- El juez concedió un amparo a Iberdrola, al empresario Claudio X. González y al exministro de la Corte José Ramón Cossío, dijo el presidente.
- Acusó que al ministro en retiro José Ramón Cossío y a Claudio X. González, abogado y cofundador de varias asociaciones civiles, de estar detrás de dicho amparo.
Andrés Manuel López Obrador solicitó al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que se investigue a Juan Pablo Gómez Fierro, quien el pasado jueves detuvo la reforma eléctrica aprobada por el Congreso la semana pasada
Mediante una carta que envió a Arturo Zaldívar, también titular del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), el mandatario dijo, “De manera respetuosa le solicito que el consejo que usted preside, determine e informe si a la autoridad judicial le correspondía aplicar la suspensión a quienes no lo solicitaron y si es de su competencia o no resolver sobre este caso”.
AMLO aseguró que en la suspensión de la reforma participan personas y empresas que estuvieron alineadas “con el antiguo régimen” y que tenían como “modus operandi la corrupción y el influyentismo”.
Agregó que esos intereses cuentan con el apoyo de la prensa “proempresarial nacional y extranjera” a quienes acusó de haber conformado un llamado buró jurídico “para oponerse a obras y acciones políticas que hemos emprendido para la transformación del país”.
Señaló que sería “lamentable” que después de todo el daño que la oligarquía ha causado al país “sigamos permitiendo el abuso y prepotencia” en nombre del estado de derecho.
Afirmó que respeta el derecho de amparo y la independencia del poder judicial, pero recalcó que “ejerceré mis facultades como presidente y libertades como ciudadano y no callaré ante el pillaje y la injusticia”.
Previó a la lectura de la carta, López Obrador cuestionó la rapidez con la que se resolvió el amparo pues dijo “hay quienes solicitan la suspensión, la protección de la justicia y tardan en ser atendidos, pero aquí fue vía rápida”.
El juez Juan Pablo Gómez Fierro suspendió “todos los efectos” de la reforma, cuyo principal cambio es eliminar el criterio económico para despachar primero las plantas hidroeléctricas y combustibles fósiles de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) sobre las privadas de renovables.
También ordenó revisar de forma retroactiva los permisos de autoabastecimiento y contratos previos del Gobierno con productores independientes de energía, además de cambiar las reglas de los Certificados de Energía Limpia (CEL) para darlos a plantas viejas de la CFE.
