Fuerzas armadas para apoyo, no para dirección política del Estado

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Las fuerzas armadas en labores de apoyo a la seguridad pública cumplen con la maldición del cohetero: si el cuete estalla, le chiflan: y si no, también le chiflan. La presión social logró disminuir la efectividad de su papel en lucha contra la delincuencia por razones de temores a endurecimientos políticos y violación de derechos humanos, pero ahora se les critica por su pasividad porque ha permitido un aumento en homicidios y delitos.

La gran discusión gira en torno a la militarización o labores no estrictamente de defensa territorial de la república, pero con facultades contenidas en la Constitución y en las leyes orgánicas de las cuatro armas. Sin embargo, los críticos confunden militarización con militarismo. La primera es la participación castrense en obras públicas y es probable que para distribución de medicinas; la segunda, en cambio, sería la instauración de un sistema político/régimen de gobierno/Estado constitucional de tipo militar.

Los hechos son claros: las fuerzas armadas no tienen la dirección política del Estado y del gobierno y las reglas de funcionamiento de la política siguen siendo civiles. Solo dos miembros de las fuerzas armadas participan en el gabinete presidencial: los titulares de Defensa y Marina. Inclusive, para evitar aún más suspicacias, la última reforma administrativa de esas dos dependencias realizó una división orgánica entre las labores institucionales de supervisión legislativa y las directas en el manejo de tropas y operativos de defensa.

Más aún, el mando de la Guardia Nacional como cuarta arma militar está en manos de un general retirado con controles civiles y depende de la titularidad de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, hoy en día a cargo de una civil. la participación de las fuerzas armadas en apoyo a labores de Seguridad Pública se realiza con supervisión y predominio de las leyes civiles, cuidando las formas para evitar el error del gobierno de Felipe Calderón de hablar en diciembre de 2006 de una guerra contra el narcotráfico. Los abusos de fuerza de militares y marinos en seguridad pública han sido enjuiciados en tribunales civiles.

Y si se quiere hablar en sentido estricto de un militarismo o gobierno militar tendría que hacerse referencia al hecho de que los presidentes de la república fueron electos por reglas democráticas-civiles, pero su cargo involucra la caracterización constitucional de “comandante supremo de las fuerzas armadas” y en ese mismo escenario ostenta de manera formal una quinta estrella en la jerarquía superior de los generales de división, pero hasta la fecha ninguno se ha comportado como militar y todos han delineado con claridad las áreas de competencia civil y militar.

En este contexto, no está de más insistir en el hecho institucional de que la titularidad de los otros dos poderes federales y de los poderes a niveles estatales y municipales son civiles y que los militares tienen el derecho de participar en política, pero con la condición inflexible de asumir antes la condición de retiro del servicio militar directo. Y, por si fuera poco, los militares en labores civiles están bajo la vigilancia y supervisión de las leyes civiles.

Ninguna de las tareas que se han encargado a las fuerzas armadas en la actualidad implica la posibilidad mínima de influir en la dirección política del sistema/régimen/Estado. Y como ciudadanos, los militares tienen derecho a ejercer su voto cumpliendo con la regla constitucional de que el sufragio es directo, universal y secreto. En las polémicas elecciones de 1988, el candidato priísta Carlos Salinas de Gortari perdió casillas situadas en ámbitos de influencia militar, pero nadie habló de alguna insurrección castrense.

El debate sesgado sobre la participación de las fuerzas armadas en labores de permisividad constitucional solo debilita el sentido de funcionalidad del Estado y quiere sembrar una sombra de sospecha al institucionalismo militar que fue puesto a prueba desde 1913 durante el cuartelazo del general Victoriano Huerta y el ejército y sobre todo el colegio militar se puso al lado de las instituciones civiles.

Y queda como elemento analítico mayor el hecho de que esa participación militar se hace en términos legales de la seguridad interior y, por si fuera poco, por el fracaso civil en labores de gobierno.

indicadorpolitico.mx

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