El asunto periodístico de la denuncia política del periodista Tim Golden contra el presidente López Obrador sobre narcopolítica sin presentar ninguna prueba y la reacción del excanciller Jorge G. Castañeda para exigir que el acusado tiene que probar su inocencia parece ser una segunda versión –en modo marxista de farsa– de lo ocurrido con el corresponsal del The New York Times en México en 1997, Sam Dillon, cuando acusó a los gobernadores Manlio Fabio Beltrones y Jorge Carrillo Olea de estar al servicio del narcotráfico.
Hace 27 años, Beltrones inició una batalla política y legal contra el periodista y obligó al todopoderoso The New York Times a aceptar, aun rezongando, que no existían pruebas legales para sostener la afirmación de Golden. Sin embargo, de manera tramposa, el corresponsal se inscribió en los premios Pulitzer presentando sus reportajes sobre narcotráfico en México, pero de manera poco ética Dillon le escondió al Comité Pulitzer la nota desmentida sobre Beltrones, un hecho que le restó mérito y credibilidad a su galardón.
El asunto se complicó porque en 2003 el periodista Keith Rosenblum hizo una minuciosa investigación sobre el texto de Golden y Craig Pyes y lo analizó párrafo por párrafo para demostrar su tesis de que “no hay acusador ni crimen, pero tú eres culpable”, un modelo muy socorrido por el periodismo estadounidense que señala acusaciones muy concretas y las esconde reconociendo fuentes anónimas y no presentando tampoco documentación del caso.
Golden trabaja para el proyecto periodístico Propublica que quiere rescatar la credibilidad y honorabilidad de las denuncias periodísticas y que está dirigido nada menos que por Jill Abramson, la primera mujer que fue directora del New York Times y que tuvo que renunciar ante el clima de machismo imperante en la redacción y en los editores. Por lo tanto, el texto de Golden debió de haber pasado por mecanismos de verificación mucho más estrictos en tanto que representaba a un organismo periodístico que quería cambiar la credibilidad de los medios.
La denuncia de Golden en el sentido de que el crimen organizado había entregado millones de dólares a colaboradores del entonces candidato López Obrador en 2006 y que había financiado con dinero el plantón de reforma contra los resultados electorales oficiales fue publicado de manera audaz por el periodista que un tiempo fue corresponsal del The New York Times en México, sobre todo porque se basó en supuestos documentos que señalaban esas irregularidades, pero sin ninguna prueba concreta.
La fuente del trabajo periodístico de Golden fue la DEA, la agencia antinarcóticos que tiene su principal estación en México con muchos agentes no registrados de manera legal ante Relaciones Exteriores y que se ha dedicado en los últimos años a corromper funcionarios, policías y narcos para tratar de obtener pruebas que pudieran revelar que el narcotráfico ha capturado estructuras gubernamentales mexicanas.
La tesis central de la DEA es versión común en la comunidad política de seguridad en México, pero con pocos elementos probatorios que pudieran generar acusaciones penales, salvo casos tan sonados como los exjefes de seguridad Gutiérrez Rebollo y Genaro García Luna. Pero una cosa es que en el ambiente político-periodístico mexicano se tenga la certeza de que el narcotráfico ha corrompido hasta las altas esferas del poder y otra cosa que no existan las pruebas legales para proceder penalmente contra los acusados.
La nota de Golden basada en filtraciones de la DEA –la agencia que fue humillada por el presidente López Obrador cuando México presionó a la Casa Blanca para obligar al gobierno de Donald Trump a liberar al general Salvador Cienfuegos Zepeda, ex secretario de la Defensa Nacional 2012-2018– apareció justo en el momento en que en Venezuela se revelaba un operativo político de la DEA para difundir información en el sentido de que funcionarios del Gobierno de Nicolás Maduro estaban involucrados en negocios ilícitos con el narcotráfico; y si esta versión es charla común en los círculos políticos venezolanos, el asunto es que la DEA no ha presentado pruebas sino que se ha basado en la creación de un ambiente de desprestigio político.
El presidente López Obrador llevó el caso Golden-Castañeda al espacio político de la mañanera y desafío a la presentación de pruebas, pero los dos aludidos, Golden y Castañeda, se basaron en el modelo periodístico de Rosenblum: “no hay acusador ni crimen pero tú eres culpable”, una investigación en forma de libro que fue publicada en México por CV Editores y cuya lectura debiera ser texto de cabecera de periodistas estadounidenses que denuncian irregularidades como parte de operativos políticos de Estados Unidos.
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