La desaparición de la Ley de seguridad nacional, por el régimen actual y ahora la propuesta de integrarla a la Secretaría de la Defensa Nacional no es para espantarnos con la militarización el problema de fondo es mayor.
Nuestras fuerzas armadas no son golpistas como los ejércitos latinoamericanos, son muchos los indicadores que nos hacen diferentes, el monto de la fianza para ingresar a los colegios militares en México es de mil pesos y en Latinoamérica hasta 300 mil pesos, lo que obligaba a familias a hipotecar sus casas, solo un ejemplo de tantos, pero no es el tema.
El tema es que al integrarse a la Defensa y siendo el ejecutivo el comandante supremo, fortalece el centralismo, en un tema tan delicado como la seguridad, que conlleva la inseguridad, sin respeto a los estados, partes integrantes del pacto federal, para que no evolucione la consolidación de instituciones ajenas al poder ejecutivo. Esto es, si en materia de seguridad un Estado de la federación necesitara la intervención de las fuerzas armadas, pero si se tratara de un gobernador de otro Partido distinto al del presidente, y el presidente quiera privilegiar a su partido no haría nada para resolver el problema de seguridad, para así hacer quedar mal al gobernador de otro Partido, sin importarle el costo en vidas de su población, así de grave puede ser la reforma, si en verdad se quisiera resolver el problema de seguridad, debiera dársele autonomía, para garantizar imparcialidad, debieran tomarse decisiones de manera colegiada con la participación de todos los poderes ejecutivos del país, no de manera unilateral del Ejecutivo Federal. Algo que nunca lo permitiría el presidente que le apuesta a la centralización de todo.
La declaración del presidente de admitir que se equivocó, en materia de seguridad, una actitud encomiable pues reconoce su error, pero se devalúa el mérito, cuando en la mañanera admite su error, pero para justificarse “escupe” que no había visto la magnitud del problema que le “heredaron”.
En el congreso vemos incongruencias – se dicen – evidentes y criticables de la clase política. Por un lado los morenistas de entonces se oponían a que el ejército siguiera en las calles evidencias que hoy se tiene que tragar sin remedio. Y la oposición de hoy priístas en el poder entonces, sostuvieron que el ejército y fuerzas armadas, debiera seguir en las calles y, hoy contrariamente, sostienen que las fuerzas armadas debe regresarse a los cuarteles.
No significa que hoy piensen y sostengan una cosa y tan solo por pasar a cambiar los roles – unos al poder y otros a la oposición – asuman su roll y por eso se encuentren enfrentados o con posturas trastocadas. Por encima de la realidad y las exigencias de la sociedad ¡claro que no!. Protección y seguridad es el clamor nacional, ¡basta de enfrentamientos! entre mexicanos, entre amigos, entre familias, entre delincuentes azuzados y promovidos desde Palacio.
La delincuencia organizada necesita la fuerza del Estado con balazos si fuere necesario y no con abrazos. El Estado Mexicano no puede ceder la plaza y el monopolio del uso de la fuerza pública, a la delincuencia, obviamente la falacia de creer que quien esté por el uso de la fuerza del Estado, está por asesinar mexicanos aunque sean delincuentes, se equivoca ¡es mentira! Nadie pide asesinar. Eso lo inventa quien quiere sacar tajada electoral corrigiendo o componiendo a su conveniencia con solo palabras – que no argumentos – que le favorezcan electoralmente.
Alguien no sabe derecho administrativo, la discusión de que si la seguridad pasa a la defensa o sigue fuera de ella es ociosa, ambas instancias dependen del poder ejecutivo, quien es el comandante supremo, el único responsable es el Ejecutivo, la solución es responder al pueblo como sea, a cualquier costo inclusive de la imagen del gobernante, a proteger a los ciudadanos – al pueblo bueno – dice con doble discurso la garganta de Palacio, sin que paren las matanzas.
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