Los politólogos han llegado a la conclusión de que el principal problema político de México es la existencia de un presidencialismo absolutista y que la gran reforma de transición a la democracia debe plantearse la meta de construir un sistema presidencial de república con instituciones y equilibrio de poderes.
El sistema presidencialista mexicano se sustenta a través de la relación simbiótica entre las funciones legales y funcionales del presidente de la República y el liderazgo de su partido. En la época del PRI, el cargo de presidente de partido dependía de manera directa del jefe del Ejecutivo federal y el aparato partidista recibía fondos del presupuesto público.
En este sentido, el presidente de la República decidía candidaturas, financiaba campañas y reconocía victorias electorales, un modelo político, por cierto, que el PRI no inventó, sino que recogió del aparato político de Porfirio Díaz. El objetivo ha sido siempre el mismo: la lealtad de senadores, gobernadores, alcaldes y diputados federales y estatales no es con el votante, sino con el presidente de la República, a pesar de que esos cargos públicos se formalizan a través de compromisos asumidos entre los candidatos y los electores.
La transición mexicana a la democracia tuvo objetivos concretos para romper las estructuras de funcionamiento piramidal de las instituciones sociales y políticas, entre ellas regular el ingreso económico de los partidos a través de participaciones públicas que supervisaba la autoridad electoral. Sin embargo, la relación perversa entre el presidente de la República y su partido –como revelan los ejemplos del PRI, el PAN y ahora Morena– siguen siendo simbiótica.
Es posible que este modelo de dependencia exista inclusive en sistemas de mayor democracia, sobre todo Parlamentarios, en los que los cargos en el área ejecutiva tienen que salir de los diputados electos: el jefe del partido ganador de manera automática asume el cargo de presidente de gobierno o primer ministro y todos los miembros de su gabinete deben tener un cargo legislativo. Esta forma de Gobierno desaparece la propuesta de Montesquieu de tres poderes separados que funcionan vigilándose entre sí y propone el esquema binario de legislativo como Ejecutivo y solo el judicial aparte.
No existe forma de Gobierno ideal, sino que cada una debe responder a condiciones y circunstancias de desarrollo político local. México ha avanzado un poco en la despresidencialización de las estructuras de poder, pero todavía no han logrado romper la dependencia entre el Ejecutivo y su partido. Y ante la imposibilidad de seguir el modelo de tres poderes, la salida viable pudiera ser la conversión del sistema presidencialista en un sistema parlamentario en el que el partido sea vehículo para los cargos ministeriales.
En caso de seguir con el modelo presidencialista, entonces ha llegado el momento de crear un mecanismo de ruptura de la dependencia entre el presidente y su partido a través de elecciones primarias que terminen de una vez por todas con el nefasto precedente del dedazo presidencial como el acto supremo del presidente de la República saliente de designar de manera directa a su sucesor en función de sus prioridades de extensión política del mandato.
El PAN en la presidencia de la República tuvo la oportunidad de aplicar un formato sucesorio parecido al de elecciones primarias: por estatutos, el candidato presidencial debe surgir de una elección interna de delegados del partido y el presidente de la República carece de autoridad para imponer a su sucesor. Esta práctica impidió que el presidente Fox y el presidente Calderón impusieran a sus validos como candidatos y la nominación fuera producto de la votación dentro del partido.
El modelo de sucesión debe ser sustituido por el de elecciones primarias a fin de romper con los nefastos resultados del continuismo transexenal que sustituye una propuesta propia del candidato del partido en el poder por el de una nueva corriente política sin interferencias presidenciales.
