Los empresarios han saltado a la disputa por el poder cuando la clase política que administra al Estado rompe los acuerdos y entendimientos de lo que podría caracterizarse como una economía mixta que funcionó desde la Constitución de 1917 a la expropiación de la banca privada en septiembre de 1982.
En la historia política reciente los empresarios han tenido solamente una participación directa en la lucha por el poder político y una indirecta. La primera ocurrió en 1988 cuando el empresario sinaloense Manuel J. Clouthier fue candidato presidencial del PAN a la presidencia y la segunda en el 2000 con el empleado administrativo de la Coca Cola Vicente Fox Quesada resultó candidato también del PAN. En los hechos, Fox era más político que empresario y no representó una bandera empresarial del poder.
Por primera vez, un segmento de la clase empresarial se ha planteado el objetivo de aliarse con la estructura política de los partidos para quitarle la presidencia de la república y la mayoría legislativa a Morena y a López Obrador. Y por primera vez en la historia política moderna, los tres partidos políticos más importantes de la oposición han aceptado esa alianza entre una parte importante de la burguesía productiva y el segmento que podría representar la mitad de la población política nacional.
La historia empresarial de México ha estado subordinada a las iniciativas y acciones del Estado. Juárez fundó el capitalismo mexicano con sus decisiones que centraron la actividad económica en el sector privado y su dinamismo en la propiedad privada, a partir, sobre todo, de la desamortización de los bienes de la Iglesia y de las comunidades indígenas que habían paralizado el comercio de la tierra. Asimismo, Juárez promovió la inversión pública asociada al sector privado.
Porfirio Díaz impulsó actividades económicas del Estado y abrió el papel motor de la producción a la inversión extranjera en áreas de potencialidad productiva como la comercialización de bienes perecederos, la minería y los ferrocarriles, además de crear las condiciones para las bases de un sistema financiero-bancarios de carácter privado; y a ello se sumó al modelo mercantilista de Bolsa de Valores de alimentos y minerales.
La Revolución Mexicana creó el modelo de la economía mixta: actividad productiva centralizada en la obra pública del Estado, el proteccionismo industrial a la pequeña y mediana empresa y la construcción de una burguesía nacionalista que se quedó con los espacios y valores de la burguesía transnacional que salió huyendo por la Revolución Mexicana, sobre todo en el sector financiero y bancario.
La fuerza económica del Estado se resumía en tres áreas: el gasto público en obras concesionadas, el control estricto y autoritario de la regulación productiva y el blindaje del sector partidista para evitar la penetración de intereses no políticos. La burguesía productiva optó por la cómoda subordinación a las directrices y dominaciones del Estado y decidió no buscar ninguna autonomía política que se cruzara con el dominio autoritario de las instituciones del poder.
El PAN nació en 1939 del venero del gobierno de Álvaro Obregón; Manuel Gómez Morin fue con funcionario constructor de instituciones del Estado y su motivación partidista se resumió en la creación de una corriente moral que combatiera la corrupción de la actividad pública; es decir, no fue un aparato político del sector privado.
Los empresarios en su casi totalidad funcionaron como pivotes del sistema político priísta en ese espacio no analizado con suficiencia de sectores invisibles del régimen, sin participación directa en el PRI, aunque siempre presentes en las decisiones que se tomaban en el espacio simbólico del PRI como la caja negra sistémica con la que el politólogo David Easton definió en 1951 el “sistema político”.
La relación del Estado con los empresarios en tiempos de altas y bajas funcionó en términos de entendimiento de intereses y de intercambio de información. Los políticos priístas supieron administrar ese modelo de relaciones, pero los políticos administrativos o tecnócratas no aprendieron de los entendimientos y el Estado pasó a una autonomía absoluta de decisiones sin consenso. El desarrollo de la empresa privada fue creciendo al amparo de una política proteccionista, pero abriendo nuevos sectores productivos nacionales y sobre todo internacionales por el aumento de la inversión extranjera.
Hacia 1982, el sector empresarial mexicano presentaba características singulares: no era una clase productiva autónoma, se había subordinado en lo político y administrativo al dominio del Estado, dependía de su participación en la obra pública, la inversión productiva privada apenas llegó a ser de 15%. Lo más importante fue en la participación del empresariado productivo en el modelo sistémico del régimen priísta: un sector invisible de la estructura corporativa de la toma de decisiones, al grado de que en 1968, en una interpretación radical del movimiento estudiantil, el líder socialista Vicente Lombardo Toledano había propuesto una alianza histórica entre la burguesía que caracterizó como nacionalista y los sectores progresistas del PRI y del Partido Popular Socialista.
La crisis en la relación Estado-empresarios estalló en 1982 con la expropiación de la banca privada por acusaciones gubernamentales de que era la responsable de la especulación con el tipo de cambio. El trasfondo fue más importante: el sector financiero y bancario de la economía se había convertido en la columna vertebral del sector empresarial y comenzaba a buscar espacios de autonomía relativa vis a vis la autoridad del Estado. Con la expropiación, el gobierno tuvo en sus manos el ahorro nacional para potenciar inversiones productivas; sin embargo, la banca y manos del Estado cayó en la burocratización, la corrupción y la ineficacia; en 1991, el presidente Salinas de Gortari decidió privatizar la banca expropiada, pero sin ningún programa de definición sobre su papel en el financiamiento del desarrollo.
La relación del Estado con los empresarios se tranquilizó con la privatización bancaria ocurrida en el contexto del Tratado de Comercio Libre firmado por México con Estados Unidos y Canadá, porque se dio en un escenario de repliegue político e ideológico del Estado, aunque manteniendo sus mecanismos de control autoritario de las decisiones que tuvieran que ver con el sector productivo. En este contexto, la pacificación de las relaciones Estado-empresarios disminuyó el conflicto, aunque dejó en los inversionistas el virus de la intervención directa en decisiones del Estado a través de la conquista de posiciones de poder en el sistema de gobierno.
El arribo de López Obrador a la presidencia de la república y la caracterización externa de su gobierno como populista volvió a despertar las suspicacias empresariales. En efecto, el modelo del presidente López Obrador se basa en la reconstrucción de la fuerza económica, política y social del Estado. Los gobiernos de Miguel de la Madrid y Salinas de Gortari habían pasado del Estado intervencionista a lo que se consideró la definición ideológica del Estado autónomo de las relaciones sociales, una corriente teórica que fue construida en Harvard como camino de regreso del socialismo marxista al neoliberalismo de mercado. López Obrador estaría pasando del Estado autónomo al Estado social, como se puede ver resumida en su propuesta eléctrica de regresarle la preponderancia mayoritaria del Estado en el sector.
En este contexto viene la alianza de grupos empresariales activistas conservadores –la Coparmex como sindicato patronal y el líder ultraderechista Claudio X. González– para utilizar a los partidos opositores PRI-PAN-PRD como partidos remolcador. Hasta donde se tienen datos, el modelo Coparmex-Claudio X. quiere imponer la candidatura presidencial única de la alianza opositora y que el candidato sea un empresario, de preferencia Gustavo de Hoyos, ex presidente de la Coparmex.
En este contexto, la elección presidencial de 2024 tendrá como invitado especial al empresariado mexicano que querrá construir la República México S. A. de C. V., a través del PRI, el PAN y el PRD.
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