La violencia en contra de las mujeres en México en todos sus tipos y modalidades a escalado niveles inéditos. 10 muertes diarias de mujeres entre feminicidios y homicidios que pudieron prevenirse, así lo consigna el diagnóstico que da a conocer el Gobierno Federal en el Programa Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres dado a conocer el pasado martes, aunque fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado 30 de diciembre de 2021.
El documento evidencia falta de coordinación interinstitucional, ausencia de capacitación especializada y profesionalizada en las áreas de impartición de justicia, carencia de un análisis acucioso que permita medir y prevenir los riesgos, ya que no se cuenta con personal policial dedicado a la instrumentación y seguimiento de las órdenes de protección; la necesidad de la homologación del tipo penal de feminicidio, así como inexistencia de mecanismos de seguimiento, monitoreo y evaluación de acciones y esfuerzos de las diferentes instancias de atención a víctimas violencia.
Además respecto a la impunidad destaca que acorde a los resultados de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2019, en 2018, sólo se denunció el 10.6% de los delitos cometidos, aunado a este hecho -que revela baja cultura de denuncia- el Ministerio Público solamente inició averiguaciones previas o carpetas de investigación del 63.9% de los delitos denunciados, entonces, sólo al 6.8% del total de los delitos cometidos en el país siguió el proceso de judicialización. Esto evidencia que no solo es la falta de interés de la ciudadanía en denunciar, sino la falta de compromiso del Estado en la consecución de la investigación de los delitos.
“Importante enfatizar la ineficacia estructural de las fiscalías que impide acceder a la justicia, ante la carencia de herramientas científicas de investigación y el desinterés por profesionalizarse en el conocimiento sobre la perspectiva de género, como método de investigación de delitos. Y es aquí donde la impunidad además de sistémica, es institucional”, indicó Erika Sánchez, ex diputada federal y presidenta del Colectivo 50+1 capítulo Sinaloa.
Además, señaló que “como Colectivo de Mujeres 50+1 en Sinaloa estamos ciertas que el reconocimiento de la problemática es el inicio para accionarse, pero hasta hoy ese solo hecho, no es suficiente y de buenas intenciones no se garantiza la seguridad de las mujeres”.
3 años tarde en la presentación de esta política pública, dice mucho del nivel de la prioridad de la problemática. “Exigimos cumplimiento cabal, evaluación sistemática y transparencia en los resultados del Programa que cuenta con 4 ejes orientadores y 112 acciones puntuales a implementarse”.
Para finalizar la presidenta del capítulo Sinaloa, externo que “exigimos cero tolerancia hacia la violencia contra las mujeres”.
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