Con la obra del Tren Maya, el presidente Andrés Manuel López Obrador vive en carne propia el viacrucis por el cual pasa la iniciativa privada cuando emprende algún proyecto cuya ejecución requiere de permisos ambientales.
Protestas sociales, manifestaciones de ambientalistas, clausuras a falta de resoluciones de las dependencias en materia ambiental, trabas burocráticas en éstas, suspensión de obra vía amparos, gastos judiciales, elevación del presupuesto por erogaciones imprevistas, etc.
Y eso que se trata de una obra del propio Gobierno Federal. Imagínense el calvario del sector productivo cuando intenta emprender algún proyecto.
En cuanto al Tren Maya, a cada una de las partes le asiste cierto porcentaje de razón.
Organizaciones ambientalistas protestan porque según que el Gobierno Federal, vía Fonatur, omitió tramitar los permisos ambientales ante la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), y sobre todo porque la ejecución de la obra del Tren Maya genera daño irreversible con la devastación de selva y bosque.
El Gobierno Federal por su parte argumenta lo contrario.
Mientras que en la última resolución jurisdiccional, el juez ratificó la suspensión de la obra, reconociendo que la autorización sobre la evaluación del impacto ambiental fue otorgado por la Semarnat después de la presentación de la demanda de amparo.
Y es un cuento de nunca acabar.
Y en tanto acaba, el Gobierno Federal debe seguir costeando el proyecto. Porque a pesar de la suspensión de la obra, mínimamente se deben pagar salarios a los trabajadores y las partes proporcionales con las empresas contratadas para la ejecución de los trabajos.
Por eso, el presidente AMLO tiene razón cuando se queja del alto costo que representa para el gobierno federal la suspensión del tramo cinco del Tren Maya. De ahí la justificación de su declaratoria como un asunto de seguridad nacional. Aunque hay quienes consideran que ésta tiene el propósito de ocultar información, discrecionalidad en el gasto, etc.
Y entre más tiempo transcurra, más dudas habrá sobre el abultamiento del costo de la obra.
En fin.
¿Y LOS INGRESOS?
Ciertamente, cualquier obra por pequeña que sea genera un impacto. Precisamente por lo mismo existe un andamiaje jurídico diseñado para mitigarlo. Sin embargo, éste por sí solo no soluciona cualquier afectación al medio ambiente; hace falta la voluntad de las partes.
Además, es necesaria una legislación menos compleja y más flexible, que genere equilibrios y garantice el resarcimiento al impacto ambiental.
Hoy se requiere presentar estudios de impacto ambiental y cambio de uso de suelo previo al inicio de cualquier proyecto. Y está bien. Sin embargo, la dependencia competente tarda en emitir las autorizaciones correspondientes, o la negativa en su caso.
Los plazos deberían ser más cortos; y el trámite, menos burocrático.
Incluso, la misma dependencia podría proporcionar el servicio de elaboración de ambos estudios, previo pago por parte de la persona física o moral, o ente público interesado. Y así la hacienda tendría un ingreso más, además de garantizar proyectos sustentables.
Un servicio no obligatorio, porque habrá quienes prefieran contratar despachos privados especializados.
A propósito de pago, por los estudios de impacto ambiental y cambio de uso de suelo, la autoridad cobra y cobra bien: Cientos de miles de pesos o millones; depende del tamaño y tipo de proyecto. ¿Dónde se va ese dinero?
Es decir, en qué se aplica, cuál es su destino. ¿O ingresa a la bolsa general hacendaria? Debería aplicarse en acciones para resarcir el impacto ambiental. Lo mismo que el dinero por concepto de multas impuestas por las autoridades en la materia.
SOBRE EL TREN MAYA
El Tren Maya resultó un proyecto polémico por el impacto ambiental. Sin embargo, el debate se centra en la suspensión de la obra, no en cómo mitigar dicho impacto.
La obra ya va en el tramo cinco. ¿Suspenderlo revierte la afectación en los tramos uno, dos, tres y cuatro? No.
A estas alturas, ese debería ser el debate: Cómo compensar el impacto ambiental.
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