En 1953 a la mujer no se le reconoció el derecho al voto, sino se le reconoció la ciudadanía. ¿Se imaginan? Antes de ese año, la mujer era algo así como una cosa.
El 17 de octubre de 1953, siendo entonces Presidente de la República, Adolfo Ruiz Cortines se emite el decreto de reformas al artículo 34 de la Constitución General, cuyo nuevo texto se redactó en los siguientes términos:
“Son ciudadanos de la República los varones y las mujeres que, teniendo la calidad de mexicanos, reúnan, además, los siguientes requisitos: haber cumplido 18 años, siendo casados, o 21 si no lo son, y tener un modo honesto de vivir”.
Al reconocerle la ciudadanía, implícitamente la mujer gana el derecho a votar y ser votada.
El 31 de enero de 2014, siendo Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, se promulgó la reforma electoral al artículo 41 de la Constitución, que elevó a rango constitucional la garantía de la paridad entre mujeres y hombres en las candidaturas a la Cámara de Diputados, Senado y Congresos Locales. Luego éstos la amplían a los ayuntamientos.
Logros que en realidad no se le deben a los presidentes en turno, sino son producto de una larga lucha, iniciada quizá en los años 1880-1887 cuando aparecen las primeras revistas feministas, y en éstas se empieza a plantear el derecho al voto de las mujeres, así como la igualdad de oportunidades en relación con los hombres.
Hoy estamos en plena era de la paridad (después de haber pasado por la época de las cuotas de género a los cargos de elección popular). Incluso, estamos en la época de la paridad en todo. De ahí que ahora se empuje a la paridad en las gubernaturas con el respaldo decidido de las instituciones democráticas en nuestro país: El Instituto Nacional Electoral (INE) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
Mmm…más bien, gracias a las mujeres que, resultado de la larga lucha, hoy ejercercen consejerías y magistraturas electorales. Porque con sus honrosas excepciones, los varones en cargos de esta naturaleza han puesto ciertas resistancias argumentando la necesidad de un mayor análisis sobre el tema.
Bueno, ahora los retos son los siguientes: Avanzar en la paridad en la integración de los ayuntamientos, de los poderes Ejecutivo y Judicial (incluyendo áreas administrativas), de los órganos autónomos, y de todo ente público. Aun es largo el camino.
¿Y después de la paridad qué sigue? Más bien, junto con la paridad. Un reto mayúsculo: Qué el empoderamiento de la mujer en condiciones paritarias traiga consecuencias positivas para el país, para las entidades federativas y para los ayuntamientos; en general, beneficios para la población mexicana.
En alguna ocasión, en un curso sobre el tema, la especialista en la materia comentó: “Hay que preguntarse, ¿Para qué sirve el empoderamiento de la mujer? ¿La mujer en política debe seguir el mismo rol de los hombres?”
Vaya, no se trata de una crítica al género opuesto, sino reflexionar sobre la importancia de la participación de la mujer en los asuntos públicos, en la toma de decisiones, en los procesos electorales, en la democracia.
MUJERES EN GUBERNATURAS
Sin duda el mayor logro reciente, ha sido la participación de la mujer en condiciones de paridad en las elecciones para las gubernaturas, derivada de la reforma constitucional de la paridad en todo, aunque hecha realidad a punta de resolución jurisdiccional porque todavía había resistencia.
Recordemos que para los procesos electorales locales de 2020-2021, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó criterios para aplicar la paridad en la postulación de candidaturas a gubernaturas en 15 entidades federativas. Pero partidos políticos y legisladores impugnaron.
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación echó abajo dichos criterios considerando que ciertamente es facultad del Congreso de la Unión y de los Congresos Locales legislar sobre la paridad en las gubernaturas.
Sin embargo, en plenitud de jurisdicción, aunque en votación cerrada, la mayoría del Pleno de la Sala Superior determinó la obligación de los partidos políticos de postular al menos siete mujeres a las gubernaturas del total de las 15 entidades que renovarían el cargo.
Y de ahí pa’l real, así será. Aun cuando ni el Congreso de la Unión ni los Congresos Locales (a excepción de Hidalgo) han cumplido con legislar la paridad en gubernaturas antes de las siguientes elecciones, como lo ordenó el máximo órgano jurisdiccional en materia electoral.
Las siguientes elecciones serán las de 2022 en los estados de Aguascalientes, Durango, Tamaulipas, Hidalgo, Quintana Roo y Oaxaca.
¿Y qué pasa? Pues ocurre que a falta de normatividad precisa, las personas aspirantes a las gubernaturas protagonizan una guerra campal por la postulación de su respectivo partido político; una guerra mediática y principalmente en redes sociales. Hombres contra mujeres, mujeres contra hombres, mujeres contra mujeres.
En fin.
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