- Por 6 votos a favor y con el voto en contra del magistrado presidente, José Luis Vargas, la Sala Superior determinó que Félix Salgado Macedonio no contenderá por la gubernatura de Guerrero.
- Tribunal asegura que Salgado sí fue precandidato y violó la ley. Ahora Morena deberá sustituir al candidato en un lapso de 48 horas.
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó la pérdida de la candidatura de Morena a la gubernatura de Guerrero a Félix Salgado Macedonio, de acuerdo con el proyecto de Indalfer Infante Gonzales y el respaldo de Mónica Soto, Janine Otálora, Felipe De la Mata, Reyes Rodríguez Mondragón y Felipe Fuentes.
En contra de sus seis compañeros, el magistrado presidente José Luis Vargas Valdez mantuvo su postura que la cancelación del registro a Félix Salgado Macedonio es una sanción desproporcionada e injustificada y no existió actitud dolosa por lo que solo se tiene que sancionar y regresar su registro.
En el mismo sentido, salvo por el ministro Vargas que respaldó el proyecto de la ministra Mónica Soto, la Sala Superior del Tribunal Electoral desechó las quejas presentadas por Raúl Morón quien fue postulado por Morena a la candidatura de Michoacán y a quien el Instituto Nacional Electoral decidió retirar de la elección por no rendir cuentas de su precampaña.
“La conducta desplegada por el aspirante a la candidatura de Morena para la gubernatura de Guerrero sí admite la calificación de dolosa y de gravedad especial, de manera particular, dentro del procedimiento especial sancionador, en el cual se observó una conducta caracterizada por la negativa de tener el carácter de precandidato, de haber desplegado actos de campaña y de presentar el informe de gastos correspondiente”, argumentó la ministra Mónica Soto.
El pasado 9 de abril, por 5 votos a favor y dos en contra, la Sala Superior del TEPJF resolvió devolver el caso al INE para una nueva valoración, reconociendo que los aspirantes sí fueron precandidatos y realizaron precampañas, siendo omisos en la presentación de sus informes de gastos, lo que la ley electoral castiga con la cancelación del derecho al registro.
