A 3 semanas de la detención infundada de José Manuel del Río Virgen en Veracruz, la cloaca de violaciones a los Derechos Humanos y la fabricación de delitos contra opositores políticos o simpes ciudadanos quienes son impunemente extorsionados por las policías, fluye sin freno.
Integrada la Comisión pluripartidista Especial para la Investigación de esos delitos en aquel estado, su presidente Dante Delgado no deja de recibir reportes y expedientes de estas violaciones.
Van ya más de 50 debidamente soportados.
Acompañado por el morenista Eduardo Ramírez, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales; por el senador panista veracruzano Julen Rementería; por la tlaxcalteca y expresidenta del PRI, Beatriz Paredes; por Raúl Bolaños, del PVEM; por Miguel Ángel Mancera por el PRD; y por Sasil de León, del PES el exgobernador de Veracruz y líder de MC, el senador Dante Delgado, informó ayer que todos los días se suman nuevos cados.
Este flujo de expedientes deja abierto un método utilizado por policías y otros del poder judicial sería el siguiente:
La policía detiene y consigna a las víctimas ante un agente del ministerio público quien a su vez remite ante un juez a sus víctimas. Ahí inicia el calvario.
Si los detenidos no entregan una cantidad exigida por policías para desechar la denuncia fabricada por ellos, entonces siguen con el proceso de consignación independientemente de que no existan pruebas del delito supuestamente cometido.
Tal fue el caso del diputado federal Rogelio Franco Castán, diputado federal electo del PRD quien fue capturado inicialmente hace ya 10 meses por el delito de ultrajes a la autoridad contra las instituciones de Seguridad Pública, en el distrito judicial de Tuxpan, Veracruz.
Luego, como por magia, aparecieron “otros delitos”. Uno más por extorsión y abuso de autoridad – esto contra la administración de justicia, en el distrito de Xalapa- y luego un tercer delito por peculado equiparado.
Por último, tiene ya otro delito más: este por violencia familiar.
La Comisión presidida por Dante Delgado, ya recibió denuncias de por lo menos 50 casos de abuso de autoridad.
Frente a esta cloaca es que el gobernador morenista veracruzano Cuitláhuac García “aceptó” la recomendación de la CNDH para iniciar el proceso de abrogar el delito de ultrajes a la autoridad.
Previamente se habían documentado los casos graves en contra de Juan Manuel del Río Virgen, secretario técnico de la Jucopo del Senado y de Yolli García Álvarez, expresidenta del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información, quien fue aprehendida y encarcelada por fiscales que luego ocuparon cargos dentro del mismo Instituto.
O sea…
A su vez el senador Miguel Ángel Mancera, coordinador de la bancada del PRD dijo la Suprema Corte hace tiempo declaró inconstitucional el delito de ultraje a la autoridad.
OMICRON
El creciente número de infectados por Ómicron ha obligado al Senado a nuevas medidas sanitarias.
La nueva ola de contagios exige de las autoridades administrativas del Senado medidas para proteger a legisladores y trabajadores, se indicó.
La presidenta del Senado, la exministra Olga Sánchez Cordero, informó vía una circular interna que todas las áreas deberán adoptar las medidas pertinentes para privilegiar el trabajo a distancia del personal y prestadores de servicios profesionales.
“Las áreas adoptarán las medidas para privilegiar el trabajo a distancia y atender las funciones y responsabilidades encomendadas a cada una, garantizando la continuidad de los procesos sustantivos institucionales a su cargo”.
En atención a los acuerdos aprobados, quedará restringida la entrada al Senado, y sujeta a valoración de los órganos de gobierno, la realización de reuniones al interior del recinto, salvo aquellas que sean estrictamente de carácter legislativo.
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