De acuerdo a un informe de la ONU, las mujeres latinoamericanas y caribeñas participan en la respuesta a la pandemia como profesionales del sector de la salud y otros servicios esenciales, así como desempeñando funciones clave en el cuidado en las comunidades y las familias. Sin embargo, la crisis del Covid-19 las ha golpeado de forma desproporcionada y su avance hacia la igualdad y la autonomía económica puede sufrir décadas de retroceso si las respuestas de los gobiernos no incluyen medidas específicas de género.
Es decir, el efecto de la pandemia del coronavirus ha agudizado las desigualdades de género sin que los países hayan tomado en cuenta su situación y necesidades para diseñar los paquetes de respuesta que han dado a la emergencia, señala un nuevo estudio del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
Con motivo del Día Internacional de la Mujer, el documento “Los impactos del Covid-19 en la autonomía económica de las mujeres en América Latina y el Caribe” analiza una muestra de 19 países de la región y destaca que han sido muy pocas las acciones sensibles a las condiciones de las mujeres implementadas por los gobiernos.
Asimismo, advierte que de no poner en marcha medidas específicas que fortalezcan la perspectiva de género, para cuando la pandemia se supere, la situación de las mujeres se habrá deteriorado, revirtiendo los resultados de décadas de esfuerzo en la promoción de la igualdad de género.
Pese a que las mujeres han participado desde el principio de la pandemia en las acciones para mitigarlas ya sea como profesionales del sector sanitario, proveyendo servicios esenciales o cuidando a las comunidades y las familias muchas veces a costa de abandonar sus empleos remunerados, la mitad de los países no han tomado ninguna medida sensible al género en la esfera laboral.
Las intervenciones con enfoque de género no sólo han sido escasas en materia de mercado de trabajo, sino que son casi nulas en cuanto al apoyo económico y fiscal a los sectores feminizados de la economía, “lo cual pone en evidencia el déficit de reconocimiento y abordaje de estas dimensiones centrales a la consecución de la autonomía económica de las mujeres”, recalcan los autores del informe.
“Los datos disponibles para algunos países de la región muestran que, como consecuencia de la pandemia, las mujeres han sufrido mayores caídas en la participación laboral y una mayor incidencia de la desocupación, lo cual evidencia la profundización de las brechas e inequidades de género preexistentes a la llegada del coronavirus”, apunta el PNUD.
Más preocupante aún es que “a medida que los países levantan las restricciones a la movilidad y la actividad económica se recupera, las mujeres enfrentan mayores dificultades para reingresar al empleo y lo hacen en condiciones de mayor precariedad”, alerta.
Seguridad, salud y economía, principales obstáculos que enfrenta la mujer
Desde el inicio de la pandemia, expertos de la ONU aseguraron que el confinamiento avivaría la tensión y el estrés generados por preocupaciones relacionadas con la seguridad, la salud y el dinero.
Incluso antes de que existiera el Covid-19, la violencia doméstica ya era una de las violaciones de los derechos humanos más flagrantes. En el mundo se estimaban 243 millones de mujeres y niñas (de edades entre 15 y 49 años) víctimas de violencia sexual o física por parte de un compañero sentimental.
Y, con el avance de la pandemia del Covid-19, es probable que esta cifra creciera con múltiples efectos en el bienestar de las mujeres, su salud sexual y reproductiva, su salud mental y su capacidad de liderar la recuperación de nuestras sociedades y economías, y de participar en ella.
Tradicionalmente, los bajos índices de denuncia generalizados respecto a la violencia doméstica y de otro tipo han dificultado las medidas de respuesta y la recopilación de datos. De hecho, menos del 40 por ciento de las mujeres que sufren violencia buscan ayuda de algún tipo o denuncian el delito. Menos del 10 por ciento de estas mujeres que buscan ayuda recurren a la policía. Las circunstancias actuales complican todavía más la posibilidad de denunciar, lo cual incluye las limitaciones de las mujeres y las niñas para acceder a teléfonos y líneas de atención y la alteración de servicios públicos como la policía, la justicia y los servicios sociales.
Es posible que dicha alteración también ponga en riesgo la atención y el apoyo que necesitan las sobrevivientes, como la gestión clínica de las violaciones, y el apoyo psicosocial y para la salud mental. Además, se fortalece la impunidad de los agresores.
