Si Morena pretende concretar la propuesta de cambiar al INE y la forma de elegir a las personas consejeras electorales, necesita darse prisa; sacar adelante su reforma ex profeso antes del 3 de abril de 2023, que es la fecha en que se integró por primera vez el Consejo General del Instituto Nacional Electoral.
Un día como ese, pero de 2014, la Cámara de Diputados declaró electo a Lorenzo Córdova Vianello como consejero presidente del Consejo General por nueve años, así como a diez consejeras y consejeros electorales:
También por nueve años a Adriana Favela Herrera, José Roberto Ruiz Saldaña y Ciro Murayama Rendón. Por seis años a Marco Antonio Baños Martínez, Enrique Andrade González, Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles, y Benito Nacif Hernández. Y por tres años a Beatriz Galindo Centeno, Arturo Sánchez Gutiérrez y Javier Santiago Castillo.
Sí, así de manera escalonada como lo ordenó la entonces nueva Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la cual se creó con la reforma electoral de 2014, que ha sido la última de fondo. El escalonamiento electivo tiene como propósito oxigenar al máximo órgano de máxima decisión del INE.
La fecha de consumación de la renovación total del Consejo General del INE se aproxima. Y, o se consuma, o se cambia el modelo electoral como lo propone vía Morena el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador: Con una integración hecha ya no por la Cámara de Diputados, sino por el voto popular directo. O como llegue a pactarse entre el partido guinda y el resto de las bancadas.
Pero puede quedarse tal como actualmente lo dispone el artículo 41 constitucional: Un procedimiento que inicia con la emisión de una convocatoria pública, la revisión del cumplimiento de requisitos y la idoneidad de las personas aspirantes por parte de un comité técnico de evaluación integrado por siete personas de “reconocido prestigio” (3 nombradas por la Jucopo, 2 por la CNDH y 2 por el órgano de transparencia).
Ahí empieza el ‘colador’. Luego la Junta de Coordinación Política construye acuerdos para impulsar la construcción de acuerdos para la elección de las personas titulares de la presidencia y consejerías del Consejo General del INE, propuesta que remite al Pleno cameral para su aprobación.
O sea, al Pleno ya llega ‘planchadita’ la propuesta. Pero si no, éste debe elegirla mediante insaculación. Pero si vence el plazo y no se hace, la insaculación la hará la Suprema Corte de Justicia de la Nación con la lista previamente conformada por el comté técnico.
¿Seguirá así? ¿O la Cámara de Diputados tendrá lista la aprobación de la reforma con el cambio de modelo electoral antes de que concluya el mandato de Lorenzo Córdova y los tres consejeros que salen junto con él?
Aunque mientras la aprueban y la instrumentan, las vacantes pueden ser cubiertas temporalmente por tres consejeros electorales en funciones. Para entonces, por cierto, quizá el Consejo General del INE esté ya tomando las primeras decisiones con relación al proceso electoral concurrente 2023-2024.
Y miren, si instrumentar la reforma 2014 solamente para integrar el Consejo General del Instituto les llevó alrededor de dos meses; ir a elecciones populares de consejerías requeriría de todo un proceso electivo, salvo que conste de menos etapas y/o de plazos muy breves.
MODIFICACIONES
Y si no hubiese consenso, ni Morena alcance la votación requerida para una reforma constitucional electoral de cambio de modelo para integrar el Consejo General del INE, pues entonces quizá la Cámara de Diputados realice modificaciones pequeñas como, por ejemplo, la reducción del número de consejerías.
Empezando por eliminar las tres que quedarían vacantes en abril, para quedar en siete. Habría un considerable ahorro en el sueldos anuales por nueve años. Unos 200 mil pesos al mes. Saquen cuentas anuales por tres.
La reducción de años en la duración del cargo. ¿Siete años estaría bien? También sin derecho a reelección. Incluso, plantear la duración escalonada permanente.
OPL
Y como también se plantea cambio en el modelo electoral para desaparecer o modificar los Organismos Públicos Locales (Institutos Estatales Electorales), esto implicaría un cambio en la forma de integrar el Consejo General de los mismos: Por voto popular, que regrese a la facultad de los Congresos Locales, o como lo acuerden las bancadas en la Cámara de Diputados Federal.
De todos modos, deben darse prisa para instrumentar la reforma. Porque en casi la mitad de las entidades del país habrá proceso electoral local 2023-2024.
Aunque el modelo actual puede seguir funcionando tal como está, y con pequeñas modificaciones estaría mejor; quizá quitándole facultades al INE sobre los OPL para que éstos no se conviertan en uno más de sus órganos.
Correo: [email protected]
