Las estadísticas que mensualmente presenta el Ejecutivo Federal no reflejan necesariamente el verdadero sentido del estado de seguridad que hay en el país.
Estas provienen de los datos proporcionados por las Fiscalías de los estados de la república, así como de la Fiscalía General de la República (FGR).
Por su conformación pareciera que los índices van a la baja cuando es una ilusión óptica. Esto debido a que en algunas de ellas el periodo que abarca es de unos meses o lo que va de la administración. En otras los datos son incompletos.
Lo que sorprende son los delitos de alto impacto, como los asesinatos en vía pública que conllevan una o varias decenas de personas, cuyos cuerpos son dejados en lugares públicos, para aterrorizar a la población o para enviar mensajes a las autoridades.
También los asesinatos de periodistas constituyen actos que vulneran a la sociedad, mientras algunas autoridades hacen un trabajo discreto o pasivo.
La tolerancia en la capacidad de fuego que muestran los delincuentes es inaceptable. Vehículos adaptados con blindaje rústico con armas de grueso calibre que en ocasiones superan o compiten con las policías municipales y estatales o las Fuerzas Armadas, respectivamente.
Las fuerzas municipales o estatales de seguridad se ven rebasadas con estrategias de combate o de guerra irregular que sólo el Ejército o la Marina pueden hacerle frente.
A esto se le suma un nuevo fenómeno: el desplazamiento de poblaciones, como en Jerez en Zacatecas, en cuyo cálculo conservador se estima que unas 2 mil personas han huido por miedo.
También una nueva práctica perniciosa de las autoridades locales lo constituye, la petición que hizo el Gobierno de Jalisco al Ayuntamiento de Tamazula, quien pidió a su presidente municipal que no de aviso a los pobladores de un riesgo, sino que esperara a que la Mesa de Coordinación en seguridad o el Gobierno de Jalisco lo hiciera. Un absurdo.
Una verdadera desgracia humanitaria ocurre con los desaparecidos en las que sus familias además de la pena que conlleva, las autoridades son rebasadas, tienen falta de elementos técnicos, de personal o la penetración de la delincuencia en algunas corporaciones de seguridad retarda los procesos de búsqueda y reconocimiento, por ejemplo, en Jalisco con un crecimiento de 124% en 3 años cuyas autoridades desprecian a las víctimas y sus familias.
La estrategia de seguridad no ejerce una especie de facultad de impero, para que la federación obligue a los estados y sus policías a involucrarse, en la que se involucran otros factores que lo impiden.
Principalmente, el poder de fuego deficiente de las policías municipales o estatales, sumado a la penetración de la delincuencia en algunas corporaciones de seguridad, dificulta que tengan el control de la seguridad en zonas y regiones bajo su jurisdicción.
El problema no es de forma. La legislación, aunque no es perfecta, funcionó desde que la seguridad fue elevada a rango de función de Estado en 1994. Antes el partido en el poder tenía la capacidad política para tener en las manos el control de la seguridad en el país. Hoy no es posible realizar esta afirmación.
No toda la apuesta de la seguridad pública debe recaer en las Fuerzas Armadas, pero es lo que la presente administración juega para recuperar zonas y territorios por ahora bajo el control de la delincuencia.
De todo esto no hablan las estadísticas, pero es información importante que debe ser considerada para evaluar correctamente la seguridad.
El autor es Maestro en Seguridad Nacional por la Armada de México
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