Las elecciones legislativas mexicanas del pasado 6 de junio ayudaron a reconfigurar el panorama de los factores reales de poder existentes. Dos datos destacan entre muchos: la construcción de un frente de centro-derecha con nuevos grupos de poder y el surgimiento de grupos localizados del crimen organizado en la configuración de espacios gubernamentales locales y del congreso federal en su Cámara de Diputados.
El dato mayor se localiza en el fortalecimiento del partido Morena, del presidente López Obrador, como la fuerza política más importante con 35% de los votos y 55 por ciento en alianza con el Partido del Trabajo y con el Partido Verde ecologista, dos partidos sin fuerzas reales, pero con votos suficientes para construir alianzas. Lo importante de este dato radica en el hecho de que Morena no es formalmente o en sentido estricto un partido político –de ideas, de masas o de programa de gobierno–, sino que se identifica, en lenguaje politológico, como un movimiento de movimientos, o alianza de una diversidad de pequeños y medianos grupos sociales bajo el liderazgo del presidente López Obrador.
Del lado opuesto, México ya ofrece un panorama diferente. El PRI, que había sido el partido dominante con porcentaje de votos hasta 90%, se desplomó a una votación menor a 20%, sin capacidad para liderar de manera decidida alguna coalición y a ello se agrega el hecho de que sus principales aliados hoy fueron el PAN, partido de la derecha nacido en 1939 para oponerse al PRI, y el PRD del cardenismo que rompió con el PRI en 1987 y se alió al Partido Comunista Mexicano para crear una especie de izquierda no marxista sino basada en la ideología social de la Revolución Mexicana que había ya soslayado el PRI en sus programas de gobierno.
A esta alianza PRI-PAN-PRD –conocida con el mote de prianredé— se adhirieron cuando menos cuatro formaciones fuera de los procesos electorales directos: el gobierno de Estados Unidos a través de apoyo a fundaciones social-electorales, la prensa extranjera pidiendo el voto contra de Morena, el sindicato patronal político COPARMEX y el empresario activista antisistema Claudio X. González.
Lo paradójico de esta nueva alianza radica en el hecho de que todos los nuevos grupos, el PAN y el PRD habían sido enemigos históricos del PRI en sus dos fases: la populista de 1934 a 1982 y la neoliberal de 1983 a 2012. En este escenario, ha habido en México un realineamiento de la derecha al centro y del centro a la derecha, abandonando el centro-izquierda en manos de Morena. El PRI no es el eje de la nueva coalición, sino que el nuevo cetro dinamizador de la alianza de centro-derecha es el PAN, el partido católico conservador nacido de los banqueros de los años treinta.
El gobierno de EEUU siempre ha querido inducir reagrupaciones conservadoras. En 1985 hizo un intento audaz para coaligar al PAN con empresarios de derecha, la jerarquía católica conservadora y grupos vinculados a los intereses estadounidenses. La idea entonces era ganar el congreso en 1985 y buscar la alternancia presidencial al PAN en 1988. El pivote organizador de la alianza de 1985 fue el entonces embajador estadunidense en México John Gavin, un actor compañero de películas del presidente Reagan. Sin embargo, a la hora decisiva Gavin no pudo consolidar la alianza y el PRI conservador del gobierno tecnócrata de Miguel de la Madrid ganó la mayoría legislativa en 1985 e impuso como candidato presidencial a Carlos Salinas de Gortari, quien llegó con la bandera del tratado de Comercio libre que dio el giro económico a la derecha de México terminando con casi ochenta años de dominio estatista.
El espacio de oportunidad de las elecciones de este año en México con el enfoque social-popular-populista del gobierno del presidente López Obrador provocó la construcción del bloque opositor conservador de centro-derecha, uniendo a viejos adversarios históricos como lo fueron el PRI, el PAN y el PRD con las nuevas formaciones político-sociales activistas a favor de la defensa del modelo de globalización económica en torno al mercado.
El saldo final benefició a Morena de López Obrador, aunque con menos votos que en el 2018; sin embargo, le ratificó la mayoría absoluta para poder cambiar o aprobar leyes con el 51% de votos, pero negándole la mayoría calificada de 67% para cambiar la Constitución por un mismo grupo político. En el pasado, hasta 1988, el PRI mantenía una mayoría de 70%-100% que le permitía cambiar la Constitución por sí mismo. A partir de los ochenta se decretó que ningún partido por sí solo podría tener mas de 60% de votos para obligar a alianzas pluripartidistas para cambiar la Constitución con el voto de dos terceras partes.
En la nueva coalición conservadora de los tres partidos políticos tradicionales más Estados Unidos, los empresarios y la prensa internacional fue el resultado más significativo y de largo plazo del proceso electoral. Pero no habrá ninguna otra oportunidad de consolidar esta alianza sino hasta las elecciones presidenciales del 2024. De todos modos, la coalición PRI-PAN-PRD ya anunció su funcionamiento como bloque legislativo en la Cámara de Diputados para cuando menos restarle credibilidad a la aprobación de las leyes que tendrá con facilidad Morena por su mayoría de 55%. No se tienen evidencias claras de que exista un acuerdo legislativo formal en función de propuestas de leyes específicas, sino que la alianza estará atada solamente al objetivo de oponer o dificultar la aprobación de leyes por parte de Morena como mayoría absoluta.
El escenario político de México, en efecto, se modificó en estas elecciones: nunca se había dado una alianza tan específica entre los tres partidos que fueron adversarios históricos a lo largo de más de ochenta años y que se unieron sólo bajo la motivación exclusiva de evitar la mayoría de Morena en el Parlamento. A partir de ahora, pues, México tendrá dos bloques de poder: de un lado, el de Morena; y del otro, la extraña de la izquierda, el centro y la derecha tradicionales para oponerse a López Obrador.
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