Las denuncias no son para nada menores.
El 27 de julio anterior el gobernador saliente de Michoacán, el perredista Silvano Aureoles se presentó ante la OEA para denunciar la permisiva actitud del presidente Andrés Manuel López Obrador ante la abierta intromisión del narco y crimen organizado en las elecciones del 6 de junio pasado.
Ayer, y para lo mismo, ante ese mismo organismo se presentaron en Washington Alejandro Moreno, Marko Cortés y Jesús Zambrano dirigentes del PRI, PAN y PRD quienes además incluyeron la queja del uso faccioso de instituciones por parte del mandatario mexicano contra opositores y medios de comunicación.
Este lunes, según una información de Milenio, trascendió que magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación repasan el documento final de una denuncia que será presentada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para denunciar el acoso y la intimidación constante del Presidente Mexicano en su contra, así como del INE y sus consejeros.
Luego de enterarse de la denuncia de los dirigentes de partidos, López Obrador les pidió desde su mañanera “andarse con cuidado”, lo que para no pocos fue una abierta amenaza.
En su conversación con Luis Almagro, secretario general de la OEA y excanciller de Uruguay, el gobernador michoacano dijo que la actuación de AMLO ante los cárteles y el crimen organizado más que permisiva ha sido cómplice al grado de que no pocos ven ya indicios de que México pudiera estar en la ruta del narco-Estado.
Por ello le pidió no dejar solo a México al grado de que el próximo presidente de México pueda ser electo por esa delincuencia.
Ayer todo lo dicho por Aureoles y mucho más fue ratificado por los dirigentes del PAN, PRI y PRD, que forman la coalición de Va por México.
“(Lo vimos) muy preocupado por lo que está pasando en México; se comprometió a estudiar con detenimiento el informe que hemos presentado y prometió que en un tiempo perentorio, no nos dio plazo exacto, dará respuesta formal a lo que les hemos presentado”, resumió Jesús Zambrano.
AHORA VAN MAGISTRADOS DEL TRIFE
Sin revelar nombres, Milenio diario reportó ayer que un grupo “mayoritario” de los 7 magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación han decidido acudir ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para denunciar el acoso que ejerce el presidente Andrés Manuel López Obrador en su contra.
La intromisión y los amagos indican, son constantes de su parte: crítica sus sentencias y los acusa directamente de corrupción y ponen en duda su integridad, capacidad, imparcialidad y responsabilidad como jueces.
Por ello igual analizan acudir a la Suprema Corte en busca de que se dicte una medida cautelar contra el Presidente, a través de un llamado que le ordene suspender las actuaciones hostiles contra su labor.
Los magistrados afirman que hay antecedentes similares dictados por organismos internacionales en favor de jueces en Honduras, Venezuela y Ecuador. Indican que el hostigamiento de AMLO en su contra se ha hecho insoportable ya que, en “al menos 11 conferencias de prensa” de las últimas semanas ha emitido acusaciones y advertencias en su contra.
MONREAL PREVÉ 19 CAMBIOS CONSTITUCIONALES
Ricardo Monreal afirmó ayer que su proyecto de Reforma Electoral no plantea poner en riesgo ni la autonomía del Instituto Nacional Electoral, ni la del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Y dijo que su proyecto, en el que trabaja desde hace ya 6 meses, contempla hasta hoy cambios a 19 artículos de la Constitución, y una sustitución escalonada de consejeros y magistrados.
“Lo envié (su proyecto), a consejeros, a magistrados del Tribunal, a académicos; alguno lo filtró porque lo envié vía electrónica y eso fue lo que salió la semana pasada como una filtración no autorizada, aunque sí es un reflejo fiel de parte de la propuesta”.
En entrevista con Carmen Aristegui, dijo no conocer aún el contenido del proyecto que presente el Presidente de la República, “pero yo no he escuchado al Presidente que quiera que el gobierno organice las elecciones…”
“Creo que más bien tiene que ver en cómo reducir los costos de un órgano tan obeso y costoso para el país; en cómo apegarlo al principio de legalidad, en no permitirle que abuse e invada las atribuciones de otros poderes y en evitar que actúe en contra de un partido y en beneficio de otros.
“Todo eso es parte de la necesidad constitucional y legal de ajustar los actos de este órgano autónomo”, concluyó.
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