El tono, contenido y retórica del debate legislativo de antier en la noche y la madrugada de ayer para aprobar en el Senado la adscripción de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional se volvió a quedar en la superficie: un cuerpo de seguridad civil sin militarismo.
La discusión en las dos cámaras eludió las tres preguntas básicas sobre la dimensión real de la configuración del crimen organizado:
¿Están conscientes los legisladores de la capacidad de organización, de fuego y de activismo violatorio de los derechos humanos y de las reglas democráticas que están demostrando las diferentes formaciones del crimen organizado en prácticamente toda la República?
¿Son suficientes las reglas civiles basadas en reglamentaciones de derechos estrictos que se crearon para proteger primero los derechos de los delincuentes, cuando las bandas criminales hoy matan sin piedad a civiles?
¿Ha estado consciente en la oposición de que una organización de seguridad con reglamentaciones y limitaciones civiles en seguridad pública carecerá de capacidad de respuesta frente a la brutalidad de las bandas delictivas que se han visto en los últimos años?
La respuesta es una: la alianza GN-Sedena es la última línea de defensa del Estado y la sociedad contra el avance de la criminalidad en violencia, poder político y destrucción de la gobernabilidad democrática.
En el debate legislativo de la madrugada de ayer se percibió un hecho que no pudo ser profundizado: la argumentación del Gobierno federal para fundamentar su propuesta de adscribir a la GN al área de organización de la Sedena se basa en casi los mismos tesis que tuvo el presidente de origen panista Felipe Calderón Hinojosa en diciembre de 2006 para echar mano de las Fuerzas Armadas en un momento en que la criminalidad había ya rebasado y corrompido a las agrupaciones policiacas de los tres niveles de gobierno e inclusive a los mandos encargados de la seguridad pública en todo el país.
El proceso de deterioro de la seguridad comenzó con la corrupción de las policías en los años sesenta, setenta y ochenta, cuyo punto culminante fue la revelación desde Estados Unidos y en voz del embajador americano de entonces John Gavin y el Congreso estadounidense de que las policías mexicanas de la Federal de Seguridad y de la Judicial Federal y de muchas judiciales estatales estaban patrocinando los primeros cárteles de la marihuana que fueron el fermento de los cárteles del crimen organizado.
El Plan Nacional de Desarrollo del presidente Miguel de la Madrid introdujo el concepto de seguridad nacional y el papel de las Fuerzas Armadas en el mantenimiento de la estabilidad política, y los primeros pasos fueron la contratación de militares como encargados de seguridad de organismos civiles, aunque con resultados deficientes
A partir de 1982 el tema de las tres seguridades –pública, nacional e interior– quedó fuera de los planes de estabilidad nacional. En 1984 y ante las evidencias de la corrupción delictiva de la Federal de Seguridad de la Secretaría de Gobernación, su titular Manuel Bartlett Díaz decidió disolver la DFS como policía política del Estado pero ya al servicio de los cárteles y fundar el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, una oficina que ningún gobierno posterior ha sabido gestionar para darle una utilidad real y funcional.
La decisión de crear la Guardia Nacional se basó en las evidencias de corrupción de las diferentes policías federales, al grado de que el secretario de Seguridad Pública del Gobierno de Calderón, Genaro García Luna, está a punto de ser sentenciado posiblemente a cadena perpetua en Estados Unidos por complicidad con el narco. Una nueva policía civil hubiera nacido con los mismos errores y las mismas perversidades y corruptelas de las últimas, por lo que el presidente López Obrador tomó la decisión de que el nuevo cuerpo de seguridad interna debería ser algo más que una policía con limitaciones y perversiones civiles.
La clave de la reorganización de la Guardia en la Sedena se localiza en la estrategia de seguridad nacional que defina la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para darle funcionalidad a la nueva estructura de la agrupación creada para mantener la seguridad interior, no solo la policíaca seguridad pública que persigue carteristas.
El otro punto decisivo radica en lo que está a la vista de todos y pero fue soslayado de manera irresponsable por la oposición en el Congreso: el crimen organizado no quiere solo robar al ciudadano sino que busca sustituir al Estado sus funciones de defensa de la sociedad, de sus obligaciones sobre el desarrollo y de la responsabilidad de la gobernabilidad democrática.
La batalla es entre el crimen organizado y el Estado nacional democrático.
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Política para dummies: la política es fin y no pretexto.
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@carlosramirezh
