En la época de Jesús Murillo Karam como Procurador General de la República (PGR), la oaxaqueña Mariana Benítez Tiburcio se desempeñó como Subprocuradora de Asuntos Jurídicos e Internacionales, al cual renunció a finales de febrero de 2015 para buscar una diputación federal por su partido, el Revolucionario Institucional.
Un mes antes, a finales de enero, en una reunión de trabajo con la Primera Comisión de la Permanente (Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia) de la Cámara Baja, afirmó que en la investigación del caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa, desaparecidos en Iguala, Guerrero, no existe ningún elemento que oriente hacia la participación de las Fuerzas Armadas.
Eso conforme a información de Notilegis, en cuyo comunicado se puntualizan sus palabras textuales: “Ha sido una investigación inédita en cuanto al despliegue de esfuerzos, recursos para dar con el paradero de los estudiantes y para fincar las responsabilidades a quienes presumimos cometieron los delitos; no tenemos ningún elemento que nos permita orientarnos hacia qué elementos de las Fuerzas Armadas participaron”.
En ese momento, la funcionaria consideró que no se podía hablar de “cerrazón”, en ese aspecto, pues se realizaron todas las indagatorias pertinentes, precisando que:
“…se han recabado un total de 385 declaraciones ministeriales, 444 dictámenes periciales, y de extracción de información de 93 equipos de comunicación, lo que ha permitido la integración de 85 tomos y tres anexos al expediente”.
Y que hasta aquella fecha se habían girado 163 órdenes de aprehensión; 31 estaban pendientes por cumplimentar.
Sin embargo, ahora a petición de la actual Fiscalía General de la República (FGR), el Juez Segundo de Procesos Penales Federales en el Estado de México, con sede en Toluca, libró 83 órdenes de aprehensión contra 20 mandos militares y personal de tropa del 27 y 41 batallones en la ciudad de Iguala, así como a cinco autoridades administrativas y judiciales del estado de Guerrero; a 26 policías de Huitzuco; seis de Iguala y uno de Cocula; más 11 policía estatales de Guerrero y 14 miembros del grupo criminal Guerreros Unidos.
Todos, vinculados con lo ocurrido en la ciudad de Iguala, Guerrero, el 26 y 27 de septiembre de 2014, y fechas posteriores, indica el comunicado, el cual precisa: “Los delitos por los que se libraron las órdenes de aprehensión son por delincuencia organizada, desaparición forzada, tortura, homicidio y delitos contra la administración de justicia.”
En ese contexto, cabe preguntar: ¿Participaron o no elementos de las Fuerzas Armadas? ¿Qué sabe de cierto la exsubrocuradora Mariana Benítez sobre la desaparición de los 43 normalistas? ¿Sabe algo con relación a la “verdad histórica” dada a conocer por la entonces PGR de Murillo Karam?
Son preguntas. Porque suele suceder que no todos los funcionarios, por más cercanos al titular de la dependencia, conocen a ciencia cierta los hechos sobre delitos o los planes de sus superiores, de sus subordinados o de sus compañeros de trabajo.
Probablemente a la entonces Subprocuradora de Asuntos Jurídicos e Internacionales solo le tocó informar, ante el Congreso Federal o cualquier otro foro, los datos investigados por las áreas competentes de la PGR.
Quién sí debió tener certeza de la “verdad histórica” fue el entonces Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, para autorizar a Murillo Karam a darla a conocer. ¿O el Procurador lo engañó?
En materia penal la “verdad histórica” ha sido el cómo sucedieron los hechos. Y en el caso de los normalistas de Ayotzinapa, la entonces PGR concluyó que “fueron privados de la vida, incinerados y sus cenizas arrojadas al Río San Juan”, en Cocula.”
Pero la semana pasada, el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, dio a conocer un nuevo informe preliminar sobre los hechos, los cuales habrían sido “alterados.”
Entonces, ¿cuál es la verdad?
Todo está harto manoseado. Y hasta puede que intereses políticos y del crimen organizado sepulten para siempre la verdad. Mientras, los familiares de los normalistas seguirán exigiendo justicia; o quizá, simplemente los restos de los jóvenes para darles cristiana sepultura.
UNA PROMISORIA CARRERA
Mariana Benítez Tiburcio es una mujer preparada, inteligente y talentosa; actualmente se desempeña como presidente de la Mesa Directiva del Congreso de Oaxaca.
Antes de ser nombrada como Subprocuradora de Asuntos Jurídicos e Internacionales de la PGR, litigó de manera exitosa el caso de la llamada “Ley Televisa”. Después se enroló como asesora legislativa de legisladores de las cámaras del Congreso de la Unión.
Tras su paso por la PGR se convirtió en diputada federal por su partido, el Revolucionario Institucional. En 2016, formó parte de los cuadros priistas a la candidatura a la gubernatura de Oaxaca, que finalmente fue para Alejandro Murat Hinojosa.
Mariana Benítez sigue abrigando la aspiración de convertirse en gobernadora de su entidad natal, en cuya capital recientemente aparecieron algunos espectaculares con su imagen (portada de una revista), lo que hace suponer que por el momento quizá busque posicionarse para la candidatura al Senado de la República para las elecciones 2024.
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