Ante la incertidumbre del nuevo equilibrio entre Ejecutivo y Legislativo en 2024 y como mensaje a los electores, el presidente López Obrador está adelantando alteraciones estructurales en el aparato público del Estado que sólo pueden ser entendidas con una reforma populista a la reforma neoliberal que realizaron Carlos Salinas de Gortari y el salinismo en 1980-2018.
Se trata de reformas que implicarían un cambio de régimen porque afectan las reestructuraciones en el aparato de poder y la redistribución de facultades que el neoliberalismo salinista desmanteló como parte de lo que ya se puede caracterizar una contrarrevolución neoliberal.
Lo que está ocurriendo en Argentina con el discurso exitoso del opositor ultraliberal Javier Milei y el voto popular que aplastó al populismo peronista 1944-2023 pudiera ayudar a entender el alcance de las reformas estatistas de López Obrador a las reformas neoliberales de Salinas. En Argentina, quizá como única diferencia, hubo un cambio de élite por la vía electoral, en tanto que la contrarrevolución neoliberal mexicana se instrumentó de 1982 a 2000 desde dentro de gobiernos priistas, se mantuvo dos sexenios panistas con el control neoliberal de la Secretaría de Hacienda como eje y regresó en 2012 a través del Pacto por México de Peña Nieto y con el apoyo entonces del PRD de los Chuchos.
El presidente López Obrador estuvo esperanzado en conseguir la mayoría calificada en el Congreso en las elecciones de 2021, pero la falta de un estratega político y la coalición PRIANREDE le restaron bancadas en la Cámara para alejarlo del control de las dos terceras partes legislativas que se necesitan para para modificar la Constitución sin negociar con la oposición.
Lo ocurrido estos días en el ámbito judicial, que sería el complemento de la reforma de seguridad todavía pendiente porque falta la autorización para que la Guardia Nacional se quede de manera permanente en la Secretaría de la Defensa Nacional, limitó la reorganización de parte de la justicia: la falta de votos para una nueva ministra de la Corte y para la ratificación de la fiscal capitalina sin pactar con la oposición.
En este contexto y ante un Estado que fue desmantelado en su estructura de hegemonía en la conducción de la República, el presidente López Obrador ha adelantado su agenda de reformas para cambio de régimen en temas tan sensibles como los organismos autónomos que fueron oficinas de contrapeso de poder concesionados por la mayoría priista a la oposición sin pasar por elecciones.
La agenda presidencial de reformas populistas a las reformas neoliberales salinistas del pasado se adelantó por tres circunstancias: definir desde Palacio Nacional la propuesta de gobierno de la próxima administración morenista, movilizar a la sociedad para avalar estas reformas en las elecciones presidenciales del próximo domingo 4 de junio y conseguir los votos para que Morena pueda alzarse con el 60% máximo constitucional de curules para un partido –hoy tienen promedio 45%– y empujar a sus aliados del verde y el PT para que puedan conseguir el 7% restante que sumaría la mayoría calificada en el próximo congreso para cambiar la Constitución sin ninguna negociación con la oposición.
El presidente López Obrador enarboló desde su campaña en 2018 la necesidad de un cambio de régimen, pero nunca reveló los tiempos ni los objetivos, en tanto que se trataba de regresar al régimen de Estado hegemónico, dominante y sin contrapesos que construyó el modelo mexicano de Estado capitalista con responsabilidades sociales y basado en la estructura sistémica de un presidencialismo sin contrapesos y con un presidente de la República como jefe operativo del PRI.
Ese Estado tránsito de la Constitución de 1917 hasta finales del Gobierno de Díaz Ordaz, pero entró en una dinámica de populismo desorganizado durante los sexenios de Echeverría y López Portillo y abrió la puerta dentro de la propia clase priista dominante a una contrarreforma neoliberal que liquidó proyecto histórico de la Revolución Mexicana en aras de edificar una República neoliberal de mercado, de Estado sin compromisos sociales reales y de contrapesos en las estructuras del poder entregados a los sectores neoliberales y antiestatistas.
En este contexto, la disputa electoral del 2024 por la presidencia y por la mayoría calificada en las dos cámaras muestra de manera cíclica la definición, alcance e instrumentos del Estado entre dos opciones ideológicas que de manera pendular han dirigido el aparato público ya han definido los alcances de la sociedad: el Estado y el mercado.
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Política para dummies: la política debe redistribuir la economía y no la economía debe redistribuir la política.
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