Mucho se habló de que este golpe vendría en cualquier momento. Y de que la apertura de paneles internacionales le podrían costar a México entre 34 y 40 mil millones de dólares por violaciones al T-MEC en el área de inversiones en Energía.
Bueno, pues ayer el gobierno de Joe Bidem inició finalmente la acción judicial a través de su representante comercial Katherine Tai, quien dio el primer paso al solicitar consultas de resolución de disputas con México bajo el Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá (USMCA o T-MEC).
¿Causas?
Un trato injusto a empresas norteamericanas en producción, distribución y comercialización de energías limpias frente a las empresas estatales CFE y Pemex.
Tai explica que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha modificado toda su normatividad a fin de darle prioridad a estas dos empresas paraestatales por sobre las privadas, especialmente las norteamericanas.
“México socava a las empresas estadounidenses y la energía producida en los EE. UU. a favor de la empresa eléctrica estatal de México, la Comisión Federal de Electricidad (CFE), y la empresa estatal de petróleo y gas, Petróleos Mexicanos (PEMEX).
“Hemos expresado repetidamente serias preocupaciones sobre una serie de cambios en las políticas energéticas de México y su consistencia con los compromisos de México bajo el T-MEC..
“Estos cambios de política afectan los intereses económicos de EE. UU. en múltiples sectores y desincentivan la inversión de los proveedores de energía limpia y de las empresas que buscan comprar energía limpia y confiable. Hemos tratado de trabajar de manera constructiva con el gobierno mexicano para abordar estas preocupaciones, pero, lamentablemente, las empresas estadounidenses continúan enfrentando un trato injusto en México.
“Buscaremos trabajar con el gobierno mexicano a través de estas consultas para resolver estas preocupaciones para avanzar en la competitividad de América del Norte.
“Las acciones de México incluyen, entre otras, enmiendas a la ley de electricidad de México que priorizarían la distribución de energía generada por CFE sobre fuentes de energía más limpias proporcionadas por proveedores del sector privado, como la eólica y la solar.
“También incluyen los retrasos, denegaciones y revocaciones por parte de México de las capacidades de las empresas estadounidenses para operar en el sector energético de México, incluso con respecto a proyectos de energía renovable.
“Las políticas de México han cortado en gran medida las inversiones estadounidenses y de otros países en la infraestructura de energía limpia del país, incluidos pasos significativos para revertir las reformas que México realizó anteriormente para cumplir con sus objetivos climáticos en virtud del Acuerdo de París.
“Los cambios de política de México amenazan con expulsar la innovación del sector privado del mercado energético mexicano. Para alcanzar nuestros objetivos económicos y de desarrollo regional compartidos y los objetivos climáticos, las cadenas de suministro actuales y futuras necesitan energía limpia, confiable y asequible.
“Específicamente, Estados Unidos impugna una enmienda (reforma) de 2021 a la Ley de la Industria Eléctrica de México que prioriza la electricidad producida por CFE sobre la electricidad generada por todos los competidores privados; la inacción, demoras, denegaciones y revocaciones de México de las capacidades de las empresas privadas para operar en el sector energético de México; una regulación de diciembre de 2019 que otorga solo a PEMEX una prórroga para cumplir con los requisitos de contenido máximo de azufre según la norma de combustible diésel para automóviles aplicable en México; y una acción de junio de 2022 que favorece a PEMEX, CFE y sus productos en el uso de la red de transporte de gas natural de México.
“Estas medidas parecen ser inconsistentes con varias de las obligaciones de México bajo el T-MEC, incluso bajo los capítulos de Acceso al Mercado, Inversión y Empresas de Propiedad Estatal.
“Estados Unidos ha planteado preocupaciones a México con respecto a sus políticas energéticas en numerosas ocasiones, incluso en relación con las reuniones de la Comisión de Libre Comercio del T-MEC en 2021 y 2022, la Reunión de Diputados de la Comisión de Libre Comercio del T-MEC en 2022 y en reuniones del Comité del T-MEC. sobre empresas de propiedad estatal y monopolios designados”.
La información sobre el caso, advierte que la Embajadora Tai consultó al Senado de EU así como a “una amplia gama de partes interesadas para escuchar sus serias preocupaciones sobre el deterioro de la trayectoria de las políticas energéticas de México”.
Hoy todo se encuadra en el artículo 31.4.5 del T-MEC, “las partes iniciarán consultas dentro de los 30 días posteriores a la solicitud de los EE. UU., a menos que las partes decidan lo contrario. Y según el artículo 31.6.1 del T-MEC, si las partes no resuelven el asunto a través de consultas dentro de los 75 días posteriores a la solicitud de los EE. UU., los Estados Unidos pueden solicitar el establecimiento de un panel”.
El pleito está planteado. Y las sancione multimillonarias también.
LE CORRESPONDE AL SENADO MEXICANO ANALIZAR ESTE CONFLICTO
Ya algunos legisladores y sus coordinadores, especialmente el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, habían previsto este pleito.
Es ahora a ellos a quienes además del Gobierno de AMLO les corresponde analizar la ruta a seguir primero en esta consultas, y después en un posible Panel.
Y comienza a correr la registradora que suma los miles de millones de dólares que se dijo costaría una disputa en este sector.
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