En memoria del colega Antonio López de la Iglesia
La captura de la célula criminal responsable material del atentado contra el periodista Ciro Gómez Leyva, ocurrido hace cuatro semanas, es una noticia que debe celebrar el gremio, pues muestra que el Estado mexicano cuenta con herramientas para encontrar a los autores de delitos de alto impacto, pero que también lleva a la conclusión de que si no se tiene la presencia pública del comunicador capitalino, los crímenes contra los reporteros del montón seguirán impunes.
Las autoridades metropolitanas tardaron casi un mes en identificar a los 11 integrantes de un grupo asentado en la Ciudad de México y en el Estado de México, en donde se les responsabiliza de extorsiones y asesinatos; aparentemente se trataría de una cofradía local que no está vinculada con ningún cartel de los drogas.
La rapidez con que se capturó a quienes articularon el plan para matar a Gómez Leyva se puede explicar con lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador la mañana siguiente del ataque armado del que salió el ileso el conductor de televisión por el blindaje de su camioneta: el asesinato de un dirigente de opinión como Ciro puede desestabilizar al país.
El de Macuspana, también, señaló que podría tratarse de un “autoatentado”.
En la investigación para dar con los agresores participaron autoridades de la capital, con el apoyo del Centro de Información Nacional, el antiguo Cisen, por lo que es evidente que el Estado decidió ir con todo.
Esto, que resulta bueno para la estabilidad de México, es algo que no ocurre en todo el país: en provincia en su mayoría los homicidios de comunicadores no son resueltos.
Para no ir lejos, en Tabasco, la tierra del Presidente, aún hay homicidios de periodistas sin resolver y que solo llegan a la detención de los que jalan el gatillo, pero se topan con la realidad de que jamás se castiga al que dio la orden de matar.
De los colegas ultimados en los últimos 20 años, solo se ha logrado aclarar el de Rodolfo Rincón Taracena, reportero de Tabasco Hoy, quien fue levantado el 20 de enero de 2007 y sus restos encontrados el 1 de marzo de 2010.
Aunque la solución de este caso fue fortuita: en una redada de criminales cayeron los autores de su muerte, que confesaron ese y otros delitos.
El 15 de mayo de 2018, un mes y medio antes de que López Obrador ganara la Presidencia y Adán Augusto López Hernández la gubernatura de Tabasco, fue victimado Juan Carlos Huerta Martínez, a la sazón el periodista más importante del estado por conducir el noticiero de televisión de mayor audiencia, así como un noticiero de radio que empezaba a ganarse un lugar en el cuadrante.
Dos años antes, el 20 de febrero de 2018, también durante la administración del perredista Arturo Núñez Jiménez, fue asesinado Moisés Dagdug Lutzow, empresario del ramo de la comunicación, quien, al igual que Huerta en algún momento, había mantenido una crítica descarnada en contra del gobernador y de su esposa, Martha Lilia López Aguilera.
En ambos casos, la Fiscalía estatal llegó hasta los asesinos materiales, pero no pudo responder a la pregunta de quién y por qué los mandó a matar.
Como paralelismo, ambos temas fueron contaminados con versiones extraoficiales de que tuvieron como móvil razones de índole personal.
La presión de la opinión pública por el atentado a Gómez Leyva acaso logre que se dé con los responsables intelectuales, lo que no ha pasado con crímenes ocurridos en provincia como los de Huerta y Dagdug.
Antes de renunciar como fiscal general el 14 de diciembre de 2018, Fernando Valenzuela Pernas aseguró que dejaba la investigación del caso de Huerta con un avance del 70 por ciento.
En descargo de la autoridades de procuración de justicia de Tabasco puede asegurarse que casi 40 años después de que fue asesinado el columnista Manuel Buendía en la Ciudad de México, no se ha llegado hasta Manuel Bartlett Díaz, a quien diversas investigaciones periodísticas señalan como quien le dio la orden a José Antonio Zorrilla, entonces jefe de la policía política del gobierno, de silenciar al más importante periodista azteca de todos los tiempos, debido a que estaba por sacar a la luz los nexos de políticos del gobierno de Miguel de la Madrid con el narcotráfico.
Los que mandaron matar a Huerta pueden respirar en paz y dormir sin sobresaltos…
