Los conflictos de la sucesión presidencial

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Guillermo Buendia

La sucesión presidencial para el partido en el poder afronta la necesidad de retener la titularidad del Ejecutivo con fines de asegurar la continuidad del proyecto de nación del gobierno lopezobradorista. Este propósito fundamental encara la oposición real del proyecto Si por México impulsado por la alianza de los partidos Revolucionario Institucional, Acción Nacional y De la Revolución Democrática, a través de la cual se canalizan las presiones internas y externas de los grandes monopolios transnacionales y filiales. En este contexto de conflictos permanentes, políticos y mediáticos, se desarrolla el escrutinio diario de los aspirantes presidenciales.

El relevo controlado por el presidente de la República no es absoluto. El haber sido iniciado prácticamente después de las elecciones de 2021, somete a presiones ineludibles de responsabilidad el desempeño de los secretarios y otros políticos. Aunque este proceso sucesorio se aleja del manejo exclusivo que tenía el gran elector y caracterizó al régimen autoritario presidencialista durante más de setenta años -periodo en el cual los rasgos de agotamiento trajeron crisis políticas, ostentosos fraudes electorales y magnicidios cometidos en la década de los noventa- la determinación presidencial al ser acotada por la intervención de actores políticos y económicos poderosos hace incierta la continuidad de MORENA en el poder. La alternancia de derecha, al momento de operar la sucesión bajo las reglas no escritas del priismo, reveló la falta de oficio para manejar las pugnas del PAN cuando hubo precandidatos distintos al de los presidentes Vicente Fox y Felipe Calderon y produjo, en 2006, las acusaciones de fraude electoral e ilegitimidad; en 2012, la pérdida del poder con el retorno del PRI por medio del Pacto por México.

Por otra parte, el telón de fondo del actual proceso sucesorio está constituido por la violencia criminal de los carteles del narcotráfico. Este factor incide directamente sobre la capacidad política del gobierno lopezobradorista para mantener la estabilidad democrática, condición imprescindible para evitar el descarrilamiento del relevo presidencial morenista, o cualquier otro. Simultáneamente, la polarización acumulada del sistema institucional producto de las políticas presidenciales para atacar la corrupción y ajustar las funciones de gobierno a la austeridad republicana, o terminar las cuotas de poder en el INE y TEPJF, entre otras instituciones autónomas, es otro grave riesgo que acompaña el avance de la sucesión presidencial.

La “pausa” diplomática a la relación bilateral con España como respuesta presidencial a las presiones ejercidas por las empresas eléctricas con el objetivo de parar las reformas constitucionales; el cabildeo intenso sobre los alcances de la reforma eléctrica que llevan a cabo los representantes del más alto nivel del gobierno norteamericano, acompañados de empresarios del vecino del norte; el pronunciamiento del Parlamento Europeo sobre la inseguridad de la prensa en nuestro país; o el acercamiento a Rusia y no alinearse a las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos como represalias a la invasión a Ucrania, representan el reto político de mayor envergadura del secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, en su camino hacia Palacio Nacional. La fortaleza política de la entonces candidatura presidencial de Ricardo Anaya se halla precisamente en el papel que desempeñó, en 2013, para llevar a cabo las reformas estructurales que dieron origen a la privatización petrolera y legalización de las prácticas de la industria eléctrica. También ese papel marca lo que el panista llama “persecución política” y que lo mantiene fuera del país, acusado por Emilio Lozoya Austin -exdirector de PEMEX durante el sexenio de Peña Nieto- de estar involucrado presuntamente en hechos de corrupción cuando fue diputado federal entre 2012-2015.

El senador Ricardo Monreal, el aspirante que se metió a la lista de quienes pretenden la candidatura presidencial de MORENA y quien ha tenido control de las negociaciones con los grupos parlamentarios del PRI, PAN y MC para llevar a cabo las reformas constitucionales de los tres primeros años del gobierno lopezobradorista, ahora, la reforma eléctrica -discutida ampliamente en los foros convocados con el formato de Parlamento Abierto- lo coloca en una posición clave para el proyecto transexenal. El futuro político de Monreal, como hace nueve años con Anaya, se vincula en cómo se legislará constitucionalmente la industria eléctrica dominada por los intereses de empresas extranjeras.

El secretario de Gobernación, Adán Augusto López concertó reuniones con dirigentes y legisladores de los partidos Revolucionario Institucional y Acción Nacional. El acercamiento abrió canales de negociación política sobre agendas del interés prioritario de los partidos de oposición. Agendas que expresan preponderantemente el rumbo de los intereses empresariales dentro del modelo neoliberal que ahora llaman progresista. De Igual manera, la relación con los gobernadores del país la encausa fuera de la confrontación generada en las coyunturas de inseguridad provocada por organizaciones criminales, de las caravanas de migrantes que cruzan o se instalan en ciudades de paso o fronterizas, de las disputas por el aseguramiento de acceso de agua, de las asignaciones presupuestales y endeudamiento. Sin embargo, la seguridad interior es la materia pendiente que salvar de la inestabilidad, esencial para mantener la gobernabilidad en tiempos sucesorios.

La derrota electoral propinada por la clase media de la Ciudad de México al gobierno de Claudia Sheinbaum tiene lecturas diversas no reduccionistas al discurso estigmatizador del presidente de la República. La eficacia del activismo de medios y redes sociales para conformar patrones de reprobación política contra el gobierno lopezobradorista, así como determinar tendencias electorales a través de campañas negras y noticias falsas, son fenómenos que al replicarse permanentemente buscan consolidar y ampliar esta postura clasemediera en la elección de 2024. Muestra de esta manipulación mediática fueron las marchas del domingo pasado convocadas para rechazar o apoyar la consulta de revocación de mandato, en distintas ciudades del país.

El retiro de la vida pública de los ex presidentes una vez terminado su gobierno no es suficiente para acotar el engranaje establecido por las élites gobernantes, que se traduce en un ejercicio del poder más allá de los periodos constitucionales de gobierno. El poder transexenal es todavía una manifestación del presidencialismo que ninguna reforma política ha eliminado, porque la transmisión del poder quedó en medio de la lucha política de los partidos. Sin embargo, la reiterada afirmación del presidente López Obrador de su retiro absoluto de la actividad política, a partir del primer día de octubre de 2024, posibilita un debilitamiento anticipado del rumbo del proyecto de nación de la 4T y de los aspirantes presidenciales del movimiento lopezobradorista.

guillermobuendia80@gmail.com