La administración de la presidenta Claudia Scheinbaum Pardo podría mantener la
estrategia en materia de seguridad de la administración saliente, con dos
elementos: el esquema de la regionalización del país y el traspaso de la Guardia
Nacional (GN) a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA). Sin embargo, a
una planeación como esta, le faltaría el dogma o ideología con la que pretende
impulsar estos cambios.
El traspaso de la GN a la SEDENA traería más confusiones que certezas.
Originalmente su propósito fue fusionar a la Policía Militar, la Policía Naval y la
Policía Federal para crear este nuevo organismo. Todavía le falta. Hasta aquí hay
esta dependencia que pretendería substituir a las Fuerzas Armadas en el combate
a la delincuencia., pero ha presentado crisis en sus primeros años de operación.
Esta dependencia junto con la regionalización del país, sumado a las policías
estatales y municipales debería ser suficiente para contener la delincuencia. Se
trata de un estado de fuerza de unos 400 mil hombres en todo el país, con una
potente capacidad de fuego y una cuantiosa suma de recursos de varios cientos
de miles de millones de pesos para la seguridad, que no han sido debidamente
utilizados.
Por lo que toca al ajuste constitucional, se debería modificar el texto del artículo 21
constitucional para, elevar la seguridad como función de Estado, de la que
dependerían la seguridad nacional, la seguridad interior y la seguridad pública,
como funciones de gobierno. Con este modelo se le daría orden dogmático y
conceptual a la seguridad del país.
Cabe resaltar que, la seguridad nacional sería el vínculo entre las funciones de
Estado de Seguridad y de Defensa Nacional.
Si las policías municipales se hacen cargo del orden y paz públicos y las policías
estatales de esto y del combate de delitos del fuero común junto con la policía
ministerial, la Secretaría de Seguridad Pública debería expedir protocolos o
manuales para que los cuerpos de seguridad de los municipios sepan cuáles son
aquellos casos en materia de orden y paz públicos que deben ejercer, además, en
qué casos puede invocar el auxilio de la policía estatal, en qué casos de la
Guardia Nacional y en qué casos a las Fuerzas Armadas.
Este mismo esquema con las policías de los estados, de tal forma que estos
protocolos especifiquen en qué casos y con cuáles mecanismos pueden solicitar el
auxilio de la Guardia Nacional y/o de las Fuerzas Armadas.
También el reto es coordinar el flujo de información que obtienen las distintas
instancias de seguridad, clasificarlo y derivarlo a una sola instancia de seguridad,
a la Unidad de Inteligencia Financiera y al Consejo de Seguridad Nacional, y con
ello, definir estrategias y líneas de acción en seguridad, detectar operaciones con
recursos de la delincuencia a efecto de disminuir su poder económico y producir
políticas de seguridad nacional en los campos social, económico y político,
respectivamente.
Si bien es cierto que el carácter operativo es necesario, pero más indispensable se
vuelve el dogma que le va a dar sustento ideológico.
*Es Maestro en Seguridad Nacional por la Armada de México
Correo electrónico: [email protected]
Twitter: @racevesj
