El Congreso se dispone a aprobar nuevas medidas para los agentes extranjeros que ejerzan actividades en territorio nacional.
Se trata de una versión corregida y aumentada de un acuerdo administrativo publicado en el Diario Oficial de la Federación, del 3 de julio de 1992, firmado por los titulares de Gobernación, Relaciones Exteriores y de la extinta Procuraduría General de la República.
Tiene por objeto restringir algunas actividades que realizan y evitar que se sobrepasen en sus funciones.
Hoy por hoy las actividades que tienen los agentes extranjeros están involucradas en obtención de información para transformarla en inteligencia. Así actuó la DEA para detener a Joaquín Guzmán “El Chapo” quién proporcionó a la marina información de inteligencia en tiempo real para su detención.
También la información que obtienen los agentes extranjeros se ciñe al ámbito de sus intereses económicos y geoestratégicos, en economía y política, con el objeto de ejercer presión su política económica hacia nuevas realidades.
Quizás este sea el motivo por el que el Departamento de Estado norteamericano tenga asignado unos 400 empleados, desde la embajada en ciudad de México hasta los consulados en territorio nacional, lo que lo hace el segundo punto con más personal norteamericano en el mundo, después de El Cairo en Egipto, y con importancia para Washington.
Sin embargo las reformas a la Ley de Seguridad Nacional son la respuesta de la diplomacia mexicana, a la ausencia de información norteamericana por la detención del exsecretario de Defensa, Salvador Cienfuegos, episodio que en esta ocasión ganó el gobierno mexicano.
Pero no toda la información que recolectan los agentes extranjeros tiene como propósito su uso en los Estados Unidos. También es compartida con las agencias mexicanas de seguridad, para conocer el avance o retroceso de la inseguridad y por su nivel de actualización es usada para planear operativos.
El tema no termina ahí, ya que los nuevos escenarios de inseguridad deberían ser motivo suficiente para hacer una reforma al sistema de seguridad del país, incluida la Ley de Seguridad Nacional.
La Constitución debería ser modificada, para insertar la seguridad como una función de Estado, de la que se desprendan la seguridad pública, la seguridad interior y la seguridad nacional, como funciones de gobierno.
Hoy en día la seguridad nacional se coloca al mismo nivel que la seguridad pública, cuando es una inconsistencia dogmática, dado a que poseen distintas naturalezas, que provoca confusión.
Y mientras persistan estas confusiones, no se avanzará en el tema de la seguridad, incluido en las actividades de los agentes extranjeros.
El autor es Maestro en Seguridad Nacional por la Armada de México
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