La zona geopolítica de Iberoamérica ha tenido, históricamente, un enfoque económico, comenzando desde la expectativa de Cristóbal Colón de apreciarla como una nueva ruta comercial y luego por los supuestos tesoros en recursos naturales que la presencia española centralizó. La independencia iberoamericana de Europa no dio tiempo para una búsqueda nacional de proyectos económicos, porque Estados Unidos como sistema capitalista tomó el control productivo, pero lo subordinó a una dependencia estratégica imperial.
El pasado fin de semana México organizó una reunión multilateral con los países latinoamericanos involucrados en la crisis migratoria por los, hasta ahora, casi seis millones de personas que han entrado a Estados Unidos sin cumplir con los requisitos migratorios y por lo tanto con condición de ilegalidad jurídica y las decenas de miles estacionados en territorio mexicano a la espera de cruzar la línea fronteriza. Al mismo tiempo, México está preparando otra reunión multinacional con países que están articulados al gravísimo problema de la producción, tráfico internacional y penetración en Estados Unidos de drogas para consumo humano.
La principal característica de ambas reuniones se localiza en que los países participantes de Centroamérica, Sudamérica y el Caribe decidieron no invitar a Estados Unidos, a pesar de que todas las oleadas migratorias se dirigen a ingresar a territorio estadounidense en busca del sueño dorado del bienestar y sin reconocer que prácticamente toda la producción de droga al sur del río Bravo se realiza para satisfacer las necesidades de consumo de los más de treinta millones de adictos estadounidenses que dependen de estos productos ilegales.
Desde el punto de vista político, no se trata de una segunda independencia regional –luego la que la deslindó de España y Portugal, y algo del reino de Gran Bretaña–, ni una declaratoria de autonomía respecto de los intereses geopolíticos y estratégicos de la Casa Blanca. En el mejor de los casos, sería una especie de mensaje a Washington en el sentido de que las crisis de migración y de narcotráfico afectan de manera muy directa la estabilidad estadounidense, pero que habría que comenzar a explorar la corresponsabilidad y codependencia de los países expulsores de migrantes y de naciones con estructuras jurídicas pervertidas que han dejado que el narcotráfico se convierta en un poder político real.
La semana pasada también se realizó en México un nuevo Diálogo de Alto Nivel en Seguridad entre México y Estados Unidos para atender las quejas estadounidenses respecto al flujo de drogas hacia el interior de Estados Unidos por parte de cárteles del crimen organizado en naciones al sur del Río Bravo. Las conclusiones fueron parciales y le han dado la razón a México respecto a buscar nuevos caminos para la búsqueda de soluciones: Estados Unidos quiere que los países sede de los cárteles del narcotráfico utilicen todo el poder institucional y a veces no legal para aplastar a las bandas productoras de drogas localizadas en zonas iberoamericanas, pero sin tomar decisiones para combatir el consumo de drogas de los adictos americanos.
Y justo en la coyuntura del Diálogo de Alto Nivel y de la iniciativa mexicana para una reunión de seguridad sin Estados Unidos, los principales precandidatos republicanos a la presidencia de la nación realizaron un segundo debate para examinar e intercambiar ideas, lo más significativo fue darle prioridad al tema de seguridad por el narcotráfico y todos ellos, en mayor o menor medida, se comprometieron a militarizar la lucha contra las drogas en Iberoamérica, incluyendo el envío de tropas estadounidenses a los países conflictivos para desplazar a las fuerzas locales de seguridad y que los militares americanos aplasten por la fuerza y las balas a los delincuentes.
Nadie preguntó si era posible esa idea, porque el Gobierno de Estados Unidos no puede movilizar tropas activas hacia otro país si no es con el permiso del Congreso, además de que se requiere una declaración previa de guerra contra los países. Sin embargo, todos los precandidatos republicanos quedaron imbuidos del espíritu bélico del presidente Donald Trump, quien en un momento de sublimación de su poder sugirió a su equipo militar y de seguridad nacional la posibilidad de lanzar misiles destructivos contra instalaciones productores de droga en Iberoamérica, aunque, también de manera locuaz, afirmó que se trataría de misiles sin identificación estadounidense.
La crisis migratoria en Iberoamérica es producto de la incapacidad productiva de los sistemas económicos en la región para generar bienestar, aunque con tasas promedio anuales de 3% de PIB, pero con mecanismos estructurales de enorme concentración de la riqueza que impiden la creación de una clase media que genere estabilidad y aumentando los sectores de la clase baja que quedan fuera de cualquier tipo de cobertura social.
Estados Unidos y Europa están preocupados por Iberoamérica, pero de manera lamentable sólo les interesa que la región vuelve a recuperar sus condiciones de actividad económica para empresas procedentes de Estados Unidos y Europa; es decir, siguen viendo a Iberoamérica como un negocio de altas tasas de utilidad, pero sin ninguna aportación efectiva para generar actividad económica y distribución social de la riqueza.
En este contexto, las reuniones de países de América Latina y el Caribe sin Estados Unidos para discutir la migración y el narcotráfico no tendrán ningún destino efectivo, si no es que solamente buscarán señalar la corresponsabilidad de Estados Unidos en ambas crisis en tanto que el sistema económico capitalista americano sigue expoliando las riquezas naturales de la región y los adictos estadounidenses también continúan manteniendo las tasas de demanda de drogas que justifican las actividades del crimen organizado.
En toda su existencia, Estados Unidos sigue viendo a Iberoamérica como una colonia y no como un conjunto de países con necesidades propias que exigen la colaboración estadounidense.
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@carlosramirezh
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