El asesinato a mansalva de dos sacerdotes jesuitas en una zona lejana de la sierra tarahumara alimentó el estado de ánimo sobresaltado de la ciudadanía respecto a la falta de resultados concretos de la estrategia gubernamental de seguridad basada en la construcción de la paz o la atención de las causas de la delincuencia.
El problema, sin embargo, es la coincidencia en la necesidad de modificar la estrategia de seguridad, pero sin que exista en el corto plazo alguna propuesta alternativa que tenga mejores resultados. La crisis de seguridad se plantea en sus puntos extremos: o se llega a un acuerdo con los delincuentes para impedir la afectación de la vida cotidiana o se lanza sobre las bandas criminales toda la fuerza del Estado en materia de seguridad para aniquilarlas por la fuerza.
Si ninguna de las dos opciones ofrece resultados concretos, entonces llegó el momento de abrir un gran debate nacional que comience con la voluntad del Estado para escuchar otras voces y sobre todo que se exprese en el interés gubernamental para asimilar algunas recomendaciones.
Pero el debate sobre la seguridad ha quedado ya contaminado por el sentimiento anti López Obrador de sectores con visibilidad mediática y por la incorporación del tema a la agenda de la lucha por las candidaturas presidenciales en todos los partidos, dejando que la politización del tema impida una abordamiento más razonado de posibilidades y limitaciones.
Hasta ahora, el Estado no ha sido muy sensible en escuchar a importantes sectores de la sociedad y sectores ciudadanos han pasado de la queja a la estridencia y de ahí a la descalificación de las líneas generales de la estrategia gubernamental de seguridad.
Si no hay un entendimiento entre Estado y sociedad, la inseguridad seguirá creciendo y los grupos delictivos continuarán de fiesta por la falta de una coherencia en la estrategia de seguridad.
@carlosramirezh
