Las circunstancias actuales hacen evidente la necesidad de una reforma electoral, que se confeccione no a modo de cualquier fuerza política, sino para satisfacer las expectativas ciudadanas de contar con procesos electorales democráticos y equitativos.
Suena romántico ¿no?
Sin embargo, tampoco es imposible, si se considera que la mayoría de las normas electorales han surgido de la realidad política-social. Y ahora esta realidad expone la necesidad de regular los procesos políticos inter-partidistas y la separación del cargo público o popular cuando se participe en éstos.
Esa regulación que actualmente se intenta a partir de la orden de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) al Instituto Nacional Electoral (INE) para dictar lineamientos para sujetar a la ley los procesos políticos del partido mayoritario (y aliados) y de la oposición mediante los cuales camuflajeaban verdaderos procesos de selección de su respectiva candidatura a la Presidencia de la República.
Muchas de las normas electorales constitucionales y legales han emanado de lineamientos del INE y de resoluciones del TEPJF. Porque los partidos políticos y las personas candidatas a los distintos cargos de elección popular siempre buscan cómo darle la vuelta a la norma.
Ahora hay que llevar a la Constitución y a la ley la regulación de los sui géneris procesos políticos de los partidos en una próxima reforma electoral que aplicaría para procesos electorales posteriores al 2023-2024.
Y como va junto con pegado, regular también temas como los siguientes: La separación del cargo para participar en dichos procesos políticos y la sanción a los servidores públicos por infracciones a la ley,incluyendo diversas formas de influir en el ánimo de los electores y la omisión o rebeldía en acatar por ejemplo medidas cautelares.
Porque en este momento es evidente cómo desde presidentes municipales, pasando por legisladores federales y hasta el Presidente de la República hacen caso omiso de la ley y de los lineamientos del INE, al cual le van perdiendo el respeto sin miramiento alguno.
Para muestra, ahí está la ‘mañanera’, las ‘corcholatas’ de Morena y aliados, así como las personas aspirantes de los partidos políticos que integran el Frente Amplio por México: PAN-PRI-PRD. No hay día de actos, acciones o discursos que contravengan los lineamientos.
Estos lineamientos como la misma ley, tienen no lagunas, sino océanos, en cuanto a la sanción a los servidores públicos.
Por otra parte y ejemplificando, el diputado federal Santiago Creel Miranda finalmente aceptó separarse como presidente de la Cámara Baja, pero seguirá en la curul hasta que se sepa el resultado del proceso político de selección del Responsable Nacional de la Construcción del Frente Amplio por México; proceso en el cual participa como militante del PAN.
Claro, no tiene la seguridad de ganar y, por lo tanto, no quiere separarse del cargo popular, que ciertamente no es renunciable, pero sí puede solicitar una licencia temporal mientras se define quien resulta la persona Responsable Nacional. Pero esa licencia (no regulada, no exigida) queda a la buena voluntad del legislador.
Y debería ser obligatoria igual para participar en las precampañas legales a efecto de evitar dos situaciones que por años se han intentado evitar: El uso de recursos públicos en asuntos político-electorales y la inequidad en las contiendas electorales y que ahora ya también son contiendas políticas derivadas de los procesos políticos interpartidistas.
Incluso, se ha querido evitar el uso de recursos que pudieran proceder de fuentes de financiamiento inconfesables. Por ejemplo: Crimen organizado.
Es uno de los propósitos de las reglas de fiscalización de los sui géneris procesos políticos partidistas a partir de los lineamientos dictados por el INE por resolución de la Sala Superior del TEPJF.
Retomando: La separación del cargo lleva el propósito de evitar el uso de recursos públicos en asuntos electorales, y ahora llevaría el de evitarlos también en asuntos inter-partidistas; que gracias a éstos se dé una sobre exposición de las personas participantes en procesos de selección de candidaturas o de ‘cargos de organización interna’ que implique inequidad; y la influencia en el ánimo de la militancia y ciudadanía en general.
Es evidente que tanto en el partido en el poder y aliados como en la oposición tripartita querían sacar ventaja de la falta de regulación de los ahora llamados procesos políticos, darle la vuelta a la fiscalización al tiempo de ganar posicionamiento.
Pero no contaban con la astucia de la mayoría de los magistrados de la Sala Superior del TEPJF. Ahora hay que llevar las reglas a la Constitución y la ley, incluso endureciéndolas. Aunque la incorporación de las reglas mediante una reforma electoral dependerá de la buena voluntad de las y los legisladores que integren la próxima Legislatura del Congreso de la Unión.
