Luego de tres y medio años de investigación sobre el caso Ayotzinapa, el subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación, Alejandro Encinas, emitió su propia “verdad histórica” que no se sale de la “verdad histórica” del procurador peñista Jesús Murillo Karam, pero que incrimina instituciones con efectos graves en la estabilidad nacional.
La tesis central de Encinas podría ser refutada por cualquier egresado de derecho de alguna universidad online: el funcionario concluyó que la desaparición de 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa fue un crimen de Estado, pero en toda su investigación no aporta elementos para probar que se trató de una decisión de Estado; lo que el subsecretario quiso decir es menos espectacular: en todo caso –y faltaría por probarse– hubo un encubrimiento del Estado por parte de funcionarios de instituciones que tenían la función de investigarlo.
En este sentido, la distancia entre crimen de Estado y encubrimiento de Estado revela que la investigación de Encinas no llegó a ninguna conclusión y al final decidió embarrar a las instituciones del Gobierno de Enrique Peña Nieto por incapacidad pericial real o inducida.
Pero después de informar de su tesis de crimen de Estado, el subsecretario de Gobernación exoneró al entonces titular del Estado, el presidente Enrique Peña Nieto, y es posible que ni siquiera pueda presentar cargos concretos contra el entonces procurador Murillo Karam, los dos funcionarios que pudieran ser acusados de corrupción procesal por una investigación amañada que quiso alejar cualquier sospecha del Gobierno federal, pero al mismo tiempo proteger a los funcionarios perredistas locales que entonces eran aliados de los gobernantes en turno.
Lo más grave de la investigación de encinas radicó en la forma en que presentó los hechos para incriminar al Ejército casi como responsable del asesinato, sin explicar las razones de burocracia judicial y militar que impedían que el Ejército se involucrará en incidentes civiles sin haber solicitud por escrito de por medio. La revelación de un espía militar en la comunidad estudiantil de Ayotzinapa constituyó una delación violatoria de los principios fundamentales de la seguridad nacional del Estado y en los hechos trató de dañar la credibilidad del Ejército.
La única novedad del reporte de Encinas fue el reconocimiento a lo que ya se sabía: que los 42 estudiantes y un infiltrado militar fueron secuestrados por un grupo delictivo por razones vinculadas al narcotráfico, asesinados sin piedad y desaparecidos sus restos, lo que ya se sabía desde el informe preliminar de las primeras investigaciones.
No se tiene muy claro –aunque tendrá que saberse muy pronto– si la interpretación del subsecretario encargado de la Comisión de la Verdad fue producto de los viejos resentimientos de la izquierda contra las Fuerzas Armadas o una forma de encontrar un chivo expiatorio que salvará nada menos que al presidente Peña Nieto de su responsabilidad como jefe de Estado en un asesinato que se acreditó a un crimen de Estado.
Lo grave de la criminalización de Encinas es que caracterizó el asesinato de 42+1 estudiantes de Ayotzinapa como un crimen de Estado y dejó entrever la responsabilidad directa del Ejercito, pero no encausó el procedimiento judicial correspondiente, escondido, sin duda, detrás del hecho de que se trató de un informe político y no una pesquisa judicial-penal y por lo tanto se tomó varias licencias literarias para salpicar responsabilidades que tienen como origen una investigación que no logró cambiar la tesis central de la verdad histórica del entonces procurador Murillo Karam.
Si el reporte de la Comisión Encinas entra a procedimiento judicial, entonces el expresidente Enrique Peña Nieto deberá ser acusado de delitos de lesa humanidad y llevado a juicio como titular del Estado que se atrevió asesinar hasta ahora de manera impune a 43 personas; y en caso de no hacerlo, entonces el reporte de la Comisión Encinas podría ser base para una acusación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos contra Peña Nieto e inclusive hasta la el Tribunal de La Haya para castigar crímenes en grado de genocidio.
Lo que debe seguir al reporte de la Comisión Encinas es una evaluación sobre la acusación de responsabilidad del Ejército en el crimen de Estado para iniciar procedimientos penales contra los responsables o emitir una disculpa pública por una acusación que mancha la credibilidad del Ejército en momentos en que la estabilidad por la crisis de seguridad pública-interior-nacional por la violencia del crimen organizado se encuentra justamente en las fuerzas armadas.
Política para dummies: la política no es un juego de resentimientos, a pesar de una mala lectura de Machiavelli.
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