldo de 88 senadores, incluida más de una veintena de morenistas. Y quien sabe si quitándole el liderazgo de la bancada morenista y, por consiguiente, la presidencia de la Junta de Coordinación Política, el partido guinda consiga la mayoría calificada para avalar la reforma electoral que, en su caso, envíe la Cámara Baja.
Aunque el poder, es el poder. Y AMLO ha demostrado saber cómo ejercerlo para doblegar opositores.
En fin. A ver en qué termina la pretendida reforma electoral lopezobradorista, la cual parece estar a punto de malograrse.
Lo que sí, técnicamente sería inconstitucional cambiar el sistema electoral y el modelo para integrar el órgano de máxima decisión de la autoridad administrativa electoral mediante reformas a la ley secundaria.
Sin embargo, Morena sí podría modificar cierta estructura del INE sin mediar reforma constitucional.
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