En una jugada coincidente que en box podría calificarse como un recto a la barbilla seguido por un gancho al hígado, la Corte suspendió indefinidamente lo más importante del controvertido decretazo del presidente Andrés Manuel López Obrador del 22 de noviembre mientras el Senado abría sus puertas a estudiantes, docentes e investigadores y cuadros directivos inconformes contra el Gobierno y la directora del Conacyt.
No se podrá considerar como de seguridad nacional los proyectos de AMLO ni se obligará a las dependencias de la administración pública federal a otorgar en fast-track los dictámenes, permisos y licencias necesarias para su realización.
El acuerdo presidencial publicado el 22 de noviembre en Diario Oficial ordenaba a la Administración Pública Federal a considerar los proyectos y obras del Gobierno de AMLO (centralmente la Refinería 2 Bocas, Aeropuerto de Santa Lucía y Tren Maya) considerarlos como temas de seguridad nacional.
Tampoco se podrán realizar adjudicaciones directas como establecía el decretazo, Menos aún se podrá reservar su información.
La suspensión parcial la dictó el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá a petición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI.
En su dictamen el ministro considera que catalogar las obras como “de seguridad nacional”, es acto que más allá de su inconstitucionalidad “provoca indudablemente inseguridad, incertidumbre e impredictibilidad jurídica”.
APOYAN A DISIDENTES DEL CIDE
Mientras en la Suprema Corte dictaminaban lo anterior, en la Cámara alta el presidente de la Junta de Coordinación Política, el zacatecano Ricardo Monreal y un grupo de senadores de varios partidos, recibían a alumnos, maestros e investigadores del Centro de Investigación y Docencia Económicas.
El también coordinador de la mayoría de Morena en el Senado, consideró que esta cámara puede actuar como interlocutora de buena fe a fin de buscar una solución al conflicto del CIDE con el Coonacyt.
Las y los senadores no tienen facultades para resolver el problema, reconoció, “pero sí tenemos la autoridad moral, social y legislativa para poder citar a comparecer a funcionarios y servidores públicos que ofrezcan soluciones”.
De entrada y luego de escuchar a los inconformes, Monreal pidió no satanizar ni descalificar al CIDE ni a ninguna institución educativa.
Por el contrario, dijo, “hay que escucharlos, evitar que se profundice el conflicto y se generen desencuentros tan complicados, que luego pongan en riesgo la viabilidad de esta institución”.
–¿En este esfuerzo de conciliación se buscaría que comparezca la directora del Conacyt en el Senado?, se le preguntó.
“Yo creo que sí”, respondió.
Y adelantó que ya se analiza citar a María Elena Álvarez-Buylla, directora del Conacyt, pero aclaró que será la Comisión de Educación la instancia que lo determine.
“No hay que descartar nada, hay que buscar soluciones hasta el final. No hay que cansarse, hay que platicar, platicar y buscar soluciones a los problemas que tiene el país, este es uno de ellos”, indicó.
Monreal consideró que las expresiones de inconformidad de la sociedad se tienen que escuchar, “no hay que perseguirlas ni satanizarlas”.
Hasta hoy tanto el presidente Andrés Manuel López Obrador como la directora del Conacyt han sido muy críticos respecto de las peticiones de los inconformes del CIDE y Alvarez-Buylla se ha negado a dialogar con ellos.
El zacatecano indicó que a diferencia de otras instancias, ayer sostuvo reuniones no solo con el grupo del CIDE sino con integrantes del Consejo Nacional Agropecuario, y con campesinos.
“A todos los recibimos con respeto, el Senado se está convirtiendo en una fuente, en un canal de comunicación con el Gobierno”.
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