Acusan que Rusia ‘asesinó’ con políticas y represión policial el derecho a protestar

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De acuerdo a Amnistía Internacional, las autoridades rusas erosionaron el derecho a la libertad de reunión pacífica usando leyes cada vez más restrictivas así como tácticas policiales de mano dura y causas penales para acallar la disidencia pacífica, hasta el punto de que es prácticamente imposible llevar a cabo una protesta significativa en el país.

La organización documenta cómo la represión de las protestas pacíficas, que comenzó con la Ley Federal sobre Reuniones de 2004, se aceleró en los últimos años a través de sucesivas reformas legislativas y de su aplicación cada vez más selectiva y restrictiva. Ahora existe un sinfín de restricciones legales sobre quién puede ejercer el derecho a protestar en la calle y cuándo, dónde, cómo y con qué finalidad.

“Las autoridades rusas llevan años reprimiendo el derecho a la libertad de reunión con increíble persistencia e inventiva. No hubo otra cosa en la que pusieran tanto empeño en todos los niveles de poder. Así, la protesta callejera pacífica llegó a ser considerada delito por las autoridades del Estado, y un acto de heroísmo por la población rusa que aún cree que tiene derecho a ejercerla”, afirmó Oleg Kozlovsky, investigador de Amnistía Internacional sobre Rusia.

“Las ilegítimas restricciones, obligaciones y duras sanciones impuestas a las personas que se manifiestan en Rusia son tan absurdas que sólo pueden describirse como kafkianas. Tras 16 años y 13 maniobras parlamentarias para retocar la legislación, las autoridades rusas consiguieron vaciar completamente de contenido el derecho a la libertad de reunión pacífica.”, aseguró.

De las 13 reformas legislativas más importantes utilizadas para restringir el derecho a la libertad de reunión pacífica en Rusia, 9 fueron aprobadas desde 2014 como parte de la represión de las protestas antigubernamentales y de los derechos humanos garantizados por el derecho internacional de los derechos humanos y la propia Constitución rusa.

Las autoridades locales continuaron la tendencia marcada por la legislación federal y introdujeron nuevas restricciones sobre el derecho de reunión pacífica. Estos cambios dieron alas tanto a la policía, cuyos agentes emplean cada vez más tácticas de mano dura para acallar a manifestantes pacíficos, como al sistema de justicia penal, cuyos tribunales les imponen duras penas.

Restricciones legales de las reuniones públicas

Con la ley en su forma actual, los requisitos se alargaron y son más restrictivos que nunca. Por ejemplo, las personas que fueron declaradas culpables más de una vez en 12 meses consecutivos de “delitos contra el orden constitucional, la seguridad del Estado y la seguridad o el orden social”, o de infracciones administrativas relacionadas con protestas, tienen prohibido organizar reuniones públicas de todo tipo.

Según la normativa federal, no se pueden celebrar reuniones cerca de sedes judiciales, prisiones, residencias presidenciales y, desde diciembre de 2020, servicios de emergencia. Sin embargo, la legislación regional endurece aún más estas restricciones: en el óblast (región) de Kírov, por ejemplo, la legislación local prohíbe toda clase de reuniones cerca de centros médicos, educativos, culturales, comerciales y de ocio, parques infantiles y hasta paradas de transporte público; en la práctica, casi cualquier lugar de una ciudad. Las reuniones espontáneas, es decir, no programadas, están totalmente prohibidas y, cuando suceden, se disuelven mediante fuerza excesiva.

Desde diciembre de 2020, tanto las personas extranjeras y organizaciones extranjeras e internacionales como las personas y organizaciones rusas que fueron calificadas de “agentes extranjeros” por las autoridades tienen prohibido financiar reuniones públicas. Además, las reuniones de más de 500 participantes deben estar organizadas y financiadas con un número de cuenta bancaria asociado; de lo contrario, son ilegales.

Los responsables de organizar casi cualquier clase de protesta deben notificarla previamente a las autoridades.

“Las autoridades usan habitualmente los procedimientos de ‘notificación previa’ de reuniones para limitar el número de participantes, trasladar la reunión a una zona de la ciudad escasamente poblada o prohibirla del todo con cualquier excusa. Por otra parte, con arreglo a las reformas legislativas aprobadas en 2021, las autoridades pueden ‘retirar’ permisos con pretextos ambiguos e injustificados como la ‘amenaza real’ de ‘una emergencia o un ataque terrorista’”, detalló Oleg Kozlovsky.

Además, acusa que el Código de Infracciones Administrativas y el Código Penal se amplió drásticamente a lo largo de los años, con disposiciones que restringen el derecho a la libertad de expresión y de reunión pacífica y la imposición de sanciones más duras por varios “delitos”.

Desde 2011, el número de infracciones concretas tipificadas en la Ley sobre Reuniones aumentaron de 3 a 17. La cuantía máxima de las multas subió de 60 dólares en 2012 a 4 mil en 2021, y se introdujo la detención administrativa por periodos de hasta 30 días para castigar 12 de estas 17 infracciones.

La más represiva de las medidas fue la introducción de la responsabilidad penal en 2014, con penas de hasta cinco años de prisión por la infracción reiterada de la Ley sobre Reuniones en virtud del artículo 212.1 del Código Penal.

“Además de ser penalizadas por ejercer su derecho de protesta pacífica, las personas detenidas por manifestarse en Rusia son sometidas a juicios injustos que prácticamente son parodias de la justicia, ya que a veces las actuaciones sólo duran cinco minutos, no son llamados a declarar testigos clave y se admiten los informes policiales sin cuestionarse su veracidad”, continuó Kozlovsky.