Cuando quisimos, no pudimos

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Publicada originalmente el 10 de enero de 2010.

En 1995 publiqué el libro Cuando pudimos, no quisimos (editorial Océano) con la tesis central de que el colapso de 1994 había enfrentado al país a la inigualable oportunidad de optar por la transición a la democracia, pero al final las élites políticas no quisieron aceptar el desafío. Quince años después, inicie una lista de ensayos dominicales bajo el título genérico de Cuando quisimos, no pudimos (este fue el primero): ahora que están dadas de nueva cuenta las condiciones para transitar a un sistema político democrático, no hay posibilidades de dar el salto cualitativo a la democracia. En este juego de palabras se resume la incapacidad de México como sociedad política para enfrentar las grandes crisis con grandes decisiones de transformación.

Los ensayos abarcarán una lista de autores que analizaron las crisis políticas y aventuraron propuestas de fondo. El argumento central se basa en el método milenario pero enfocado con nuevas fechas: las grandes transformaciones mexicanas fueron producto de rupturas irreconciliables pero sobre todo en el escenario de una sociedad exigente del cambio. Se pueden establecer cuando menos tres etapas fundamentales: la sociedad fluctuante que definió Jesús Reyes Heroles para caracterizar la reforma con los liberales que transitaron de la sociedad religiosa a la civil, la sociedad invertebrada que estableció José Ortega y Gasset para España y que en México se percibió como el tránsito de una dictadura personal a una dictadura de partido e ideológica de la revolución mexicana pero sin crear una estructura social coherente y la sociedad en transición en el largo periodo 1994-2010 en donde el viejo régimen político fue rebasado por la sociedad.

La discusión actual sobre el futuro de México se mueve en los espacios poco aprehensibles de las maldiciones centenarias, como esperando una nueva revolución en el 2010 sólo por mandato del calendario. Pero la dinámica de las leyes históricas es otra. El estallido social que quiere convocarse para el 2010 como una forma de interrumpir el proceso político institucional pareciera asumirse sin analizar el modelo del conflicto dialéctico: la pobreza no necesariamente provoca una revolución y las dictaduras políticas pueden, ellas sí, acelerar la violencia. Mientras existan distensiones políticas y permeabilidades sociales, las posibilidades de un estallamiento políticos son menores. Y la pobreza no siempre ha conducido automáticamente a explosiones sociales.

Sin embargo, los escenarios tienen que acomodarse justamente a las percepciones. Y hay sólo cuatro opciones: pactar la transición, esperar la ruptura, profundizar la crisis o continuar en la mediocridad. La crisis de 1994 fue el segundo gran aviso después de la de 1988: alzamiento rural, asesinatos en las élites del grupo político en el poder y multiplicación de grupos animados por la urgencia de reformas. Pero como siempre, el miedo logró dominar las pasiones. Aunque luego vino la gran crisis económica de 1995, la derrota del presidencialismo en 1997 y finalmente la alternancia partidista pacífica en la presidencia de la república. La sociedad encontró el espacio político ajeno a las rupturas y los estallidos sociales.

La crisis ha sido el denominador común del México posrevolucionario. Inclusive, los llamados años de oro del México como cuerno de la abundancia fueron en realidad perfiles mediáticos conformados por el cine y el crecimiento económico para ocultar el México real, marcado por la desigualdad. De 1910 a 1917 estalló el movimiento armado, de 1917 a 1928 ocurrieron los ajustes criminales en las élites. De 1929 a 1947 se agotó el camino propiamente revolucionario, de 1954 a 1976 se dio la dualidad de crecimiento económico de 6% promedio anual, pero con un aumento del empobrecimiento, de 1977 al 2000 hubo un ciclo de crisis económica con aperturas políticas. El largo ciclo de estabilidad que señaló Daniel Cosío Villegas en 1971 en su ensayo El sistema político mexicano fue en realidad consecuencia de un sistema político piramidal, autoritario y unipartidista, con mecanismos de control social.

El error de precepción de Cosío Villegas fue producto del método analítico: el sistema visto desde el punto de vista del poder, no de la sociedad. El PRI pudo arrancar en 1929 como Partido Nacional Revolucionario con el gran fraude electoral contra José Vasconcelos, Cárdenas logró exiliar al jefe máximo Plutarco Elías Calles por el poder autoritario de la presidencia de la república, la revolución mexicana se burocratizó por la fuerza del PRI, la disidencia política nunca dejó de provocar violencia y represión –los campesinos, los sindicatos y los estudiantes– y la crisis de 1968 fue quizá el momento más importante de la crisis de legitimidad del sistema político priísta.

