En México, al menos 750 mil mujeres cada año interrumpen su embarazo. Lo hacen en la clandestinidad y arriesgan vida y salud. Nadie, con un poco de inteligencia, supone que lo hacen como deporte. Es el último recurso y significa un riesgo permanente; sobre todo, entre las más pobres.
En 1976, el aborto inseguro fue identificado como un problema de salud pública, y hoy sabemos —con datos, documentos, encuestas y casos— que la mayoría de las mujeres que interrumpen su embarazo son católicas, de edades y condiciones socioeconómicas muy diversas en todas las regiones del país.
En 1974, la Constitución abrió el derecho para decidir sobre el número y espaciamiento de los hijos en cada mujer o pareja, base constitucional nacional de las tres sentencias resueltas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), apenas hace 20 días, lo que constituye un avance indiscutible que generará, de todas maneras, un debate cruzado por los “valores” y por el carácter machista de la sociedad mexicana.
Para nuestras y nuestros lectores, es momento de contarles que en México, desde los años 30 y en distintas entidades del país, se introdujo excepciones no punibles al delito, como por violación, peligro de vida de la madre y otras siete causas. Desde 1923, en Yucatán fue excepción las de causas económicas. Hoy, lo han legalizado en la Ciudad de México y en tres entidades: Oaxaca, Hidalgo y Veracruz, pero la inmensa mayoría de los estados de la república mantiene al aborto como un delito.
Las sentencias de la Corte no resuelven de facto la prohibición, pero dejan en claro que es inconstitucional la criminalización contra las mujeres, así como señalar en las constituciones locales los derechos del feto, y que el Congreso deberá discutir la introducción subterránea que se hizo a la Ley de Salud sobre la objeción de conciencia.
Todas, buenas noticias; sobre todo, si sabemos que, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), tres de cada 10 abortos son inseguros, que miles de mujeres quedan incapacitadas por a la regulación sanitaria y que el clandestinaje repercute en gastos por la atención a mujeres con abortos mal practicados. En el mundo, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), significan 533 mil millones de dólares anualmente.
Después del 9 de septiembre, podremos arreciar una discusión razonable e inteligente, sobre los derechos de las mujeres, su libertad, las obligaciones del Estado y sus gobiernos para respetar los derechos sexuales y reproductivos. Inadmisible la muerte materna por aborto si puede prevenirse. Inadmisible que en un estado liberal se coercione a las mujeres a la maternidad forzada.
Este 28 de septiembre se cumplen 31 años desde que, en Argentina en 1990, en el V Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe, se acordó el Día por la Despenalización y Legalización del Aborto. Luego se volvió global. Este día, en México movilizará a decenas de colectivas de la Marea Verde en una jornada celebratoria y de júbilo por las decisiones de la SCJN, dirigidas a poner fin al aborto clandestino y la criminalización.
Así, en tres décadas se inicia una nueva etapa, donde nuevas negociaciones, nuevas demandas y acciones legislativas y reglamentarias dejarán en el pasado el miedo para las mujeres que interrumpen su embarazo en las sombras y el riesgo. Ello no significa que desaparecerá de facto la resistencia, pero abre un parteaguas para avanzar, en madurez y empatía, sobre los derechos humanos.
Oportunidad para explicar con sencillez y claridad el sentido de la despenalización, discutir desde otro lugar, y que obliga a desplegar una cruzada nacional sobre la libertad y la toma de decisiones individuales.
Periodista, directora del portal informativo SemMéxico.mx
