La reciente cumbre Unión Europea-Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) llegó a conclusiones muy concretas que la realidad se ha concretado a colocarlas en su justa dimensión: discursos retóricos que no entienden la realidad regional –o a lo mejor sí, pero carecen de instrumentos para encararla–, hasta que la verdadera crisis en Iberoamérica se expresa en términos dramáticos: el asesinato reciente del candidato presidencial conservador de Ecuador, Fernando Villavicencio Valencia, como parte de una confrontación con cárteles del crimen organizado.
La diplomacia cumple su función cuando presenta la oportunidad de reconocer las realidades. La agenda de la Cumbre arribó a declaraciones diplomáticas válidas, pero ajenas a la posibilidad de que los países desarrollados de Europa puedan tener influencia en la atención de los problemas estructurales de la región iberoamericana.
La Cumbre, en lo general, habló de paz y seguridad mundiales, comercio e inversiones, de manera intensa sobre el cambio climático y un renglón en el que cabe todo: justicia y seguridad para los ciudadanos. Y a partir de sus reuniones se llegaron a compromisos concretos: lucha de género, derechos laborales, defensa de los pueblos indígenas, derechos de la niñez, derechos humanos y la decisión de que los países iberoamericanos deben mejorar la cooperación con las instituciones financieras internacionales y las organizaciones multilaterales.
Es decir: todo y nada, todo porque ayuda y nada porque la dinámica de la descomposición de los regímenes de gobierno está atropellando con unos derechos de los ciudadanos. Si se quisiera resumir la compleja realidad iberoamericana, cuatro serían los temas fundamentales: democracia, desarrollo con distribución de la riqueza, crimen organizado y narcotráfico, inmigración masiva hacia México y Estados Unidos, y en menor medida, hacia países sudamericanos con sólido crecimiento económico.
El asesinato del ecuatoriano Villavicencio mostró una superficie de lo que quizá deba ser asumido ya con seriedad como el problema de subsistencia de estados y regímenes democráticos en Iberoamérica: el poder del crimen organizado para influir reacomodo de las élites políticas, si se recuerda también el asesinato del colombiano Luis Carlos Galán en 1989.
Las estructuras democráticas actuales en Iberoamérica no tienen la capacidad suficiente para contener, combatir y anular el poder criminal de las bandas delictivas y entonces se estarán dando casos como el de El Salvador: el presidente Bukele intensifica el poder represor del Estado para combatir a una de las bandas delictivas más agresivas y criminales, los Maras Salvatrucha 13, que tienen presencia y dominio no solamente en ese país, sino que ya saltaron a Guatemala, comienzan a tener influencia en México y son un poderoso cártel criminal dentro de Estados Unidos.
Los gobiernos estadounidenses de Obama, Trump y Biden han considerado la fuerza ilegal de las bandas criminales y sobre todo dieron en el blanco en la caracterización de organizaciones delictivas de tipo transnacional, es decir que operan como verdaderas corporaciones en diferentes partes del mundo. Por el caso ecuatoriano de Villavicencio se confirmó la denuncia de que el Cártel de Sinaloa del Chapo Guzmán –un capo mexicano hoy encarcelado en EU y sentenciado a prisión perpetua– está controlando no solamente el tráfico de cocaína, sino que tiene el dominio del mercado internacional de fentanilo que llega a Estados Unidos, con precursores de China, producción clandestina en laboratorios mexicanos y mezcla letal con otras drogas en Estados Unidos.
El poder de la droga ha generado ya una estructura criminal trasnacional. Información de organismos de seguridad de Estados Unidos y México revelen que paradójicamente el Chapo está hundido en una prisión americana, pero su estructura de poder sigue funcionando a través de sus hijos, caracterizados de manera formal como Los Chapitos. El Cártel de Sinaloa tiene todo el control del tráfico de fentanilo hacia Estados Unidos, aunque, hay que decirlo, la droga llega a territorio americano como parte de la corrupción de autoridades estadounidenses federales y estatales, se procesa y mezcla por bandas locales, se distribuye sin problemas a los 50 Estados Americanos y se vende al menudeo en zonas toleradas por los gobiernos.
El significado del asesinato de Villavicencio estaría mostrando que el poder criminal es capaz de modificar los ritmos democráticos de las sociedades y de generar desviaciones autoritarias como la del salvadoreño Bukele, sin que los propios gobiernos iberoamericanos, las comunidades internacionales y en este caso la Unión Europea entiendan y apoyen una ofensiva más directa y funcional contra las actividades delictivas del narcotráfico y el crimen organizado que están limitando las posibilidades de la democracia.
Entre las muchas cumbres internacionales e interregionales, hace falta una que analice a fondo y con seriedad el problema del crimen organizado como elemento de distorsión de las principales prácticas democráticas: elecciones libres, campañas en zonas hoy controladas por los delincuentes y acciones criminales que afectan los procesos de elección de autoridades. En México se acumulan las evidencias de autoridades municipales, legislativas locales e inclusive entidades de la República están controladas o coaccionadas por bandas criminales que están tratando de imponer autoridades políticas o de condicionar el funcionamiento de las instituciones democráticas del Estado.
La Unión Europea está obligada abrir una nueva área de observación sobre las comunidades latinoamericanas y caribeñas y hacer pronunciamientos directos que denuncien –cuando menos– el poder del crimen organizado en el desarrollo social y democrático de la zona América.
Si no, seguirán las cumbres sobre –como se dice con ironía en sociedades iberoamericanas– el sexo de los ángeles.
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