La resolución de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de invalidar el recorte al presupuesto 2022 del Instituto Nacional Electoral (INE), sin duda lo fortalece financiera, jurídica y políticamente.
Las y los consejeros electorales del Consejo General estarán que saltan de gusto, sobre todo Ciro Murayama Rendón y el consejero presidente, Lorenzo Córdova Vianello, quienes más han dado la cara en la defensa del INE.
Podría decirse que con dicha resolución, el Instituto le ganó a la Cámara de Diputados, donde, por decisión de la mayoría, le asignaron un presupuesto menor al solicitado para el ejercicio fiscal 2022 pero sin una motivación reforzada.
Ganarle a la Cámara de Diputados es por decirlo en el ámbito de la formalidad, pues en lo político en realidad le ganó al Ejecutivo Federal, que planteó la reducción al presupuesto del INE, y Morena lo secundó vía su Grupo Parlamentario con ayuda de sus aliados.
Ahora, el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en vez de molestarse con los ministros de la Primera Sala y con el Instituto, debería reprender a las personas diputadas de su partido político porque descuidaron cubrir la formalidad en el recorte.
Esa formalidad que la Segunda Sala de la Corte explicó así:
“Si bien la Cámara de Diputados tiene la facultad exclusiva de modificar la cantidad originalmente solicitada por el INE, ésta debía ejercerse mediante la aplicación de un estándar de motivación reforzada que diera cuenta de las razones objetivas y justificadas para realizar una reducción. Lo anterior, al estar en juego la autonomía presupuestal de los órganos constitucionales autónomos y, en última instancia, la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía.”
Ciertamente, pues por mandato constitucional y legal las funciones del Instituto se basan en garantizar el ejercicio de los derechos político electorales de la ciudadanía: Votar en elecciones populares y en ejercicios de participación ciudadana (consultas y revocación de mandato), ser votados, asociación política, integración de órganos electorales como por ejemplo los OPL, entre otros.
¿Ahora qué sigue?
Pues la Cámara de Diputados, con la formalidad del caso, deberá reponer el 26% recortado al presupuesto solicitado por el INE, aunque habría que conocer los alcances de la sentencia para saber si todo o le permite hacer algún ajuste pequeño.
Y aunque lo ordene la Corte, los diputados son capaces de volver a tijerear el presupuesto, pero ahora sí aplicando el estandar de motivación reforzada que les faltó.
En fin, dadas las numeroras funciones del INE, nunca es tarde para reponerle el presupuesto solcitado, considerando que para llevar a cabo el proceso de revocación de mandato el Instituto hizo ajustes a su de por sí tijereado presupuesto.
Además, el Instituto debe empezar a preparar, dentro de sus atribuciones, las elecciones locales 2023 en Coahuila y en el Estado de México, que renovarán gubernatura el próximo año; así como tareas encaminadas a los comicios concurrentes del 2024.
LA PETICIÓN DE MONREAL
Uno de los motivos políticos, más que jurídicos, para recortar el presupuesto del INE ha sido la desonfianza de un grupo de morenistas en el Instituto, además de cierta intención de controlar al órgano electoral apretándolo financieramente; amén de los argumentos de la austeridad repúblicana.
Pero mientras unos desconfían, otros confían en el INE como por ejemplo el senador Ricardo Monreal Ávila, quien hace poco anunció que solicitará al Instituto participe en el proceso de selección de la candidatura presidencial de Morena para la elección de 2024, porque él desconfía en las encuestas (método que usa su partido).
Sin embargo, el INE solamente tiene la facultad de organizar la elección de los dirigentes de los partidos políticos, cuando éstos lo soliciten y con cargo a sus prerrogativas.
O sea, hasta el momento el Instituto no tiene la atribución de organizar el proceso de selección de candidaturas de los partidos. Tendría que haber una reforma ex profeso o aportarle a una decisión jurisdiccional en materia electoral.
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