Detrás de la negativa a reconocer a Joe Biden por datos estatales que no han sido refrendados por alguna autoridad electoral y sin que aún tenga el reconocimiento legal como presidente electo, la decisión del presidente de México de esperar la oficialización representa un mensaje estratégico de soberanía nacional que debiera ser leído con inteligencia por los asesores estadunidenses.
En cambio, ahora resulta que importantes sectores nacionalistas mexicanos quieren que México se postre ante el nuevo emperador estadunidense, lo mismo el diplomático molusco Porfirio Muñoz Ledo que exfuncionarios que cedieron soberanía ante George Bush Jr. y Barack Obama. Inclusive, no ha faltado quien advertía que no hay que hacer enojar a Biden porque luego nos podría maltratar.
Sin embargo, pocos han intentado hacer una definición de la agenda de política exterior y seguridad nacional de Biden y su enfoque de su vecino del Sur que hasta ahora ha actuado como colchón anticrisis migratoria, ni menos aún han intentado analizar los costos que faltan del Tratado de Comercio Libre 2.0.
Y como es de esperarse, esta clase política opinadora mexicana tampoco ha analizado los márgenes de maniobra de la diplomacia mexicana de seguridad nacional con los EE. UU., ni las exigencias para evitar una nueva fase de subordinación de México a los intereses nacionales políticos, económicos y de seguridad nacional de los EE. UU. Trump le impuso a México decisiones, pero en la lógica estrecha de intereses concretos; Biden y la comunidad demócrata-republicana de seguridad nacional civil, militar y privada viene por la reconstrucción del poder imperial de la Casa Blanca que el aislacionismo de Trump había disminuido.
La decisión del presidente López Obrador de ajustarse a la legalidad electoral de declaración de victorias oficiales puede, en consecuencia, leerse como una distancia soberana de los intereses de la nueva élite gobernante que llegará al poder imperial. Biden arrastra los malos tratos y desdenes en los ocho años de gobierno de Obama 2009-2017, de la deportación de tres millones de migrantes hispanos –la abrumadora mayoría de mexicanos– y la falta de voluntad política para negociar en el congreso estadunidense una nueva política migratoria, a pesar de los compromisos dos veces asumido de una ley migratoria a cambio de votos.
De acuerdo con una discusión demócrata de la agenda mexicana de Biden realizada en la Universidad de Harvard hace unos días, los EE. UU. van a apretarle las tuercas a México en comercio, respeto a inversiones, reclamos a Palacio Nacional por reglas en Pemex y CFE y presiones para reabrir el sector energético a las inversiones estadunidenses. Habrá iniciativas para coinversiones entre los dos países en la zona fronteriza para aumentar el desarrollo y reorganización de las aduanas. Y, desde luego, una mayor presión de la Casa Blanca en materia de cárteles mexicanos que operan sin persecución policiaca en México, con el agregado de que habría más operaciones de las policías estadunidenses dentro de México para perseguir y atrapar a funcionarios y políticos aliados al crimen organizado.
La clave de las relaciones México-EE. UU. fueron señaladas en Harvard como derivadas de la fecha de reconocimiento del gobierno mexicano a los votos a Biden revelados por los estados; en la estrategia estadunidense, México tiene que demostrar voluntad reconociendo a Biden antes de la calificación oficial; si esa declaratoria fuera después, entonces las relaciones de la Casa Blanca estarán basadas en las presiones implacables del imperio.
Tlaxcala. La elección de gobernador en Tlaxcala comienza a calentarse por las denuncias contra la superdelegada federal en la entidad, Lorena Cuéllar Cisneros, expriísta, experredista y ahora morenista, quien operó fondos del programa “Jóvenes Construyendo el Futuro” con denuncias de corrupción fincadas ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, oficina que ya informo a la Secretaría de Bienestar para las denuncias correspondientes. Por lo pronto, la hoy diputada y sobrina del secretario particular del presidente Díaz Ordaz, Joaquín Cisneros, no acató medidas cautelares y puede encarar responsabilidades penales.
Política para dummies: La política, en paráfrasis de Carroll, se juega detrás del espejo.
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