El 23 febrero de 1989, en el espacio político de sus primeros cien días de gobierno, el presidente Carlos Salinas de Gortari firmó con el gobierno estadunidense de George Bush Sr. un acuerdo de cooperación para combatir el narcotráfico y la farmacodependencia. En su punto más importante, el texto destacaba el intercambio de información.
Treinta y un años después, ese espíritu de cooperación ya no funciona. La DEA opera en México sin respetar leyes mexicanas y las reformas a la ley de seguridad nacional del gobierno del presidente López Obrador –en proceso legislativo de aprobación– estarían terminando con años de impunidad de las agencias de inteligencia y seguridad nacional civiles y militares de los EE. UU. en México y su funcionamiento sin respetar la soberanía, las leyes y la territorialidad mexicanas.
A partir del modelo Guadalupe-Hidalgo de 1847 que permitió que los EE. UU. le quitaran a México la mitad de su territorio, la relación bilateral en materia de seguridad de 1989 a 2020 se rigió por una cesión mexicana de su historia y dos compromisos unilaterales de la Casa Blanca:
1.- En 1988, al calor del cambio de gobierno mexicano de Miguel de la Madrid a Carlos Salinas de Gortari, la Comisión sobre el futuro de las relaciones México-Estados Unidos –de carácter gubernamental-intelectual bilateral, es decir: oficial– entregó su informe y recomendó modificar las bases educativas de la historia de México –sobre todo los libros de texto gratuito– para borrar el conflicto histórico de mediados del siglo XIX. Se trataba de pasar de una relación de resentimientos territoriales a una cooperación e “interdependencia”. México ya había dado, en el gobierno de De la Madrid, el primer paso a la globalización con la incorporación de México al GATT que López Portillo había rechazado por violentar la soberanía comercial.
2.- En julio de 1993 el entonces embajador estadunidense John Dimitri Negroponte envió al Departamento de Estado en Washington un memorándum especial para urgir la aprobación del Tratado de Comercio Libre en el congreso estadunidense porque ello permitiría terminar con el ciclo nacionalista de México y subordinar su diplomacia nacionalista a los intereses comerciales. El Memorándum Negroponte representó la definición estratégica de seguridad nacional y política exterior de la Casa Blanca respecto a México. Con el TCL México abandonó su diplomacia nacionalista y solidaria con las corrientes progresistas de América Latina y el mundo y quedó atado a los “intereses nacionales” estadunidenses en el exterior.
3.- En septiembre de 2011, el presidente Barack Obama –reputado como un brillante profesor de derecho constitucional de Harvard y director en su momento de la Harvard Review of Law, la catedral del derecho estadunidense– promulgó la Estrategia de Combate al Crimen Organizado Transnacional para definir al mundo como territorio judicial de operación de las agencias de seguridad estadunidenses sin respetar leyes locales. El modelo había sido definido por el presidente George Bush Jr. en su estrategia de seguridad nacional de 2003 para responder a los ataques territoritos del 9/11 de 2001 y llevar la persecución de terroristas a los países sede de los perpetradores, a fin de crear frente de batalla en esas naciones y no en los EE. UU. Con la Estrategia Transnacional, Obama autorizó la operación de agencias estadunidenses en países extranjeros sin someterse a las leyes.
Las agencias de inteligencia y seguridad nacional civiles, militares y privadas han operado en México desde siempre. La Dirección Federal de Seguridad nació en 1947 a petición y con asesoría de la naciente CIA en los EE. UU. como una oficina de seguridad ideológica del Estado mexicano y dependiente del modelo anticomunista de la Casa Blanca. En este sentido, la DFS mexicana fue una accesoria local de la CIA en México hasta que en 1984 el entonces director de la DFS, José Antonio Zorrilla Pérez, firmó convenios de colaboración y entrenamiento con la STASI, la agencia de inteligencia y espionaje de Alemania comunista. Conocidas esas relaciones en 1985, el embajador John Gavin operó la renuncia de Zorrilla.
A la par del debilitamiento de la DFS por el desplazamiento de Zorrilla, los EE. UU. consolidaron en poder de la DEA en México con operaciones para perseguir, arrestar y extraditar de manera ilegal a los protagonistas del secuestro, tortura y asesinato del agente antinarcóticos Enroque Camarena Salazar en febrero de 1985. De todos los involucrados sólo pudo la DEA llevarse al doctor Humberto Alvarez Machain, pero tuvo que regresarlo por el escándalo diplomático por el secuestro.
La DEA es una agencia policiaca que ha aumentado su papel en la comunidad de los servicios de inteligencia de los EE. UU., un conjunto de dieciséis agencias coordinadas desde 2003 por la Dirección de Inteligencia Nacional. Este organismo tiene funciones más estratégicas porque coordina los departamentos de inteligencia de las agencias; es decir, tiene que ver con funciones de captación y procesamiento de información para toma de decisiones, Sin embargo, la DEA nunca ha dejado de ser una mera agencia de policías, no de funcionarios de inteligencia.
Los arrestos del exsecretario Genaro García Luna y del general Salvador Cienfuegos Zepeda fueron operaciones de la DEA en México amparados en los acuerdos renovados de cooperación, pero sin informar a las autoridades mexicanas y violentando las regulaciones legales para operaciones de esta naturaleza. La arrogancia de la DEA y el apoyo recibido por el gobierno de los EE. UU. condujo al gobierno mexicano a modificar la Ley de Seguridad Nacional para someter a agentes extranjeros a supervisión mexicana y a respetar las leyes.
Como es lógico, el gobierno de los EE. UU. se niega a atender las nuevas regulaciones y quiere que México siga permitiendo la operación de las agencias estadunidenses de inteligencia y seguridad nacional sin pasar por las leyes mexicanas. Lo que busca la reforma mexicana es someter a los agentes extranjeros a las normas jurídicas mexicanas existentes. Sin embargo, la tesis de la seguridad nacional estadunidense, reforzada por Obama, se basa en el principio arbitrario e imperial de la extraterritorialidad y la extensión arbitraria de las normas legales de los EE. UU. aunque sin atender tampoco a sus propias restricciones legales. Es decir, los EE. UU. quieren que agentes de la DEA violen leyes en México que el propio gobierno estadunidense no le permitiría a la DEA hacerlo en su territorio.
El centro del debate se localiza en el Memorándum Negroponte que explica que el Tratado terminó con la soberanía mexicana sobre el territorio mexicano y que los EE. UU. pueden aplicar sus propias leyes en México como si fuera un Estado libre y asociado y no una república independiente y soberana.
México aprovechó el caso Cienfuegos y el vacío político en los EE. UU. por el litigio electoral presidencial para lanzar su iniciativa de reforma a la ley de Seguridad Nacional que podría ser el nuevo eje de las relaciones bilaterales mexicanas.
Canal YouTube: https://t.co/2cCgm1Sjgh
