Con un peligro movimiento pendular, grupos sociales que condenaron la guerra de Calderón y Peña Nieto contra las bandas del crimen organizado hoy exigen regresar al modelo de confrontación contra los cárteles. En medio aparece la poco dinámica estrategia de construcción de la paz, basada en el repliegue unilateral de las fuerzas federales de seguridad y en la convocatoria a la sociedad para repudiar a los delincuentes y regresar a la estabilidad local.
La guerra 2006-2018 contra los cárteles del crimen organizado se basó en la persecución de capos para descabezar a las bandas criminales, aunque sin afectar su capacidad de organización operativa, sus recursos financieros productos de la droga y sus enclaves territoriales en zonas que antes le pertenecían a la soberanía política del Estado.
La nueva estrategia de seguridad basada en el concepto de “construcción de la paz” ha tenido dos años de inactividad operativa, pero sin poner en su lugar programas estructurales de desarrollo para crear empleo, salarios y bienestar, ni tampoco desarrollando estrategias de inteligencia para desarticular el poderío de las bandas del crimen organizado.
En estos dos años tres cárteles fundados en sexenios anteriores –el Jalisco Nueva Neneración, el del Chapo y el del Golfo— han incrementado su capacidad y fuerza nacional y en Estados Unidos sin que exista alguna estrategia de inteligencia para desarticular su poderío, y hasta ahora no se han puesto en operación decisiones para fortalecer al Estado en la república, para romper las cadenas de acceso armas de alto poder y para atacar la riqueza del narco que constituye su principal fuerza de funcionamiento.
El problema radica en el hecho de que una nueva ofensiva de seguridad operativa no conseguiría su objetivo de derrotar a los cárteles, sino que reactivaría la dinámica de la violencia que en el pasado aumento la tasa de víctimas civiles colaterales. Los tres carteles más importantes parecen dispuestos a desarrollar una respuesta de guerra convencional para mantener su poder y sus territorios.
La estrategia de construcción de la paz tardó en ponerse en operación y se ha concretado a negociaciones con la población y a apoyos directos con subsidios a determinados grupos sociales, pero sin la participación del sector privado ni del gasto público productivo para restaurar empresas que dinamicen la actividad económica, el empleo y los salarios.
La crisis en Aguililla, Michoacán, podría ser un buen laboratorio de análisis estratégico para evaluar los errores y tardanzas del modelo gubernamental de construcción de la paz y de la capacidad del CJNG para fortalecer su capacidad económica y bélica sin ninguna intervención gubernamental para impedirlo. Ante la tardanza de llegada de las políticas públicas, la población de Aguililla se autoorganizó para defenderse, pero sin los controles estrictos que debieran tener las policías comunitarias o los grupos de autodefensa.
La presencia del Ejército y la Guardia Nacional no ha tenido los efectos disuasivos esperados por la razón lógica de que una fuerza de poder del Estado tiene que imponerse sobre los grupos en pugna y no esperar a una rendición de la plaza que nunca se dará. Ello ha llevado actos de franca provocación criminal con ataques de los grupos delictivos a zonas y cuarteles militares en busca de respuesta para desarrollar una guerra.
Frente al saldo sangriento de la guerra contra el narco 2006-2018, las cifras de homicidios dolosos han sido mayores en estos años de construcción de la paz, pero acreditables esas cifras a la incapacidad estratégica de los carteles del crimen organizado para entender la oportunidad de distensión de la violencia en sus zonas de control y a las guerras entre cárteles para conservar o expandir plazas.
Lo que está en el aire es la capacidad de respuesta bélica del Estado si las circunstancias de violencia en zonas como Aguililla conducen a mayores periodos de violencia criminal. Los actos de provocación del crimen organizado parecen estar llegando al punto de inflexión para la participación operativa de las fuerzas federales de seguridad, en el entendido de que se están desarrollando acciones de inteligencia para detectar la capacidad de fuerza de los cárteles y el costo social del regreso a los combates bélicos. Pero en sectores federales de seguridad existe la certeza de que la estrategia unilateral de freno de acciones operativas pudiera estar llegando a su fin ante la agresividad y arrogancia de los cárteles criminales.
El segundo semestre del 2021 será determinante para evaluar el efecto y saldo de dos y medio años de estrategia de construcción de la paz y comenzarán a evaluarse acciones operativas para atacar a los cárteles que siguen estando con capacidad armada muy por abajo de la estructural de las fuerzas federales de seguridad.
@carlosramirezh
Canal YouTube: https://t.co/2cCgm1Sjgh
