- Con Argentina agregado recientemente, América Latina apenas suma cuatro países en despenalizar el aborto.
- En Ecuador, el aborto consentido constituye un delito penado con hasta dos años de prisión.
La organización Human Rigths Watch (HRW) instó a la Asamblea Nacional (Parlamento) en Ecuador a eliminar “todas las sanciones penales para el aborto”, y al jefe de Estado, Guillermo Lasso, a trabajar con las autoridades pertinentes para “garantizar el acceso al aborto no punible” conforme a la ley.
En un informe publicado recientemente, acusa que actualmente las leyes de Ecuador que criminalizan el aborto violan los derechos de las mujeres y las niñas y ponen en riesgo su vida y su salud.
El informe de 128 páginas, “‘¿Por qué me quieren volver hacer sufrir?’: El impacto de la criminalización del aborto en Ecuador” documenta las vastas consecuencias perniciosas que ocasionan estas leyes en Ecuador, y que tienen un costo en vidas humanas al aumentar la mortalidad y morbilidad materna, impedir que las mujeres y niñas accedan a servicios esenciales y menoscabar otros esfuerzos más generales orientados a promover la salud sexual y reproductiva.
El documento establece que las mujeres y las niñas acusadas de aborto suelen experimentar violaciones de sus derechos al secreto profesional y al debido proceso, y enfrentan obstáculos significativos para poder acceder a representación legal de calidad. Las judicializaciones afectan no solo a mujeres que desean interrumpir voluntariamente un embarazo no deseado, sino también a quienes tienen abortos espontáneos o emergencias obstétricas, o requieren atención postaborto.
“La criminalización del aborto no solo afecta la posibilidad de las mujeres y las niñas de acceder a servicios esenciales de salud sexual y reproductiva, sino que también exacerba las desigualdades y la discriminación”, señaló Ximena Casas, investigadora de derechos de la mujer en Human Rights Watch.
“Ecuador debe eliminar todas las sanciones penales en casos de aborto. Como mínimo, debe garantizar el acceso efectivo al aborto en todos los supuestos legales y dejar de judicializar a las mujeres y las niñas que buscan atención médica esencial”, continuó.
En Ecuador, el aborto consentido constituye un delito penado con hasta dos años de prisión en el caso de las mujeres que dan su consentimiento para realizarse un aborto, y con entre uno y tres años para los profesionales de la salud que practican un aborto. Solo se contemplan excepciones si la vida y la salud de la persona embarazada están en riesgo, y en todos los casos de violencia sexual.
El 28 de abril de 2021, la Corte Constitucional del Ecuador dictó una sentencia por la cual despenalizó el aborto para las personas que están embarazadas como resultado de una violación sexual. Previamente, la ley permitía estos abortos únicamente si la persona tenía una discapacidad intelectual.
La corte dispuso que la Defensoría del Pueblo, en un plazo de dos meses, redactara y presentara ante el legislativo un proyecto de ley que diera cumplimiento a la sentencia y exigió a la Asamblea Nacional que lo debatiera en los seis meses siguientes a su presentación. La corte dejó sentadas las bases para una despenalización más amplia, y concluyó que la Asamblea Nacional tiene la obligación de legislar de modo tal que se efectivice el “derecho a vivir con dignidad” y no puede eludir su responsabilidad de proteger todos los derechos constitucionales de las mujeres y las niñas.
El 28 de junio de 2021, en cumplimiento de lo resuelto por la corte, la Defensoría del Pueblo presentó una nueva ley ante la Asamblea Nacional. El proyecto legislativo se preparó a partir de un diálogo nacional con organizaciones feministas y reconoce el derecho al aborto en todos los casos de violación sexual, conforme a los estándares en derecho internacional de derechos humanos.
Ante tal debate, “El gobierno de Ecuador debe garantizar el acceso a servicios integrales de salud sexual y reproductiva”, manifestó Casas.
“Los legisladores y el presidente Guillermo Lasso recientemente elegidos tienen la oportunidad de poner fin a una política cruel y de sumarse a los países de todo el mundo que están introduciendo reformas en su legislación para facilitar el acceso al aborto, en consonancia con sus obligaciones de derechos humanos y con el reciente pronunciamiento de la Corte Constitucional.”, concluyó.
América Latina y el aborto
Con la aprobación del Senado argentina a favor de la Ley de Interrupción del Embarazo, Argentina fue el cuarto país de América Latina en despenalizar el aborto.
Es decir, el panorama aún es desolador, como estadística, tan solo en Brasil, se estima que un millón de mujeres acceden a abortos clandestinos cada año.
Los únicos lugares donde los abortos son legales actualmente en América Latina son Uruguay, Cuba, Guyana y partes de México. Y ahora, por supuesto, Argentina.
En la mayoría de los países centroamericanos y en dos caribeños no está permitida bajo ninguna circunstancia, como son el caso de El Salvador, Honduras, Nicaragua, República Dominicana y Haití.
En el resto de países de la región, el aborto es permitido en ciertas circunstancias según cada legislación, aunque el punto común en la mayoría es si la vida de la madre corre peligro. En Paraguay, Venezuela, Guatemala, Perú y Costa Rica solamente se lo despenaliza en esos casos.
