Durante el proceso electoral del 2 de junio de 2018, sucedió un triple asesinato en Juchitán. Fueron asesinadas la fotoperiodista María del Sol Cruz Jarquín, la candidata a regidora Pamela Terán Pineda –una de las 17 mujeres asesinadas en esa contienda– y el chofer Adelfo Guerra.
Pasaron ya 30 meses desde aquella ominosa madrugada. No existe investigación confiable. No hay detenidos. La Fiscalía General del Estado de Oaxaca: sin respuesta. El 14 de diciembre se llevará a cabo lo que se llama audiencia intermedia, suspendida más de una vez.
El 24 de noviembre, la madre de la fotoperiodista, Soledad Jarquín Edgar, entregó una carta con 18 mil firmas al presidente Andrés Manuel López Obrador, solicitando que pare el feminicidio. Pensó que se abren puertas para la justicia.
El cúmulo de irregularidades expone un sinuoso camino a la justicia, reclamada por miles de madres en todo el país. Este asesinato político sintetiza claramente cómo la justicia denegada tiene un tufo de múltiples complicidades. Injusticia penal y electoral; ejemplo de cómo anida la impunidad e intereses inconfesables.
Mire usted, María del Sol Cruz Jarquín “cubría las elecciones”. Fue enviada, bajo amenaza de perder su empleo, por el secretario de Asuntos Indígenas de Oaxaca, Francisco J. Montero López, puesto que su hermano Hageo Montero López buscaba un puesto: “Había que apoyarlo”. El candidato cometió un delito y debió sancionarse por los órganos electorales, pero solamente pagó la ridícula cantidad de 90 mil pesos, luego de meses. Hoy anda tan campante como regidor. El gobernador Alejandro Murat Hinojosa tendría que haber hecho lo mismo con el funcionario estatal; sin embargo, solo bastó con su renuncia.
La madre de María del Sol abrió seis carpetas de investigación. Nada camina. Prevalece la corrupción, la impunidad y la omisión de las autoridades locales. El colmo, hasta las pertenencias de la fotoperiodista fueron “robadas”.
El presidente mandató a la secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero atender el asunto y analizar el comportamiento del fiscal estatal Rubén Vasconcelos Méndez, protegido hasta ahora. Tendría que explicar su “ineficiencia” e incapacidad. Contrapeso único, es el Congreso del Estado, mismo que acordó llamarlo a cuentas, pero la mayoría de Morena está dividida. No se sabe si acudirá a la cita obligada. Hay una opacidad “inexplicable” en todo el proceso.
En este doble feminicidio y asesinato hay que preguntar: ¿Quién protege a los criminales? ¿Cuál es el mar de fondo? En Juchitán, la regiduría por la que competía Pamela Terán Pineda es la única en México creada en Juchitán para el tema de las energías limpias, negocio harto conocido, de intereses millonarios. ¿Quién o quiénes están detrás?
En estos tiempos hay deslinde del gobierno federal. Sánchez Cordero sostiene reiteradamente que la autonomía de las fiscalías impide intervenir; mismo argumento del gobernador, consentido del régimen. Pretexto para no actuar en miles de crímenes. Mientras, ahí está el dolor, la desesperanza, la indignación. Se abren mesas de diálogo. Muchas, pero Gobernación dice no poder intervenir. Entonces, ¿quién? ¿Dónde? ¿Cuándo? Veremos.
Periodista, directora del portal informativo semmexico.mx.
