La pandemia del coronavirus tomó a México con una muy eficaz estructura legal sanitaria, pero con una ineficaz organización político-burocrática. El grave error de percepción ha radicado en el enfoque del Covid-19: se trata de una enfermedad contagio-infecciosa que se transmite por las aglomeraciones de personas enfermas, pero la reacción gubernamental la asumió como una catástrofe sin incubación, algo tipo terremoto imprevisible.
La primera información sobre el virus se dio el 31 de diciembre de 2019 como epidemia de neumonía y el 7 de enero se identificó al virus como “nuevo coronavirus”. En México la primera información se publicó el viernes 21 de enero sin darle mucha importancia, sino solo registrando “cuatro decesos en China debido a extraño coronavirus”. A pesar de informaciones en grado de pánico que llegaban del mundo, el primer infectado se dio en México el 27 de enero, pero no disparó medidas de emergencia.
La reacción gubernamental fue, desde las primeras informaciones, de resistencia al riesgo de infecciones en México. El interés público comenzó a ser preocupación el 11 de marzo, cuando en España había un ambiente de colapso desde el 25 de febrero por los primeros nueve infectados. El 18 de marzo, con 93 casos probados, el mensaje presidencial mexicano era de confianza personal, tranquilidad institucional y cercanía física al pueblo.
El 17 de marzo estalló la crisis económica derivada de la pandemia: desplome de las bolas de valores en México y en el mundo, dólar a 24 pesos el 18 de marzo, caída brutal del precio de petróleo y estimaciones de PIB de -4% y posibilidad de que sea mayor por el hecho de que el miércoles 18 la pandemia tenia infectados pero ningún muerto.
A lo largo de dos meses y dos y media semana de la crisis del virus, el gobierno federal no echó a andar la maquinaria sanitaria para casos de emergencia en enfermedades infecciosas que contiene la Constitución, la Ley General de Salud y el reglamento interior del Consejo de Salubridad General. A pesar de los focos de alarma desde el primer día por el intercambio de información existente en las áreas de salud nacionales e internacionales, hacia el 18 de marzo el gobierno mexicano seguía asumiendo la pandemia como una enfermedad no contagiosa y todas las decisiones se centralizaron en la decisión presidencial diaria.
Las enfermedades ponen a prueba las instituciones. A toro pasado, la epidemia del H1N1 fue encarada por el gobierno de Calderón sobrerreaccionando a las infecciones, pero a la larga fue mejor porque la población se movió al ritmo de la preocupación presidencial. Hoy el gobierno ha detenido toda su capacidad de previsión y preparación para la llegada de la fase severa del coronavirus de mediados de abril en adelante.
A pesar de que tiene facultades para involucrarse en crisis infeccionas desde su inicio y sin esperar la reacción presidencial, el Consejo de Salubridad General aparece desarticulado y controlado por el ejecutivo y sin capacidad de manobra en función de las infecciones y no de los intereses del poder.
Lo que viene son cuando menos tres crisis: de salud por las infecciones en crecimiento geométrico y defunciones, la económica que en lo general llevará a un PIB de -4% a -7% y la política porque habrá que exigir responsabilidades por haber impedido el funcionamiento del aparato de seguridad sanitaria legal.
@carlosramirezh
