El principal problema de la reforma judicial planteada por el presidente López,
ampliamente avalada por la virtual candidata electa, es que el pueblo no sabe de sus
implicaciones y efectos nocivos.
Pongámonos en los zapatos de la persona de la calle, cuando oye la palabra “judicial”,
primeramente, se imagina a un ampón con güaripa, gordo, de lentes oscuros, con cinto
de ranchero de hebilla amplia y votas vaqueras, con cartuchera con un pistolón calibre
45. Nada más ajeno a la realidad.
Para empezar el término “judicial” está ampliamente desprestigiado por lo que acabo
de mencionar. Esta palabra se refiere al Poder Judicial, que es el último recurso para
evitar los abusos de poder de esos “judiciales” (que, por cierto, ya no existen con ese
nombre, ahora les llaman pomposamente “policías ministeriales”), y de múltiples
órganos gubernamentales que, faltando al cumplimiento de la ley, abusan de los
particulares.
Es por ello que al hacer que los ciudadanos elijan a jueces, magistrados y ministros,
que sean postulados principalmente por el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo (al
Poder Judicial solo le toca 1/3 de dicha selección), y que el propio gobierno los
promueva o personas privadas con influencia o poder lo hagan, lo más seguro es que
esos juzgadores serán elegidos por el pueblo.
Lo que el ciudadano común, sin embargo, no sabe es que él estaría eligiendo a sus
verdugos, porque lo más seguro es que los juzgadores, estarían a las órdenes de las
autoridades abusadoras y violadoras de los derechos de los ciudadanos, desechando,
desestimando, manipulando, interpretando y estirando las disposiciones legales, con el
fin de darle la razón a la autoridad en detrimento de las causas ciudadanas.
Por el otro lado, el Poder Judicial también se involucra en resolver los conflictos entre
los particulares. En este aspecto el presidente López dice que, con esta reforma, al
elegir el pueblo a los juzgadores, ellos emitirán sus sentencias conforme a la justicia
protegiendo así a los intereses del pueblo. Esto suena magnífico, romántico y digno de
un mandatario justo que se preocupa por los intereses del pueblo.
No hay nada más ajeno a ello; al estar sujeta la designación de los jueces al voto
popular, quedarán elegidas las personas con mayores contactos con la gente de poder,
dígase políticos, oligarcas, gente adinerada, como los miembros del crimen organizado.
Por esto, la justicia quedará en sus manos, y cuando haya disputas entre particulares,
dígame usted quiénes saldrán perdiendo, pues las personas con menos influencias,
conocidos y contactos con los poderosos, y, ¿quiénes son ellas?, como se dice, los
“ciudadanos de a pie”. Por eso afirmo que el pueblo estará eligiendo a sus verdugos.
No asevero que el Poder Judicial de ahora sea el mejor, dista mucho de serlo, sobre
todo a nivel local. Pero lo que sí digo, es que actualmente los integrantes del Poder
Judicial, sobre todo el de la Federación, tienen una preparación muy buena y son
sometidos a exámenes rigurosos para su designación y mantienen procesos
educativos de actualización constantes.
Precisamente ahora (lunes 8 de junio), el presidente López expresó que era mejor
designar a los juzgadores con personas acabadas de salir de la carrera de derecho,
aduciendo de que no están maleados y están frescos llenos de ideales, por lo que es
posible que además de los conflictos y presiones a los que estarán sujetos por las
personas que promuevan su elección, vayan a ser juzgadores sin conocimientos y
experiencia.
¿Eso es lo que los mexicanos quieren de su Poder Judicial? No lo creo, lo que todo
mundo quiere de los juzgadores es que se conduzcan con justicia, apegados a la ley y
a los principios generales de derecho, para que emitan sus resoluciones basadas en
los hechos que se les presenten, las pruebas ofrecidas y con convicción emitan sus
sentencias para darle a cada quien lo suyo, para limitar y defender a los ciudadanos de
los abusos del poder y defender sus derechos humanos.
Para corregir los problemas que hay en la impartición de justicia, se pueden hacer
muchas cosas, enuncio a continuación algunas:
1. Aumentar los presupuestos para ampliar el número de juzgadores y el staff que
los apoya, aumentar los sueldos de ellos para evitar la corrupción, así como para
hacer más instalaciones para sus labores.
2. Establecer sistemas más estrictos de supervisión del comportamiento de los
juzgadores. Se puede acudir al derecho comparado para revisar los diversos
sistemas de control que existen a nivel mundial.
3. Revisar a fondo los procedimientos judiciales para hacerlos menos complicados
y prácticos para expeditar la justicia como ordena la Constitución.
4. Hacer una reforma de ley para reestablecer la justicia de paz para casos de
menor cuantía y faltas menores, para que con esto se desahoguen los rezagos
que hay en los casos judicializados.
5. Establecer sistemas ágiles y efectivos de arbitraje y amigables composiciones
para mediar los conflictos entre particulares.
Muchas cosas son necesarias para tener un mejor sistema de justicia en México,
menos hacer lo que se pretende que lo que representa es la pérdida de derechos y
libertades para el pueblo y los abusos del gobierno y de los poderosos.
