Los cálculos estadísticos indican que en los últimos 10 años han ocurrido 35 mil feminicidios en todo el territorio nacional. Cinco mil este año. Lo grave es que el 98 por ciento de estos crímenes contra mujeres permanecen en la impunidad.
Resulta relevante encarnar los crímenes, poner nombre y apellido de las y los funcionarios involucrados. Hablaré del doble feminicidio de Pamela Terán y de la fotoperiodista María del Sol Cruz Jarquín, así como del homicidio calificado de Adelfo Guerra Jiménez, chofer, ocurridos el 2 de junio de 2018 en Juchitán, Oaxaca. Lo narro como ejemplo preciso sin verdad ni justicia.
Ya son 42 meses del triple asesinato. Una historia en la que actúa irresponsablemente un conjunto de funcionarios generadores de la cadena de impunidad, que incurrieron en varios delitos en Oaxaca, entidad con 575 casos de feminicidio en los últimos cinco años sin sentencia. En esta historia, el exfiscal del estado Rubén Vasconcelos Méndez operó intencionalmente un proceso que suma negligencia, omisiones y corrupción.
Debido a ello, la causa penal fue sobreseída el 22 de noviembre pasado; es decir, cerrada. El único imputado fue liberado, como determinó el Tribunal de Enjuiciamiento. Se precisó que las pruebas se perdieron, se fabricaron testigos, faltaron entrevistas, se alteraron declaraciones o no se firmaron y se rompió la cadena de custodia de elementos de la escena del crimen. No hay criminales identificados, se desconoce el móvil y las averiguaciones fueron inconsistentes. Se habla de intereses políticos y económicos.
El crimen litigado por la madre de María del Sol Cruz Jarquín, la periodista Soledad Jarquín Edgar, y sus abogadas, durante tres años y medio, revelan que 13 audiencias se difirieron, muchas pruebas se perdieron: videos, periciales de balística, balas y casquillos introducidos al expediente que no corresponden a los hechos y cero investigaciones con perspectiva de género, como lo exige la ley.
Hoy existe la promesa de reabrir otra carpeta de investigación, sólo promesa, por lo que se sugiere que el asunto se lleve a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o a Naciones Unidas, como posibilidad de justicia.
Se puede hablar de tres delitos de responsabilidad oficial: el electoral, porque María del Sol Cruz Jarquín fue enviada por su jefe Francisco Montero, secretario de Asuntos Indígenas, a “cubrir” la campaña electoral de su hermano Hageo; el delito de feminicidio no investigado y robo, porque la computadora de la fotoreportera fue sustraída. Además, negligencia, omisión y corrupción.
Estas conclusiones son de la sentencia de cinco expertas participantes en el Tribunal Feminista contra el Feminicio en Oaxaca, realizado 29 y 30 de noviembre, que examinó siete casos, algunos de hace ocho años. El Tribunal fue una acción ciudadana de justicia alternativa, protagonizado por familiares que narraron su tránsito en busca de justicia, cuyas resoluciones son de carácter social.
En Oaxaca, el fiscal es el principal responsable, premiado por el gobernador Alejandro Murat Hinojosa, con el puesto de Secretario de Bienestar. Se pide su inmediata remoción o el gobernador será cómplice.
Hay al menos 18 funcionarios involucrados: el exsecretario de Asuntos Indígenas y 10 funcionarios estatales más, el exfiscal Vasconcelos, los ministerios públicos Alejandro Moreno y Amaury Pacheco y el exvicefiscal del Istmo, José Matus. Asimismo, la fiscal de delitos electorales, Araceli Pinelo López, el fiscal anticorrupción Jorge Iruegas, el actual regidor de recursos renovables de Juchitán, Hageo Montero, y el ladrón del equipo de María del Sol, además de algunos particulares, todos involucrados en la cadena de impunidad. Veremos.
Periodista, directora del portal informativo semmexico.mx
