El modelo de seguridad contenido en el artículo 21 constitucional es un diseño elaborado a finales de 1994 que ya dio de sí mismo, está agotado, es insuficiente y está superado por los sistemas y subsistemas contenidos en los nuevos modelos de seguridad que se encuentran sincronizados con los modelos políticos, económicos y sociales en otras democracias.
Se basa en el establecimiento de la seguridad pública, como función de Estado, pero su nivel jerárquico se sitúa en el texto constitucional por encima de la seguridad nacional.
Por otra parte los sistemas y subsistemas de las funciones de Estado y de gobierno no se acoplan con sus pares en el campo social, debido a que hay una desarmonización conceptual y una desactualización de modelos. Es como si se quisiera reproducir una película de una aplicación de streaming en una televisión de bulbos.
Esto es parte de las razones por las que la seguridad mexicana no funciona como nos gustaría que fuera.
Antes del modelo de finales de 1994 los controles estaban ejercidos por acuerdos en los que la autoridad sometía a la delincuencia y cada mañana en el parte de novedades que le rendía el secretario de Gobernación, el presidente de la República sabía lo que sucedía en todas las esquinas de las calles del país.
Las autoridades locales y municipales jugaban un papel importante en el establecimiento de la seguridad. Desde Gobernación se presionaba a los mandatarios de los estados para tener controlada la seguridad, y por su parte, éstos a los municipios.
El enfriamiento político no se hacía esperar cuando las condiciones de seguridad superaban al mandatario estatal, éste era llamado a la oficina del secretario y lo tenían haciendo antesala por horas hasta que por la noche un subalterno del secretario le informaba al gobernador que no sería posible que lo recibiera, pero que volviera el siguiente día muy temprano y finamente era atendido por el subsecretario o por un director de área, dependiendo de la furia del momento del presidente o del secretario de Gobernación.
El problema vino cuando la administración del expresidente Vicente Fox se desentendió, quizás por razones políticas al tratarse sólo del PRI, de los controles que el PRI ejerció durante muchos años y que de una u otra manera funcionaron y otorgaban tranquilidad a la ciudadanía.
Claro que siempre ha habido delincuencia, pero la diferencia es que hoy parece que la secretaría de Seguridad no ejerce controles con los gobernadores o con los municipios.
Esto quizás pueda deberse a que un gobernador o un presidente municipal emanado de un partido político distinto al del gobierno federal, no le debe obediencia y por tanto, se pierden la relación jerárquica de autoridad sobre las funciones de seguridad.
Hoy pareciera que no hay controles. Los gobernadores o presidentes municipales no tienen obediencia debido a sus filiaciones políticas, pero también hay una crisis en la clase política que carece de cuadros con la estatura política suficiente para ejercer controles de la función de Estado de seguridad pública, no porque sean sus subalternos, sino porque de ellos dependen la seguridad del país.
El autor es Maestro en Seguridad Nacional por la Armada de México
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