El colapso de 1968 marcó el agotamiento del sistema político priísta. Y delineó las diez grandes crisis que condujeron al 2010:

1.- La crisis política estalló en 1968: el sistema reventó por la crisis, el desempleo juvenil y el autoritarismo priísta como respuesta.

2.- La crisis económica se manifestó en 1976 con la devaluación del tipo de cambio y el agotamiento del viejo modelo de desarrollo. El país ya no pudo crecer a tasas de 6%.

3.- La crisis del consenso de la economía mixta ocurrió en 1982, con la expropiación de la banca y el fin del acuerdo no escrito con el sector privado como alianza productiva. El Estado avanzó pero ya no pudo mantener los equilibrios productivos.

4.- La crisis de legitimidad se presentó en 1988, con el resultado electoral que obligó al gobierno de Salinas a ceder el sistema electoral a la ciudadanía. A mayor libertad, más pérdida electoral del PRI.

5.- La crisis de gobernabilidad del viejo régimen irrumpió violentamente en 1994 demostrando la inutilidad de los acuerdos tradicionales: asesinatos, alzamientos y sobre todo una crítica al sistema. Las demandas de la sociedad fueron mayores a las concesiones del gobierno.

6.- La crisis social se asentó en el país en 1995 como producto de la crisis devaluatoria de diciembre de 1994 y de la incapacidad del sistema productivo para generar riqueza para todos. Esa crisis hizo perder al país 20 años de bienestar. La pobreza afectó a la mitad de la población.

7.- La crisis de la hegemonía del viejo régimen llegó en 1997, como consecuencia de la crisis económica de 1995 y como reflejo de las nuevas reglas electorales: el PRI perdió la mayoría en el congreso y perdió el gobierno del DF.

8.- La crisis del partido hegemónico llegó en el 2000, cuando el PRI perdió la presidencia de la república después de setenta y un años en el poder con tres nombres: PNR, PRM y PRI.

9.- La crisis del contrato político se presentó en el país en el 2006 cuando uno de los principales candidatos presidenciales se negó a aceptar los resultados electorales oficiales, se erigió en presidente legítimo y paralelo y llamó a romper la validez de las instituciones.

10.- Y la crisis del proyecto nacional de desarrollo fue en 2009, consecuencia directa de la severa crisis económica, dejó al país sin un escenario de consenso productivo, sin compromisos de bienestar para las mayorías y con una pérdida adicional de bienestar de cuando menos quince años.

Las élites priístas nunca entendieron la lógica de las transiciones. Cuando llegó a México el ambiente político de la transición de España a la democracia en 1975-1978, la respuesta fue distante: México no era España porque aquí no había habido un Franco, sí existía tolerancia con la disidencia, como república eludió el fardo de una monarquía, se daban elecciones con presencia de la oposición, llegó a decir Jesús Reyes Heroles como presidente del PRI y luego secretario de Gobernación, las dos posiciones clave del aparato de poder. Sin embargo, poco atendieron esas élites los mensajes de la crisis política: el fin de la hegemonía priísta se había dado en las calles, en la movilización social, en la represión como respuesta a las demandas de democratización, en el crecimiento de la oposición electoral y en el efecto político de las crisis económicas recurrentes. México, en efecto, no era España, pero México necesitaba una reforma estructural a su sistema político para garantizar tres cosas: elecciones libres, participación de la oposición y renovación de sus instituciones políticas y de gobierno.

La crisis política de 1994 fue diferente a las anteriores: la de 1968 sacó a estudiantes a la calle, la de 1975 vio el nacimiento de la guerrilla, la económica de 1982 no modificó la tendencia electoral del PRI y la de 1988 dividió al PRI pero sin quitarle el control del poder por las concesiones en la modernización de los organismos electorales pero sin llevarlos a la democracia real. La crisis de 1994 tuvo puntos básicos: inestabilidad interna, desestabilización por parte de grupos radicales, alzamiento guerrillero con enorme base social, movilización social para impedir la represión, división en el grupo gobernante ante la definición de respuestas, asesinato del candidato presidencial del PRI, secuestro de empresarios, fuga creciente de capitales hasta vaciar las reservas, renuncia escandalosa del secretario de Gobernación, elecciones a favor del PRI, asesinato del secretario general del PRI y coordinador de la bancada priísta y devaluación del tipo de cambio.

