Gerardo Lozada Morales
El presidencialismo mexicano ha sido uno de los peores malestares antidemocráticos que se perpetuaron durante el siglo XX. Aunque se asuma que, con la muerte de Luis Donaldo Colosio en (1994) y con la presidencia de Ernesto Zedillo (1994-2000) se haya llegado a su fin. El siglo XXI dio muestra evolutiva de la falta de mecanismos políticos que aseguren un sistema de frenos; pesos y contrapesos al ejercicio del poder de nuestro país.
Para avalar dicha suposición, es necesario mirar que desde la consolidación de la globalización y el proyecto económico neoliberal en el país, las funciones presidenciales estuvieron guiadas por intereses meramente económicos, y favorecieron a la unidad y enriquecimiento de sectores oligárquicos de los principales partidos dominantes (PRI-PAN-PRD), así como de los detentadores reales de poder. Véase el caso de Carlos Salinas de Gortari, el propio Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Todos inmersos en escándalos de corrupción, narcotráfico, vínculos con el crimen organizado, enriquecimiento ilícito, y en mucho más, y hoy siendo operadores de empresas transnacionales. Lo que da evidencia empírica que el efecto neoliberal y globalizador tuvo como prioridad desarticular totalmente las funciones reguladoras del Estado. Aunque durante el siglo XX el Estado mexicano fue sinónimo de autoritarismo y de muchas incompetencias del manejo del poder.
Empero, desde 2018 la política nacional dio un cambio significativo con el triunfo de líder popular Andrés Manuel López Obrador y el hoy partido predominante MORENA respaldados por un proyecto de nación alterno que cada día la realidad justifica, aunque genere el malestar de muchos, al observar la actual crisis energética mundial, la crisis aguda de las democracias liberales en términos de legitimidad y alimentadas por la crisis de representación; política, partidista, institucional, la creciente concentración de la riqueza a niveles nacionales e internacional que ha dado como resultado a más miseria y desigualdad, así como la sacudida paradigmática que brindó la pandemia y el estallido de la guerra mundial en Ucrania. De donde emergen para reposicionarse ante un inminente nuevo orden mundial, países antidemocráticos como Rusia y China, poseedores de un poderío militar, armamentista, económico, nuclear, financiero, entre más. No es casual mirar a la Unión Europea discutir temas de regulación o nacionalización de los sectores energéticos, entre los que destacan: el caso de Emmanuel Macron en Francia, exigencia de alivios fiscales ante la inflación de energéticos en Alemania, España, etc. Al igual que la propuesta fiscal del presidente Biden pidiendo al congreso avalar el cobro de impuestos a los más ricos en EE.UU. el 28 de marzo, como lo sugirieron muchos años atrás economistas de la talla de Amartya Sen, Paul Krugman o Thomas Piketty.
No se puede olvidar también, el inminente respaldo ciudadano que López Obrador continúa acumulando, en contraste a muchos mandatarios mundiales, como lo devela Polimetría —publicado por Forbes el 28 de marzo— al señalar que mantiene un 66.72% de aceptación, en contraste a la sumatoria de los datos de las principales casas encuestadores y medios que devela el portal Oraculus, la cual asciende a 59%. Esto devela una estrategia maquiavélica de reafirmación en el poder. Paradójicamente, la revocación puede significar no sólo la justificación de un proyecto nacionalista de corte republicano, federal, liberal y democrático en épocas de crisis paradigmática mundial, o el finiquito proyectado a futuro de un empoderamiento en el ejecutivo, sino también evidencia la facultad que se le ha brindado a la sociedad civil mexicana para poder remover del cargo a la máxima autoridad de poder en un país como el nuestro; poseedor de una historia política sui géneris. La incógnita será mirar si: ¿la revocación de mandato será en futuros sexenios un aliciente de democracia participativa para alimentar un nuevo sistema frenos; pesos y contrapesos “a la mexicana”?, porque hará falta una reforma político-electoral que garantice más y mejor democracia.
El autor es catedrático de la Universidad de las Américas Puebla y miembro del Observatorio ciudadano de cultura y prácticas de un buen gobierno A. C.
