Denuncias ante CIDH por violación DDHH de la 4T crecen 400%
Las denuncias ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) contra el Estado mexicano por violaciones a derechos humanos han aumentado más de 400% durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, respecto a los primeros tres años del gobierno de Enrique Peña Nieto.
Entre 2019 y 2021, se han levantado mil 661 denuncias de violaciones a derechos humanos de ciudadanos mexicanos durante la actual administración, contra 364 denuncias durante la primera mitad del gobierno de Peña Nieto, de acuerdo con la CIDH, órgano autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA) encargado de la promoción y protección de las garantías fundamentales en el continente.
La mayoría de las denuncias son por la presunta responsabilidad del Estado en casos de violación de derechos humanos en tres categorías principales: por la inacción del Estado o sus agentes ante algún acto violatorio, por consentir la violación de garantías individuales o bien donde actuó el Estado directamente.
Sólo en 2019, se presentaron 932 denuncias, solo 156 menos que las registradas durante todo el sexenio de Peña Nieto, cuando se registraron mil 88 en total. Por lo que México ahora está entre las naciones afiliadas a la OEA con más demandas y con mayores medidas cautelares en los últimos tres años.
De hecho, México tiene más denuncias que países donde se violan los derechos humanos de manera sistemática como Nicaragua, Venezuela y El Salvador. Los tres países registraron un total de 93 denuncias en 2020, frente a las 540 presentadas contra el Estado mexicano.
Además, el organismo ha cuestionado decisiones del actual gobierno relacionadas con la protección a los derechos humanos, como el nombramiento de Rosario Ibarra como presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), pues ha aumentado la desconfianza de los mexicanos en el sistema de justicia y sus ciudadanos ya comenzaron a acudir a otras instancias internacionales como la CIDH.
La CIDH también manifestó su preocupación por los altos niveles de violencia y las políticas de seguridad de las diferentes administraciones a lo largo de los años, que han resultado ineficaces.
En 2020, el organismo manifestó en su último Informe sobre México su preocupación sobre el incremento de las denuncias por desapariciones, ejecuciones extrajudiciales y tortura, además de la inseguridad que padecen sectores particulares de la sociedad como las mujeres, la niñez, migrantes, defensoras de derechos humanos y periodistas.
También solicitó desarrollar una estrategia para el retiro gradual de las Fuerzas Armadas de tareas de seguridad pública y para ceder el mando a las policías civiles. Así como reorientar la estrategia del combate al crimen organizado, desde una militarización y “combate frontal” usando la fuerza pública, a uno con perspectiva integral, de derechos humanos y salud pública.
Publican guía de mejoras para los DDHH en la CDMX
Ante la grave situación de protección a los Derechos Humanos que se vive en México, el Mecanismo de Protección Integral de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Ciudad de México (MPICDMX) publicó este viernes los Lineamientos de Acción Social “Medidas de Protección del Mecanismo de Protección Integral de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas para el Ejercicio Fiscal 2022”.
Se trata de un listado de al menos 180 acciones de protección con una duración de hasta seis meses y un presupuesto de 2 millones de pesos.
“Mediante la atención integral a personas defensoras de derechos humanos y periodistas, y a través de la ejecución de estos lineamientos, el MPI CDMX proporciona medidas preventivas, de protección, protección urgente y medidas de carácter social”, indicó el organismo en conferencia de prensa.
Además, realizarán procesos de prevención, capacitación y fortalecimiento para reducir los factores que favorecen las agresiones contra defensores de derechos humanos y periodistas, para que puedan realizar sus actividades sin riesgo y sean capaces de desarrollar sus proyectos de vida.
El organismo del gobierno capitalino aseguró que estableció una “política de atención con perspectiva de género, enfoque diferenciado y reconocimiento de la pertinencia intercultural para todas las personas defensoras de derechos humanos y periodistas de la ciudad y aquellos que se encuentran en situación de refugio”.
