Reza la vox populi: “Piensa mal y acertarás”. Aunque tampoco es la regla. Sin embargo, cabe aplicarlo en la reciente resolución de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) a favor de prorrogar el periodo de Mario Delgado y de Citlalli Hernández, en la presidencia y secretaría general de Morena, respectivamente.
El proyecto de sentencia proponiendo el revés a la prórroga (de la magistrada Janine Otálora) fue público casi cuando comisiones de la Cámara de Diputados analizaban la iniciativa de reformas constitucionales para acotar las facultades al TEPJF en la aplicación de los criterios de interpretación, en el conocimiento y resolución de acciones afirmativas y en la vida interna de los partidos políticos.
El proyecto de sentencia no fue enlistado en el orden del día de la sesión del Pleno de la Sala Superior en una semana propicia. Por otra parte, la iniciativa no prosperó en comisiones de la Cámara Baja.
¿Se trata de una mera casualidad? ¿O fue cambalache? Un ‘no toquen al Tribunal y tampoco serán tocadas las dirigencias partidistas’? Más bien, las reformas estatutarias fast track como la realizada al documento de Morena para dejar a Mario y a Citlalli al frente del Comité Ejecutivo Nacional hasta después de las elecciones de 2024.
Casi de idéntica manera como lo realizó Alejandro Moreno Cárdenas (“Alito”) en el PRI. Falta ver cómo resuelve este caso el Tribunal Electoral.
En el caso de Morena, publicar en el portal del TEPJF el proyecto de sentencia ¿sería un amago en cuanto a tumbar la dirigencia si aprobaban las reformas constitucionales que pretendían acotar las atribuciones del máximo órgano en materia jurisdiccional? ¿Al final la mayoría de magistrados rechazaron tumbar la prórroga de la dirigencia de Morena como agradecimiento a la voluntad mostrada por los diputados?
¿O en verdad los grupos parlamentarios en la Cámara Baja no pudieron alcanzar acuerdos?
Como haya sido, la resolución que da permanencia a Mario y a Citlalli sirve para demostrar a partidos políticos y legisladores que el Tribunal Electoral debe resolver aplicando diversos criterios de interpretación no solamente a la literalidad de la norma, y para hacerles ver la importancia de velar por los derechos político electorales de la militancia.
Aun cuando la resolución deja lugar a dudas. Se vio bastante forzada, para declarar constitucional dicha prórroga.
Ahora que ha sido favorecida la dirigencia de Morena, ¿ésta seguirá con la idea de que el Tribunal Electoral no sirve para nada, por lo cual deben reformarse sus atribuciones?
Es mejor darle ‘dientes’ al máximo órgano jurisdiccional en materia electoral.
LA PERMANENCIA
Siempre cabe la probabilidad de golpeteo interno en un proceso de renovación de una dirigencia partidista, y de riesgos cuando coincide con procesos para la elección de cargos populares.
Sin embargo, tampoco es democrático prorrogar dirigencias, aún cuando se diga que ‘el pueblo’ la eligió y aún cuando gobernadores y legisladores se pronuncien a favor.
Por lo tanto, en los partidos políticos (el que sea) deberían reformar sus estatutos para evitar la coincidencia de renovación de dirigencia con cualquier proceso electoral.
Sería lo correcto.
Lo contrario desata sospechas sobre el manejo de los recursos del partido político de que se trate y de las candidaturas a cargos de elección popular.
