- Los talibanes deben demostrar su compromiso con los derechos humanos a través de acciones, y no de términos imprecisos, asegura Human Rights Watch.
- Durante los últimos años, los talibanes han estado implicados en la muerte de decenas de periodistas y han proferido amenazas contra muchos más.
Los nuevos líderes talibanes de Afganistán se han comprometido a respetar los derechos humanos empleando discernimientos imprecisos que profundizan las dudas sobre su credibilidad, señaló Human Rights Watch.
Durante una conferencia de prensa que tuvo lugar en Kabul el 17 de agosto de 2021, un vocero de los talibanes, Zabihullah Mujahid, intentó asegurar a los civiles afganos y a la comunidad internacional que el nuevo gobierno respetaría los derechos humanos, incluidos los derechos de las mujeres y niñas, la libertad de los medios de comunicación y las garantías para quienes se hayan desempeñado como funcionarios públicos.
Sin embargo, “los talibanes deben demostrar su compromiso con los derechos humanos a través de acciones, y no de términos imprecisos”, apuntó John Sifton, director de Incidencia para Asia de Human Rights Watch.
“Para ganarse la confianza de la nación y del mundo entero, las autoridades talibanes en todo Afganistán deberán respetar los derechos humanos de todas las personas y permitir que las Naciones Unidas y otras entidades independientes vigilen cuáles son las condiciones de derechos humanos”, aseguró.
Ante esta situación, está previsto que el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas celebre una sesión especial el 24 de agosto para tratar la situación de los derechos humanos en Afganistán.
Durante la conferencia de prensa, el vocero Mujahid sostuvo que los talibanes respetarían los derechos humanos y el derecho internacional. Manifestó que “no iban a buscar venganza contra ninguna persona, y que no había rencores contra nadie…. El Emirato Islámico [el gobierno talibán] no tiene ningún tipo de hostilidad ni animosidad hacia nadie”. Con respecto a los soldados del gobierno anterior y los intérpretes que se hayan desempeñado para fuerzas militares extranjeras, expresó que “nadie va a ir a golpear a su puerta para inspeccionarlos… ni interrogarlos…. Van a estar bien”.
Sin embargo, en las últimas semanas, Human Rights Watch y otras organizaciones han reunido información sobre asesinatos perpetrados por talibanes contra agentes de seguridad del gobierno que fueron detenidos. Sigue circulado información sobre fuerzas talibanes que buscan a exfuncionarios y a otras personas desde que tomaron el control de Kabul, y en los medios se informa que han visto a talibanes empleando fuerza excesiva y letal para dispersar a multitudes en el aeropuerto de Kabul y durante una protesta en Jalalabad.
Desde hace tiempo los talibanes amenazan y en muchos casos, han matado a empleados públicos, activistas de derechos humanos y derechos de las mujeres, así como a otras mujeres con funciones destacadas.
Con respecto a la libertad de los medios de comunicación, Mujahid dijo que los talibanes tenían el “compromiso de trabajar con los medios dentro de nuestros marcos culturales. Los medios privados pueden seguir siendo libres e independientes, pueden seguir adelante con sus actividades, pero no puede haber “nada que se oponga a los valores islámicos”. Y si bien dijo que los medios de comunicación “podrán criticar nuestro trabajo para que podamos mejorar”, también agregó: “Es muy importante que los afganos asignen importancia a sus valores nacionales, a la unidad nacional y al consenso nacional. Los medios no deben operar contra los valores nacionales ni contra la unidad nacional”.
Durante los últimos años, los talibanes han estado implicados en la muerte de decenas de periodistas y han proferido amenazas contra muchos más. Mujahid sugirió que los talibanes se proponen regular o censurar las coberturas periodísticas que sean críticas de su forma de gobierno o que de algún modo menoscaben la “unidad” de Afganistán.
“Incluso cuando apoyan derechos humanos como la libertad de los medios de comunicación, los talibanes acompañan esto con una amenaza subliminal que genera consternación”, apuntó Sifton.
“Es fundamental que la ONU establezca un mecanismo internacional de determinación de los hechos para el seguimiento de las condiciones de derechos humanos y para que se informe de manera pública sobre la situación”, continuó.
Ante la caída del gobierno afgano como consecuencia de la toma del poder por los talibanes, Agnes Callamard, Secretaria General de Amnistía Internacional, también manifestó que, “Lo que estamos presenciando en Afganistán es una tragedia que se debería haber previsto y evitado. Si no hay una acción rápida y decisiva de la comunidad internacional, no hará sino complicarse aún más. Miles de personas afganas en grave peligro de sufrir represalias a manos de los talibanes, desde personal académico hasta periodistas, activistas de la sociedad civil y defensoras de los derechos humanos podrían verse abocadas a un futuro muy incierto”.