A finales de 1993 y a comienzos de 1994, las élites políticas e intelectuales se movilizaron para crear un espacio de debate sobre la urgencia de reformas. El gobierno de Carlos Salinas distensionó el ambiente pero no profundizó las reformas. El resultado electoral favorable al PRI fortaleció esa percepción oficial, a pesar de que existía un clima favorable a debatir la transición del viejo régimen presidencialista, unipartidista y autoritario a un sistema político democrático, plural y con equilibrio de poderes. Ahí fue cuando el país pudo haber corrido el riesgo de la transición pero las élites gobernantes y políticas no quisieron. El argumento fue de Salinas: el error de Gorbachov que lo llevó al colapso y a la renuncia radicó en haber buscado conjuntamente la reforma económica y la reforma política. Salinas estaba comprometido a la reforma económica: pasar de la economía de Estado y proteccionista a la economía de mercado inserta en la globalización.

De 1994 al 2009, el país amplió la apertura, resistió la devaluación, protegió el sistema financiero, profundizó la globalización. En lo económico, se continuó con la línea de Salinas. Sólo que el presidente Ernesto Zedillo no se comprometió a reforzar el sistema priísta: la crisis de 1995 debilitó al PRI y en 1997 recibió el primer golpe brutal: el PRI perdió la mayoría en el Congreso y el gobierno del DF. Y ahí se preparó lo que llegaría casi de modo natural: la pérdida de la presidencia de la república para el PRI o la alternancia partidista en el poder ejecutivo federal. El presidente Fox, de acuerdo con Jorge G. Castañeda, tuvo que optar entre tres posiciones: irse por la libre en el gobierno, acordar con el PRD o pactar con el PRI. Fox decidió el tercer camino. Y fijó el criterio de alternancia sin transición. Fox flotó.

Felipe Calderón llegó sin una ventaja sólida, con un PRI sin vocación de cambio y un PAN sin una agenda de transformaciones. Las elecciones del 2009 se cruzaron con el agudizamiento de la crisis económica. En medio de la caída del PIB aumentaron las posibilidades de transformaciones políticas, pero entonces el obstáculo fue otro: el fortalecimiento del PRI y el aumento de la tendencia en las encuestas para recuperar la presidencia de la república en el 2012. Ante esa expectativa, el PRI tomó la decisión de no apostarle a ningún cambio. Y entonces las posibilidades de cambios de fondo en el sistema político que tienen hoy mayor consenso nacional han perdido sus posibilidades de realizarse.

De 1997 al 2009, la economía, la política y las relaciones sociales han dado evidencias más que concretas de que el viejo sistema político ya no funciona. El modelo de desarrollo, el sistema político, el Estado, la Constitución y la política social actuales, que forman parte del diseño del proyecto nacional, fueron construidas para un sistema político determinado por tres instrumentos indispensables: una presidencia de la república poderosa, una mayoría absoluta del PRI y un presupuesto asistencialista, los tres articulados en una estrategia de conformación de una estructura de poder corporativa y con sectores organizados para votar a favor del PRI y no para un equilibrio de poderes, un PRI en la oposición y un 60% ciento de mexicanos en situación de pobreza.

El momento actual detecta una sociedad en transición, un sistema político ineficaz para la actual correlación de fuerzas políticas y unos partidos desbordados por los movimientos sociales sin lealtades. Por tanto, la insistencia en resanar el actual sistema político priísta o esperar tres años al regreso del PRI a la presidencia de la república implica querer reconstruir un edificio sin pilares sólidos y encima de un pantano. Ahí radica sin duda el principal error estratégico del PRI: impedir las reformas al viejo modelo para regresar a tratar de administrar una estructura de poder diferente y determinada ya no por el autoritarismo presidencial sino por nuevos factores reales de poder. Por eso la afirmación de que hoy que están dadas las condiciones para transitar a un nuevo sistema político, las posibilidades de transición son menores.

