A España ya le costó la caída de su anterior ministra de Exteriores, Arancha González Laya, en julio de 2021, tras filtrarse a la prensa que el país ibérico había concedido un permiso “humanitario” a Brahim Ghali, secretario general del Frente Polisario, para ser ingresado en un hospital en Logroño aquejado de SARS-CoV-2.
Desde entonces no ha hecho más que enrarecerse el clima político de España con Marruecos y con Argelia; con el Sáhara Occidental de por medio mientras que Laya en su momento debió comparecer para explicar todas las razones de permitir que el actual presidente de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD) fuese atendido de urgencia en territorio español y no, por ejemplo, en Portugal o en Francia.
Ese hecho ha derivado ya en una crisis diplomática con Marruecos y en otra actual, con Argelia. La política exterior española ha cambiado radicalmente desde entonces en su posición hacia el pueblo saharaui rompiendo décadas de apoyo hacia la resolución de la ONU a favor de un referendo para definir su autodeterminación.
La caída de Laya no contentó a la realeza marroquí que interpretó el apoyo a Ghali como una grande afrenta que se ha cobrado utilizando el hambre y las necesidades de los migrantes marroquíes como un arma arrojadiza para colapsar las fronteras españolas.
Los saltos a la verja, las pateras y la llegada masiva por mar hacia Ceuta y Melilla de miles de jóvenes y mujeres con niños en brazos abrió una enorme crisis migratoria colapsando los centros españoles de atención.
La recurrente utilización de la migración como una potencial arma de guerra, como un instrumento de presión y de chantaje, tiene a los países del llamado primer mundo absolutamente desbordados.
El nuevo cambio de ministro de Exteriores, con José Manuel Albares, dejando la embajada de España en Francia, para fungir como canciller desde el 10 de julio del año pasado, no cumple un año en la cartera y no ha logrado un avance consustancial para desatascar el enquistado conflicto del Sáhara Occidental.
España no podrá quedar bien con los dos países: Marruecos y Argelia; mientras ambas naciones aprovechan la debilidad diplomática ibérica para confrontarse por lo que realmente les importa: el control del Magreb.
¿Cuál es el problema con el Sáhara Occidental? Se trata de una extensión territorial de 270 mil kilómetros cuadrados, la mayor parte es arena que anteriormente era una colonia española que en 1975, tras la muerte del dictador Francisco Franco, fue anexionada por Marruecos.
La ONU intentó una tregua entre marroquíes y el Frente Polisario. Los dos tienen una visión equidistante acerca del Sáhara Occidental: Marruecos quiere anexionársela y concederle una autonomía pero siempre bajo el marco marroquí y el Polisario quiere un referendo –avalado por la ONU– para preguntarle a la población si quiere autodeterminarse y ser independiente.
Ni la ONU ha celebrado el referendo, ni se ha terminado el conflicto. España mantenía una posición a favor de la ONU y de la consulta para la autodeterminación y Argelia lo apoya.
En los últimos cuatro meses, España ha variado su postura como las agujas del reloj, con la finalidad de restituir la diplomacia con Marruecos que además retiró a su embajadora en mayo de 2021 y la restableció en marzo pasado.
¿Qué dice España ahora en voz del ministro de Exteriores Albares? Que el Sáhara es un asunto de Marruecos y que este país tiene la potestad para resolver este problema.
Y aunque parece que todo es mera arena inhóspita –sin ningún valor– habitada por medio millón de habitantes, estamos hablando de un territorio de unos mil kilómetros en la costa del Atlántico que además limita con Marruecos, con Argelia y Mauritania.
Tiene además un valor económico: por sus bancos pesqueros, las reservas de fosfato, circonita y otros metales así como petróleo, gas y mucha arena necesaria para la construcción.
Argelia viene apoyando desde 1976 la República Árabe Saharaui Democrática; por eso es que el cambio de postura diplomática por parte de España ha sido recibida no solo por la comunidad internacional también por los saharauis y Argelia como un insulto.
Finalmente esta semana recién concluida, Argelia anunció la suspensión del Tratado de Amistad y Buenas Relaciones de Vecindad con España signado desde hace dos décadas. Los bancos argelinos congelaron todas las operaciones entre empresas de uno y de otro país para impedir los pagos derivados de sus relaciones comerciales y de negocios.
Hay 500 empresas, de uno y de otro lado, afectadas por el anuncio unilateral. El ministro Albares se vio sorprendido casi de madrugada por la decisión argelina que fue, además ventilada, a la prensa de su propio país.
En consecuencia, Albares canceló su viaje a la Cumbre de las Américas, invitado de forma especial por Anthony Blinken, secretario de Estado de Estados Unidos. En determinado momento se llegó a decir que España firmaría un documento para acoger a migrantes centroamericanos enviados por la Unión Americana.
Albares no fue a la Cumbre pero viajó a Bruselas de forma urgente para reunirse con Valdis Dombrovskis, vicepresidente de la Comisión Europea responsable de Política Comercial, a fin de logar el espaldarazo comunitario y presionar en bloque a Argelia.
El mayor temor en España no es que Argelia congele las exportaciones e importaciones de vacuno, lácteos y otros bienes, es que interrumpa el suministro de gas en un momento geopolítico tan crucial con los precios de los energéticos por las nubes sobre todo en varios países europeos muy dependientes del petróleo y del gas ruso.
España no tiene esa dependencia con Rusia, la tiene con Argelia: el 42.7% del gas consumido en la economía ibérica viene de Argelia; el mayor temor es que el chantaje termine dejando a los consumidores sin gas sobre todo de cara al otoño e invierno cuando las calefacciones de las casas se encienden de forma centralizada y duran por lo menos hasta mayo.
En medio de la crisis diplomática y de las relaciones comerciales, Bruselas ha salido a apoyar a España, diciendo que si Argelia rompe unilateralmente el Acuerdo, lo rompe con toda la UE y se verá abocado a una serie de sanciones.
En pleno ajetreo diplomático, la prensa española le pregunta a Albares si va a renunciar asumiendo su responsabilidad. Por lo pronto, el presidente socialista, Pedro Sánchez, tendrá que dar explicaciones ante el Congreso.
Mientras Argelia afirma que seguirá surtiendo de gas a España y señala que cumplirá con el Acuerdo de Amistad, en la Moncloa tienen un enorme lío diplomático.
PARA TOMAR EN CUENTA:
Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, ha viajado hasta Kiev para reunirse personalmente con el presidente ucranio, Volodímir Zelenski para tratar los temas y plazos concernientes al ingreso de Ucrania a la Unión Europea (UE).
No hay fecha, aunque parece que es cuestión de días la formalización, mientras el gobierno presiona. Aunque desde ya la UE se ha comprometido a participar en la millonaria reconstrucción de Ucrania, el mandatario Zelenski vería como un alivio y una presión más para Rusia, el anuncio de su inclusión en el club europeo que crecería a 28 países miembros.
Mientras esos compromisos llegan, Ucrania sigue pidiendo artillería y municiones a Occidente: por lo pronto, una veintena de países se comprometieron a enviar armamento. Dinamarca le dará a Zelenski su sistema de misiles antibuque Harpoon y República Checa, una serie de helicópteros; hay otros más sofisticados como el sistema M270 MLRS británico, un lanzacohetes móviles múltiples, con objetivos a 80 kilómetros. Todos hablan de una guerra larga.
