A diferencia de la demanda ciudadana para que renuncie el gobernador sinaloense Rubén Rocha Moya, acusado de estar involucrado en el narcotráfico, la solicitud para que se vaya el mandatario tabasqueño Javier May Rodríguez tiene que ver más con los problemas internos en Morena y una oposición que, aunque escuálida, ha logrado resonancia en la conversación pública.
Mientras a Rocha se le ha tendido una barrera protectora en su partido que va desde la misma presidencia de la República, al tabasqueño parece habérsele dejado solo por la sospecha de que detrás de la demanda de su salida se encuentra el líder del Senado, el tabasqueño Adán Augusto López Hernández.
Contrario a lo que ocurre en territorio culiche, en donde se le achaca a Rocha no solo no combatir al narco sino estar relacionado con el cártel de Sinaloa, en la tierra del ex presidente Andrés Manuel López Obrador hasta los grupos delictivos participan en la estrategia para lograr que May se vaya.
Cuando aún no cumplía un mes en Plaza de Armas el gobernador tabasqueño, que entró en funciones en octubre pasado, políticos opositores como el diputado federal priísta Erubiel Alonso Que empezaron a pedir la destitución del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del estado (SSPC), general Víctor Hugo Chávez Martínez.
(Ese reclamo escaló el mes pasado hasta llegar al cese del jefe del Ejecutivo, demanda que puso en el centro de la discusión el senador morenista Oscar Cantón Zetina, cuya declaración está sirviendo de bandera a la oposición para pedir la cabeza de May).
Desde el inicio de su gestión no solo fueron políticos adversarios de Morena los que estaban pidiendo la destitución del funcionario: también la delincuencia estaba colocando narcomantas contra el militar que sustituyó el año pasado a Hernán Bermúdez Requena, el jefe policiaco nombrado en 2019 por Adán López.
Bermúdez Requena apareció en documentos de la Sedena filtrados a la prensa por el grupo Guacamayas leaks por pertenecer al CJNG.
Hernán, además, fue acusado el 23 de noviembre de 2024 por el gobernador May de presuntamente ser el jefe del grupo delictivo La Barredora, al que las autoridades acusan de la violencia actual.
Cuando reveló que supuestamente Bermúdez Requena era jefe criminal, el mandatario también pidió a las autoridades que le antecedieron (López Hernández y Carlos Merino, a quien dejó aquel en la Quinta Grijalva al ser nombrado secretario de Gobernación) aclarar si tuvieron nexos con la delincuencia organizada.
La jerarquía política que posee Adán López como cabeza de la Cámara de Senadores hace creer en Villahermosa que es la razón por la que la federación no ha respaldado decididamente a May.
El apoyo total del gobierno de la República implicaría la detención del personaje señalado por May, pero esto tendría repercusión en la capital del país por la participación del ex gobernador tabasqueño en el equipo de Claudia Sheinbaum Pardo, si bien fue sentado en la esquina de Insurgentes y Reforma por el ex presidente López Obrador.
Según allegados a López Hernández, este tiene una muy buena amistad con Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del gobierno federal, por lo cual el Batman de la Ciudad de México no ha venido a Tabasco.
Por eso se considera que no se dará la detención que todos esperan en Tabasco, ya que esto «contaminaría» la política interna de Morena.
A Chiapas, que comparte frontera y el problema de la violencia con Tabasco, García Harfuch ya ha ido en varias ocasiones, mientras que en Villahermosa no ha puesto un pie y los tabasqueños solo han sabido de él cuando posteó en su cuenta de X que estaba en coordinación con el gobierno estatal al ocurrir la masacre de siete jóvenes en el antro Dbar, acontecida la madrugada del domingo 24 de noviembre de 2024.
A pesar de que en el edén tropical, a diferencia de la tierra de Jaime Sabines, la federación no se ha ido «con todo» contra la narcopolítica, en la madrugada de este domingo la Fiscalía de Tabasco cateó un rancho en Nacajuca y en el operativo detuvo a 13 policías de ese municipio y a dos funcionarios de la comuna.
Sería ese el primer «golpe» en la tierra de AMLO a la narcopolítica.