Las dificultades para salir de la crisis económica radican justamente en las estructuras del viejo régimen: un Estado hegemónico sumido en una severa crisis fiscal, una Constitución que limita la actividad productiva, una política económica determinada por el mercado y la estabilidad macroeconómica, un pasivo social provocado por estrategias asistencialistas y no productivas y una política fiscal orientada exclusivamente a subsidiar la pobreza y no a generar una nueva economía para el empleo. Por tanto, las posibilidades de enfrentamiento de la crisis radica en la urgencia de un acuerdo político para transformar los instrumentos básicos de la economía que tienen que ver con  las instituciones-pilares del modelo de desarrollo: Estado, Constitución y partido. Para ello, se requiere que las diferentes fuerzas sociales y políticas se sienten a definir los nuevos objetivos, las nuevas posibilidades y las novedosas formas de conciliar extremos.

Las posibilidades no son difíciles. El ejemplo de los Pactos de la Moncloa de la transición española a la democracia sigue vigente. Luego de aprobarse la ley para la reforma política que garantizó elecciones libres y de la ley de asociaciones que legalizó a partidos y sindicatos, el gobierno de Suárez concilió todos los intereses para un programa económico contra la crisis que pudiera catapultar a España a la modernización productiva. Los trabajadores aceptaron la contención salarial, los empresarios avalaron una severa reforma fiscal y el gobierno consolidó un sector estatal fuerte y garante del desarrollo. España sorteó la crisis y sentó las bases del salto en el desarrollo que convirtió a España en una potencia económica.

El fondo de los desacuerdos radica en los posicionamientos de las fuerzas sociales y políticas. Pero detrás de ellos se localiza la ideología, enfoque y compromisos del viejo régimen priísta. El modelo priísta se sustentó en el hecho de responder las decisiones del poder a los compromisos y propuestas de la revolución mexicana, aunque éstas tuvieran múltiples enfoques y complicidades. El Estado priísta vigente ha sido definido por el objetivo de definir y garantizar el desarrollo a través de una intervención directa en el proceso productivo. Pero fueron los gobiernos priístas de Miguel de la Madrid, Carlos Salinas y Ernesto Zedillo quienes cambiaron el modelo de Estado por el modelo del mercado pero –y ahí se localiza el germen de las crisis– sin modificar la estructura política determinada por la correlación de fuerzas productivas sino fortaleciendo artificialmente al PRI. No cambiaron la dependencia de sindicatos ni empresas, tampoco modificaron la definición del Estado asistencialista. Por tanto, se trató de un modelo vergonzante de populismo neoliberal.

El fondo de todo se localiza en la definición esencial de México como proyecto nacional de desarrollo. El Estado agotó sus posibilidades en los gobiernos de Echeverría y López Portillo y el mercado no pudo entronizarse como fuerza determinante en los gobiernos de De la Madrid, Salinas y Zedillo. El gobierno de Fox fue panista pero con la estructura de gobierno y de definiciones priístas y el de Calderón careció de una definición de largo plazo. La crisis del 2009 fue, paradójicamente, una crisis mixta: el Estado ya no pudo sacar al país del hoy y el mercado fue el responsable de meterlo. Por tanto, la crisis del 2009 fue una nueva llamada de atención, por si hiciera falta alguna, de que la salida de la crisis se localiza en la transición a un nuevo Estado, a un  nuevo modelo de desarrollo y a un nuevo sistema político.

La sociedad fluctuante de la Reforma se consolidó con la victoria política e ideológica de los liberales, consolidando una sociedad civil separada de la religiosa. La sociedad invertebrada no pudo, pese al tiempo político a su favor, crear una estructura sólida y plural porque se asumió como la única válida. La sociedad en transición ha tenido varios naufragios determinados las mezquindades, el control, político y la falta de decisión para liquidar la sociedad corporativa que ha sometido a los mexicanos durante doscientos años de vida independiente a determinismos históricos.

Lo malo es que los actores políticos carecen de voluntad y la sociedad  no se atreve a fijar las exigencias del cambio. El PAN quiere sobrevivir y no perder la presidencia de la república en el 2012, el PRI anhela regresar al poder presidencial y el PRD no puede cohesionarse internamente y se divide entre el golpismo y la institucionalidad. Por eso es que, si en 1994 el país quiso transitar hacia el cambio de sistema y de régimen, pero no pudo, hoy que puede apostarle a la transición se ha encontrado con las limitaciones de que las élites políticas y del poder no quieren esa transición porque significaría el fin de sus privilegios.